Caso Televisa: las trampas de la PGR


Luciano Campos Garza / Proceso

 

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Un billete falso fue la mejor trampa que encontró la PGR para detener a Roberto Carreón Marroquín y Rubén Reyes, como presuntos responsables del atentado perpetrado contra de las instalaciones de Televisa Monterrey, el pasado 6 de enero.


Así lo dio a conocer el abogado defensor de los inculpados, Armando García Aguilar, quien afirmó que mediante “argucias”, la Procuraduría General de la República (PGR) retuvo a Roberto Carreón Marroquín y Rubén Reyes, hijastro y padrastro, respectivamente.


A Carreón y a Reyes se les acusa de haber comprado el coche en el que fue perpetrada la agresión y de haber participado directamente en el atentado, señaló García Aguilar, quien este jueves tramitó un amparo para que consignen a sus clientes o los liberen por falta de pruebas.


El litigante refirió que en un principio los dos sujetos detenidos fueron liberados por falta de pruebas. No obstante, los volvieron a aprehender porque al entregarles sus pertenencias les encontraron un billete falso.


“Con eso (las autoridades) ganaron tiempo para que un juez les entregara la orden de arraigo. Fue una prueba sembrada para detenerlos”, dijo el abogado.


Por su parte, Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), afirmó que se investiga a los detenidos porque ellos fueron los encargados de introducir a México el auto usado para el atentado (un Gran Am Pontiac rojo, con placas Z37CRB, de Texas), aunque no se les ha demostrado que al venderlo sabían que sus compradores iban a utilizarlo para delinquir.


Abundó:
“Roberto Carreón Marroquín y Rubén Reyes fueron traídos con engaños a Nuevo León por la Procuraduría de Justicia del Estado, que los canalizó a la PGR, donde cumplirán el arraigo de 80 días que actualmente cumplen”.


El pasado lunes 26, Cadhac recibió una llamada de María del Consuelo Hernández, residente en Reynosa, quien denunció el arresto –en esa misma ciudad– de su cuñado Roberto y el padrastro de éste.


Leonel Jasso González, asesor jurídico de Cadhac, fue el encargado de atender a Hernández.
En entrevista, Jasso González relató los hechos y refirió que la Procuraduría de Nuevo León se comunicó con sus similares de Tamaulipas para que rastrearan el coche Gran Am Pontiac rojo, con placas Z37CRB de Texas. Hallaron la pista en ese estado de la Unión Americana, donde un lotero les indicó que había vendido el coche a Roberto Carreón, residente en Reynosa, quien al hacer la adquisición dejó una copia de su credencial de elector.


Los agentes fueron a la casa de Roberto Carreón, quien reconoció haber comprado el coche, en una transacción en la que estuvo presente su padrastro. Luego de señalar que la venta de autos era una actividad que ejercía esporádicamente, dado que no tenía un trabajo fijo, afirmó que a principios de año vendió el Gran Am Pontiac, pero desconocía quién era el comprador.


Según la cuñada de Roberto, María del Consuelo, el comandante Betancourt, de la Policía Ministerial de Tamaulipas, le dijo que no había proceso en contra de Carreón, pero que lo persuadieron, a él y a su padrastro, para que viajaran a Nuevo León y comparecieran voluntariamente sobre el caso.


El mismo 26 de enero, Roberto y Rubén, acompañados de Hernández, viajaron a Monterrey, y se trasladaron al edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones, donde preguntaron por el comandante Alanís, con quien Betancourt les había dicho que se presentaran.


María del Consuelo refirió que los dos hombres entraron caminando al edificio, pero a las 4 de la tarde los vio salir en un coche que iba escoltado.


Los llevaron a la delegación de la PGR en Escobedo y fueron puestos a disposición de la agente del Ministerio Público Federal Investigador número 6, Elvira Reyna Pérez.


Jasso señaló que, a petición de María del Consuelo, él se trasladó el 27 de enero al edificio de la PGR para pedir que le mostraran la orden de presentación girada en contra de Roberto y Rubén, pero nunca le mostraron el documento.
En ese momento, los sospechosos de participar en el ataque a Televisa estaban en el interior del edificio con un chaleco distintivo color naranja, con reflejantes verdes y plateados.


“María del Consuelo nos pidió ayuda porque le dijeron que a Roberto y Rubén no le informaban en calidad de qué estaban detenidos, pero les prohibían moverse libremente”, añadió Jasso.


El asesor jurídico de Cadhac se presentó en la PGR como visitador de derechos humanos y abogado de los detenidos, y pidió entrevistarse con la fiscal, Reyna Pérez, misma que le aclaró que Roberto no estaba detenido, pero que no podía dejar el edificio.


Le dijo que esperaba los resultados de huellas comparativas dactilares y de ADN y que sus muestras iban a ser comparadas con las que se encontraron en el coche rojo, en cuyo interior la Procuraduría de Justicia de Nuevo León halló una pistola calibre 40 y ropa deportiva que supuestamente usaron los pistoleros durante el ataque a las instalaciones de Televisa.


Jasso puntualizó:
“Le expliqué a la fiscal que si integra una averiguación y no existe una orden que funde y motive la causa legal del procedimiento de detención, en este caso la privación de la libertad del señor deviene en una privación ilegal de la libertad, toda vez que no está fundada y motivada ni existe una orden expedida por la autoridad judicial competente”.


Cuando el abogado tuvo oportunidad de hablar con Roberto, éste le declaró su inocencia.
“Cuando hablé con él se puso a llorar. Decía que el 6 de enero estaba partiendo la rosca con su familia y que tenía testigos, y que él no había hecho eso, porque lo vinculaban con el vehículo. Él vio en las noticias que el vehículo que vendió había sido usado en el atentado”, relató Jasso.


El abogado de Cadhac salió del lugar y tramitó un amparo ante el juez primero de distrito en Nuevo León. Ese mismo día, el martes 27, a las 9:38 de la noche, obtuvo la protección de la justicia federal por la privación ilegal de la libertad e incomunicación de padrastro e hijastro.


En ese momento se trasladó a la PGR y habló con la fiscal, quien negó, en presencia de Jasso, que tuviera detenidas a las personas beneficiadas con el amparo. Le sugirió que buscara en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), ubicada en el mismo edificio.


Así lo hizo el abogado, a quien acompañó el actuario del juzgado, el cual se identificó como “licenciado Emilio”. Ahí, la madrugada del miércoles 28, encontraron a las dos personas que estaban detenidas.


Roberto Carreón y Rubén Reyes explicaron a Jasso que habían sido liberados. Recogieron sus pertenencias y salieron, pero en la puerta fueron detenidos por tres agentes que les dijeron que no había terminado la investigación en su contra. Entonces les pidieron que vaciaran sus bolsas. En ese momento, Roberto descubrió que tenía un billete de 500 pesos que resultó ser falso.


Rubén, el padrastro, recordó que al ingresar a la Agencia 6  entregaron a María del Consuelo todo el dinero que traían para que no los “bolsearan”. No obstante, cuando le pidieron vaciar sus bolsillos, Roberto descubrió que tenía un billete. De nueva cuenta detuvieron a los dos individuos, porque habían sido capturados en flagrancia “por portación de un billete falsificado”.


De nuevo fueron trasladados a las celdas y consignados ante el Agente del Ministerio Público 3.
A partir de entonces, Jasso González se mantuvo en comunicación con María del Consuelo, quien le dijo que el agente del Ministerio Público le informó que entre el 28 y 29 liberarían a sus familiares.


“Pero resultó puro cuento. Lo que hicieron fue volverlos a vincular con el vehículo”, añadió Jasso.
En tanto, la agente promovió una orden de arraigo que entregó al juzgado cuarto de distrito en materia penal.
“El arraigo significa una presunta responsabilidad”, reconoció el abogado de Cadhac.


Por su parte, Consuelo Morales explicó que la fiscal Elvira Reyna Pérez puede ser responsable del delito de privación ilegal de la libertad, contemplado en el artículo 209, fracciones IV y VII del Código Penal de Nuevo León, ya que no justificó la detención de los presuntos responsables cuando los llevaron a declarar.


Además, dijo, para arraigar a un detenido, el artículo 16 de la Constitución Mexicana dice que esto sólo puede ocurrir cuando se incurre en el delito de delincuencia organizada.


Al respecto, el abogado defensor señaló que sus clientes son procesados por delitos graves, por lo que este jueves tramitó el amparo y también la revocación del defensor de oficio para nombrarse en su lugar y tener acceso al expediente que, hasta ahora, le ha sido negado.


“Quiero ver los delitos por los que se les imputa. Deben de ser graves, porque se les está relacionando con el atentado a Televisa. Lo de los billetes queda en segunda instancia”.


Puntualizó:
“(Las autoridades) hicieron toda la faramalla (del billete falso) para que los términos no se les fueran de las manos, por eso usaron la estrategia mal habida de asegurar lo del billete falso, pero a fin de cuentas los están arraigando por lo del atentado a Televisa, no por lo de los billetes falsos”.


García Aguilar consideró que a sus defendidos seguramente los procesarán y “va a estar muy difícil que los suelten, diría que imposible, por como se está manejando la situación. Ahora se está integrando la averiguación y yo meto los amparos para forzar a la autoridad a que a la brevedad me los suelte o me los consigne”.


Insistió:
“Yo quiero ver la averiguación para traerme testigos de Reynosa para que declaren a favor de este muchacho, para que no los ubiquen en el lugar de los hechos. (Dicen) que ellos tuvieron participación porque al parecer uno de ellos vendió el carro con el que se llevó a cabo el atentado. Están tratando de implicarlos en la autoría del delito”.

 

 

 

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