El domingo definen la situación jurídica de González Molina

El exconsejero jurídico del Gobierno marinista abandonó la defensa del alto comisionado con licencia del IPPC y ahora éste será representado por el defensor público Alejandro Esteban Villanueva

Selene Ríos Andraca

El juez Décimo de Distrito, José Luis Vázquez Camacho, a más tardar el próximo domingo deberá ratificar que Gabriel González Molina se encuentra sujeto a proceso por el delito de peculado electoral, luego de que concediera librar la orden de aprehensión a mediados de junio, después de analizar arduamente las pruebas recabadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

La defensa del alto comisionado con licencia del Instituto Poblano para la Productividad Competitiva corre a cargo de Alejandro Esteban Villanueva, defensor público adscrito al Juzgado Décimo, una vez que el exconsejero jurídico del Gobierno marinista Ricardo Velásquez, sólo prestó asesoría el lunes pasado para conseguir la libertad caucional de aquel al que considera “el hombre más inocente del mundo”.

En breve charla, Alejandro Esteban Villanueva explicó a Cambio que él fue designado por el juez Vázquez Camacho para defender al funcionario marinista recluido en la cárcel por mediodía, ya que éste no contrató un bufete de abogados para llevar su caso en el Juzgado Décimo.

El lunes pasado, agentes de la Policía Federal detuvieron en las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (PGR) a Gabriel González, después de que el juez décimo liberara una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado electoral establecido en el Código Penal Federal en su artículo 407, fracción tercera.

El numeral citado señala: “Se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve años al servidor público que (…) III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado.”

El 28 de enero, Cambio publicó una serie de fotografías y de entrevistas con aspirantes del Revolucionario Institucional a diputados federales a su salida de un curso de estrategia electoral dictado por González Molina al interior del organismo gubernamental Instituto Poblano para la Productividad Competitiva.

En su detención, Ricardo Velásquez —defensor de Mario Marín ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso Cacho— acudió al Juzgado Décimo de Distrito a verificar las razones de la aprehensión y ese día brindó la asesoría jurídica necesaria para lograr la libertad caucional del integrante del gabinete ampliado del gobernador Mario Marín.

Sin embargo, al día siguiente, cuando se presentó ante el juez Vásquez Camacho, declaró que carecía de un defensor, por lo que el togado nombró a Alejandro Estaban Villanueva como su abogado para evitar los nueve años de prisión que implica el delito de peculado.

Alejandro Esteban Villanueva explicó que aunque el delito de peculado electoral no forma parte de la lista de delitos graves establecidos en el Código Procesal Penal, el Código Penal establece la privación de la libertad hasta por nueve años.

El defensor público confesó que es la primera vez en su vida que tiene a su cargo la defensa de un funcionario de alto nivel: “Se advierte que era un funcionario importante, creo que tiene licencia o algo así, es mi primer caso de esta naturaleza. Yo creo que otros de mis compañeros les ha tocado, a mí no.”

El abogado rechazó haber recibido algún tipo de presión de parte de los gobiernos estatal o federal: “Estamos tranquilos y es un caso más en el juzgado.”

Hasta el momento, Villanueva solamente se ha entrevistado una vez con el encarcelado y fue el lunes pasado, cuando éste rindió su declaración preparatoria, para después reingresar al Centro de Rehabilitación Social de San Miguel.

Defiende García Olmedo
a González Molina

Rocío García Olmedo, presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso del estado, aseguró que la cuenta pública de Gabriel González Molina sí fue revisada y que no contiene irregularidades. Sin embargo, en el “Informe de Resultados” se comprueba que ejerció más recursos de los presupuestados y que los servicios generales —donde pudo ocurrir ejercicio discrecional— correspondieron a 73 por ciento de lo gastado.

En entrevista con Cambio, la diputada local priista negó las acusaciones que hiciera la legisladora panista Leonor Popócatl, quien dijo que la cuenta pública no había sido correctamente revisada.

“No hubo ninguna duda en la sesión. De hecho desde el jueves al viernes yo les entregué el disco con la información de la cuenta pública y en la sesión de la comisión inspectora nadie manifestó alguna queja”, dijo García Olmedo respecto a la declaración de la diputada panista.

En la cuenta pública del organismo, disponible en la página de internet del Órgano de Fiscalización Superior, sólo en Servicios Generales, González Molina ejerció más de 15 millones de pesos sólo en 2007. Es este rubro el que no es fiscalizado.

Según el reporte, en materiales y suministros se gastaron aproximadamente 12.35 por ciento de los recursos del IPPC, 9.09 por ciento en servicios personales, 1.51 por ciento en bienes inmuebles 3.60 por ciento en subsidios transferencias y ayudas. El restante 73.44 por ciento fue utilizado en servicios generales.

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