Conaliteg dio trato privilegiado a Prida


Desde que se acercó a Moreno Valle, el dueño de Síntesis ha obtenido más de 50 contratos


La empresa Magno Graft fue sancionada por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo con una inhabilitación de cuatro años, cuatro meses, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril de 2002

 

Miguel Ángel Cordero

 

Después de que en 2006 terminó su periodo de inhabilitación por cuatro años cuatro meses, la imprenta Magno Graft de Armando Prida Huerta no recibió ningún contrato de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), de acuerdo con el portal de transparencia del organismo y el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), depositado en la Cámara de Diputados. La suerte de Magno Graft, sin embargo, cambió al acercarse al senador Rafael Moreno Valle para recibir un trato privilegiado. De la noche a la mañana, Prida recibió 51 contratos por un monto de casi 50 millones de pesos sin tener que concursar con otras empresas.


El trato privilegiado a Prida coincide, además, con la promoción de la Fundación para la Libertad de Expresión, organización que agrupa a comunicadores en la supuesta defensa del gremio periodístico.


Esta agrupación que preside el dueño de Síntesis, y que se estableció en la Ciudad de México, presume ser un instrumento de denuncia pública y defensoría legal para garantizar la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, la de las empresas que los sustentan.

 

La inhabilitación


En el informe que aparece en http://www.incosai2007.org.mx/ASF/, se demuestra que en 2006 y 2007 no recibió contratos Prida Huerta. Su inhabilitación vencía en agosto de 2006 según el Diario Oficial de la Federación. El reporte es corroborado por la página de transparencia de la Conaliteg en su capítulo XIII, referente a contrataciones.


De acuerdo a los reportes de la ASF publicados en la página http://www.asf.gob.mx/trans/Informes/IR2000i/ir2000/Tomos/Tomo7, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales le adjudicó a Encuadernaciones de Oriente —también propiedad de Prida— el contrato 101/007M1/2000 del 12 de junio de 2000, por 40 millones 354 mil pesos.


A Litografía Magno Graft, SA de CV, se le adjudicaron los contratos 101/035/99 y 101/036/99, ambos del 23 de noviembre de 1999 que corresponden a las órdenes 23 y 27 para la impresión de dos libros por 38 mil y 27 mil pesos, respectivamente.


Basándose en estos contratos de hace casi 10 años, el juez Primero de la Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo determinó que la Conaliteg contravino el artículo 50, fracción VI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.


Asimismo, se constató que por esta irregularidad la empresa de Prida fue sancionada por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo con una inhabilitación de cuatro años, cuatro meses, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril de 2002. El motivo de la sanción fue que en las propuestas técnicas que presentó no se encontraban los supuestos del artículo 50 de la ley mencionada, según había manifestado bajo protesta de decir verdad.


Por lo anterior, se presume que la Conaliteg erogó en exceso 23 millones 2 mil 487 pesos, lo que contravino los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30 de la entonces Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.

 

El caso Velasco y Félix


Las negociaciones Prida-Conaliteg terminaron en una sanción contra la impresora y la consecuente protesta del director de Síntesis que llevó a la cárcel al director de la Conaliteg del sexenio pasado, Jorge Velasco y Félix.


Él y doce de sus principales colaboradores recibieron de una juez federal auto de formal prisión por el delito de abuso de autoridad en detrimento de Prida Huerta, al que le provocaron daños económicos superiores a los 174 millones de pesos, al manipular una serie de licitaciones públicas para favorecer a un grupo de impresores allegados al extitular de la Conaliteg.


Además, fueron suspendidos los derechos políticos de los exfuncionarios y hasta fueron inhabilitados por 10 años para trabajar en el sector público.

 

Discrecionalidad de la Conaliteg


A casi diez años de este conflicto que se resolvió en 2008, la Conaliteg aún ejerce con discrecionalidad sus contrataciones. De las 51 que Magno Graft recibió entre éste y el año pasado, 15 fueron entregadas de manera directa. Las restantes se restringieron a tres empresas cuyos nombres no son precisados en el portal de transparencia de la dependencia.


Otro ejemplo de la opacidad en la Conaliteg es que las bases de las invitaciones a impresión de libros mediante maquila —que es la forma en que trabaja Magno Graft— forman parte de un conteo que no puede relacionarse con los contratos entregados. Es decir, aunque el portal de transparencia de la empresa publica específicamente los convenios económicos concedidos, no es posible relacionarlos con los concursos, invitaciones o anuncios de adjudicaciones directas que aparecen en la página de la Conaliteg en el apartado adquisiciones.

 

Incluso, es imposible relacionar los libros de texto impresos con las invitaciones hechas por la Conaliteg, pues el nombre —sea Matemáticas de Quinto Grado o Educación Cívica— no aparece en las bases de las convocatorias.

 

 

 

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