Se quejan ejidatarios en el Palacio Municipal
Los colonos del municipio de Atenco piden que no se construya el Arco Norte
Además ciudadanos de la junta auxiliar de Azumiatla exigen que sea liberados los presos que fueron detenidos por actos violentos en la misma localidad
Viridiana Lozano Ortíz
Alrededor de 50 ejidatarios del municipio de Atenco, acompañados por ciudadanos de la junta auxiliar de Azumiatla, se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal en contra de la construcción del Arco Norte, además de exigir la liberación de los presos por los actos violentos en Azumiatla.
Los manifestantes aseguran que el Gobierno del estado ha incumplido sus promesas de liberar a los detenidos que atentaron en contra de topógrafos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el pasado 27 de abril, en la localidad de Santa Clara Ocoyucan, puesto que aún quedan dos presos que no han sido liberados.
Daniel Hernández Gutiérrez, poblador de la junta auxiliar, denunció ante los medios de comunicación que hasta la fecha los detenidos no han recibido los cuidados médicos por los golpes “que han sufrido desde su detención”. Por esta razón advirtió se levantarán las demandas correspondientes por el abuso de autoridad.
Rechazó que la comunidad pretenda impedir que se lleve a cabo el proceso electoral del próximo 5 de julio, puesto que su lucha ira enfocada a manifestaciones en la capital poblana: “Cada quien es libre de ir a votar, nosotros no vamos a cerrar casillas ni a impedir que los habitantes salgan a votar ese día”.
Advirtió que este movimiento tiene el apoyo de otras organizaciones como la 28 de Octubre, Antorcha Campesina, ejidatarios de Atenco y Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), quienes, dijo, se unirán al plantón a en la plancha del Zócalo capitalino con el fin de obligar al gobierno que libere a los 16 encarcelados.
El 17 de junio Cambio publicó las declaraciones del diputado federal del PRD, Salvador Ruiz Sánchez, quien aseguró que al día siguiente se liberarían los 16 detenidos, con el argumento de que “nadie puede ser detenido por defender sus tierras”.
Salvador Ruiz dio estas declaraciones ante los medios de comunicación y ciudadanos de la junta auxiliar con el objetivo de detener las manifestaciones.
Otro de los acuerdos anunciados por el diputado federal fue tener una reunión con las instancias gubernamentales correspondientes para dar a los pobladores la certeza de la propiedad de la tierra mediante la firma de escrituras.
El pasado 27 de abril los topógrafos David Fernández y Gerson Delgado —empleado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y colaborador de la constructora Gerlus, respectivamente—, fueron golpeados y privados de su libertad encarcelándolos en el Palacio Municipal por más de cinco horas, porque los pobladores pensaban que sus tierras serían arrebatadas para la construcción de la carretera Santa Clara Ocoyucan-11 Sur.
Durante casi dos meses los habitantes de esta comunidad han salido a las calles de la capital poblana para exigir al Gobierno del estado la liberación de los detenidos en Azumiatla, argumentando que la culpa de los atentados la tuvieron las autoridades gubernamentales por enardecer los ánimos de los habitantes y no informar sobre los trabajos de los topógrafos.
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