Ministros se lamen las heridas por el Caso Cacho


Presentarán libro donde abogan por la periodista


Sin señalarlo por su nombre, incluyen al gobernador de Puebla, Mario Marín, a la cabeza de la lista de las autoridades a las que, en su opinión, debe responsabilizarse de las violaciones registradas


Miguel Ángel Cordero

 

Los cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaron en contra de la exoneración de Mario Marín Torres abogaron por Lydia Cacho en un libro que será editado por Porrúa.


De acuerdo a El Universal, cuatro de ellos plasmaron su convencimiento de que fueron violentados gravemente los derechos de la periodista y que las autoridades imputadas —de Puebla y Quintana Roo— protegen y fomentan redes de pornografía infantil y pederastia.


Los ministros —aunque no lo mencionan por su nombre— señalan que el actual gobernador de Puebla, Mario Marín, encabeza la lista de las autoridades a las que, en su opinión, debe responsabilizarse de las violaciones registradas.


En el texto, los ministros colocaron en la portada de su libro una foto del mural titulado La violación, de Rafael Cauduro, que se puede apreciar en las escalinatas de la propia Corte, en el que se presenta la imagen de una mujer semidesnuda, atada a una silla, con la cabeza hacia atrás, mientras es observada por cuatro hombres vestidos de civiles, con aspecto de policías, que la están torturando.


“Las evidencias que arrojó la investigación y la gravedad que representan para el régimen constitucional, nos llevaron a trasladar el posicionamiento común minoritario expresado en el Tribunal Pleno, a una obra en la que pretendemos dar a conocer a la ciudadanía cuáles fueron los elementos que tomamos en cuenta para emitir nuestros votos en el denominado Caso Puebla, así como diversos conceptos de carácter doctrinal acerca de la facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional”, señalan los miembros del SCJN.


El libro, a diferencia de lo que ocurre normalmente con los libros, no será presentado por sus autores y saldrá sin más trámite a la venta bajo el sello de Porrúa; los ministros Genaro Góngora Pimentel, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan Silva Meza se muestran totalmente convencidos de que “fueron violentados gravemente los derechos fundamentales de la periodista”.


El libro no concentra su atención en narrar la historia del caso, sino en fijar la postura de cuatro jueces. Pero en diversos pasajes se da cuenta de las redes que operó el gobernador de Puebla —gracias al sometimiento de los órganos de procuración e impartición de justicia locales— para agredir a la periodista, en respuesta a una petición del empresario Kamel Nacif.


También se aprovecha para advertir que “esta obra ha sido elaborada en un tiempo en el que a pesar de su poco ejercicio, la facultad de investigación (que tiene la Corte y que le permite investigar casos de violaciones graves de garantías de la población) está en riesgo debido a que es un medio de control reactivo de los flujos del poder y, por lo tanto, tiende a ser muy dramática políticamente, por lo que su ejercicio puede crear conflictos altamente visibles y costosos entre las más altas instituciones estatales y los diversos grupos que detentan el poder político.”


El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo declaró: “El gobernador no sólo tiene ascendencia sobre sus inferiores del Ejecutivo, sino que la tiene sobre la procuradora de Justicia, sobre los cuerpos policiacos, y no precisamente para el mejor desempeño de sus funciones; también la tiene sobre el presidente del Tribunal y de algunos juzgadores estatales. La tiene, y la ejerció en este caso, por interpósitas personas.


”Y eso atenta contra la división de poderes y la independencia entre ellos, diluye el espíritu republicano que anima la división horizontal del poder público y convierte el poder estatal en un poder feudal en manos de unos cuantos al servicio de unos pocos.”


En tanto, Juan Silva Meza, responsable de la investigación contra el gobernador, señaló que ante evidencias contundentes, “mi voto no podía ser sino en contra de la resolución que al final adoptó la mayoría del Tribunal Pleno.


”Sólo puedo decir que si la investigación seria y profesional que encabecé por mandato del Tribunal Pleno, demostró: 1. La violación grave de garantías individuales de la señora Lydia María Cacho Ribeiro; 2. Que sí existió concierto de autoridades para perpetrar esa violación y para proteger redes de pederastia; y, 3. Que debió determinarse la responsabilidad para que las autoridades competentes actuaran en consecuencia, debido al compromiso que tengo asumido con la República, pero sobre todo con los ciudadanos que la fundaron, lo jurídicamente debido era proceder en esos términos”, dijo.

 

 

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