Palomino, con un pie en la cárcel


La irregularidades del cesado funcionario ascienden a los 20 millones de pesos en un periodo fiscalizado de 58 días

 

La LVII Legislatura aprobó en fast track y casi a la media noche, sin la presencia de algún reportero en el salón de Pleno, el inicio de responsabilidades en contra del protegido de Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

 

Selene Ríos Andraca

 

El pasado alcanzó a Francisco Palomino Echartea, exdirector del Sistema Operador de Alcantarillado y Agua Potable, quien a partir del viernes 13 de marzo enfrenta un procedimiento de responsabilidades por daño patrimonial al organismo por más de 20 millones de pesos.


Durante la maratónica sesión del jueves 12 de marzo, cuando se aprobó la reforma a la Constitución de Puebla para cerrar las puertas al debate de la despenalización del aborto voluntario y de la eutanasia en cualquiera de sus formas, la LVII Legislatura aprobó en fast track y casi a la media noche, sin la presencia de algún reportero en el salón de Pleno, el inicio de responsabilidades en contra del protegido de Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.


Las irregularidades de Palomino Echartea fueron documentadas puntualmente por Cambio desde mediados de agosto de 2006 hasta su salida del organismo el 27 de febrero de 2007 por el entonces reportero de esta casa editorial Efraín Núñez Calderón, quien reveló la existencia de miles de aviadores, las licitaciones amañadas y los negocios tejidos por el funcionario y su padrino político Javier García Ramírez.


Aunque en aquella memorable sesión del Congreso, los priistas determinaron “castigar” a su correligionaria y también presidenta de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, Rocío García Olmedo, por oponerse tan vehementemente a la Reforma Bailleres, al negarse a aprobar las cuentas públicas ya calificadas por el organismo fiscalizador y la mencionada Comisión, las sanciones de aquella noche fueron aprobadas.


El inicio de responsabilidades en contra de Palomino Echartea —primer titular del Soapap durante el marinismo— corresponde únicamente al periodo comprendido entre el primero de enero al 28 de febrero de 2007, es decir, en una gestión de 58 días fue incapaz de comprobar el destino de 20 millones de pesos, catalogados como daño patrimonial.


La resolución del Congreso añade también la devolución de los 20 millones de pesos, una denuncia ante el Ministerio Público y una probable inhabilitación, las tres sanciones siempre van ligadas cuando el daño se comete al patrimonio, y no son errores administrativos.


A mediados de 2006, Cambio publicó que la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) tenía en su poder una lista de personas identificadas con su nombre, apellido y salario de miles de aviadores del sistema operador, quienes ingresaron al organismo por intervención directa de Javier García Ramírez.


“Fuentes de la Sedecap revelaron a Cambio el listado en el cual figuran más de 30 aviadores y está encabezado por un recomendado de René Marín, hermano del gobernador del estado, y la cuñada de Francisco Palomino.”


En la lista de aviadores aparece también “Araceli Cárcamo, quien fue nombrada en marzo de 2007 secretaria particular de Eduardo Macip Zúñiga, nuevo director del Soapap, es decir, fue beneficiada por Francisco Palomino y ahora por el nuevo titular del organismo”.


Dicha versión confirmó la serie de testimonios publicados por este rotativo del personal del organismo: “Según las referencias la ‘lista negra’ es la siguiente: Antonio Vianey Villafuerte Gómez aparece en la nómina del Soapap como jefe de Cuentas Especiales, sin embargo, se sabe que llegó al puesto recomendado por René Marín Torres, ya que la esposa de Villafuerte es la secretaria del hermano del gobernador.”


Otra irregularidad del funcionario cesado el 27 de febrero por órdenes directas del gobernador Mario Marín Torres fue la licitación amañada para la instalación de medidores de agua, valuados en los más caros del país por costar entre mil 500 a dos mil 300 pesos.


“Sin existir un contrato o una licitación de por medio, el Soapap asignó a la empresa Chidrel la responsabilidad de instalar medidores de agua, durante la gestión de Francisco Palomino Echartea. Según fuentes de la paraestatal, esta firma es manejada por Julio López Fernández, exgerente comercial del organismo, quien desde su empresa asesora a los usuarios contra el Soapap, corrigiéndoles sus cuentas.”


A su llegada al organismo, Eduardo Macip se comprometió a localizar a los miles de aviadores y a corregir los altos costos de los medidores de agua, sin embargo, nunca realizó nada al respecto y fue la Comisión Inspectora la que tomó cartas en el asunto.

 

Es preciso señalar que el organismo es uno de los entes gubernamentales con mayor índice de deuda y que la propia LVII Legislatura aprobó en marzo pasado una nueva línea de crédito por 718 millones de pesos para sortear los intereses de lo más de tres mil millones de endeudamiento.

 

 

 

 

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