No investigarán a Juan de Dios Bravo

Por el caso de la venta de bebidas alcohólicas en El Calvario

Los regidores del PAN han decidido tomar cartas en el asunto, pidiendo la destitución inmediata del secretario de Gobernación

Viridiana Lozano Ortíz

El contralor municipal Mauro Uscanga Villalobos aseguró que el Secretario de Gobernación Juan de Dios Bravo Jiménez, no es ni será sujeto de las investigaciones que se llevan a cabo por la venta ilegal de bebidas alcohólicas en El Calvario, sin importar que éste haya declarado que fue él quien dio la orden de no desalojar a los vendedores abusivos “para no generar enfrentamientos”.

A pesar de que el proceso de investigación llevado a cabo por la Contraloría municipal se ha tomado más de un mes, Uscanga Villalobos dijo que en el desahogo de pruebas no ha salido a relucir el nombre del secretario de Gobernación, contestando sarcásticamente y con un no rotundo a la pregunta de si el jefe directo del recientemente suspendido Gustavo Torrentera Romero está siendo investigado.

Y es que Bravo Jiménez decidió salir a la defensa de su protegido y echarse la culpa de la venta de bebidas alcohólicas durante las festividades de Semana Santa, justificando la violación al Código Reglamentario Municipal (Coremun), con el argumento de mantener la gobernabilidad en el municipio de Puebla.

En tanto, los regidores del PAN han decidido tomar cartas en el asunto pidiendo la destitución inmediata del secretario de Gobernación, haciendo un llamado a la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz, y a Uscanga Villalobos para que amplíe las investigaciones e incluya en ésta a Bravo Jiménez.

No obstante, declararon que dado que él ha asumido toda la responsabilidad de los hechos ilegales debe ser relevado de su cargo inmediatamente: “La presidenta debe actuar en congruencia, si suspendió a Torrentera Romero de su cargo debe proceder de la misma manera con un funcionario de mayor rango.”

Encabezados por Miguel Ángel Dessavre Álvarez, aseguraron que la confesión realizada a los medios de comunicación es un elemento más que necesario para que se actúe en consecuencia y el autodeclarado culpable sea destituido definitivamente.

En rueda de prensa, el albiazul advirtió que su partido iniciará un procedimiento legal ante la Contraloría para que ésta proceda en su contra, no obstante, dijo que la salida de la administración no lo librará del proceso de investigación que debe continuar hasta que todos los responsables sean detectados y sancionados.

En tanto, el regidor priista Julián Haddad Férez, salió a la defensa del secretario de Gobernación y al término de la rueda de prensa, organizada por el partido de la oposición, ofreció a los medios una declaración que carecía de toda información del proceso que se ha llevado a cabo desde las denuncias realizadas por medios de comunicación, Cabildo y comerciantes de la zona: “Defendemos a un funcionario municipal que ha llevado una buena gobernabilidad en Puebla, que ha hecho un buen trabajo.”

Al regidor priista se le olvidó que votó a favor de un punto de acuerdo en el que se exigía comenzar una investigación referente a la venta ilegal de bebidas alcohólicas y que el Coremun fue modificado para impedir su distribución en fiestas tradicionales al declarar “que el consumo de alcohol es propio de estas festividades” incluso se atrevió a desmentir las declaraciones hechas por Bravo Jiménez al declarar que no existió esta ilegalidad en El Calvario: “Evidentemente las personas acudieron a las tiendas de conveniencia aledañas a comprar las bebidas embriagantes, es algo de lo que nosotros no tenemos el control.”

Al ser puesto al tanto de las declaraciones de su defendido, Haddad Férez sólo respondió que las personas involucradas ya están siendo investigadas y que no viene al caso llamar al tema a más actores políticos manchando la imagen del Ayuntamiento: “Qué casualidad que meses después los panistas decidan retomar el caso, casualmente en tiempos electorales. Nosotros no debemos meternos en este tema. Que sea la Contraloría quien decida.”

Por su parte, su homólogo Humberto Vázquez Arroyo lamentó que quien maneja la gobernabilidad de este municipio se haya echado la culpa de la violación de las leyes creadas para mantener la armonía de la ciudadanía: “Debemos pedirle al funcionario que nos aclare cuál será su actuar en este tema para no crear inestabilidad en el municipio. Ahora sabemos quién movió los hilos de Torrentera. No debió de hablar de gobernabilidad cuando él está actuando en su contra.”

Aseguró que la Contraloría tendrá que dar los nombres de los involucrados e incluir en sus investigaciones a Bravo Jiménez.

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