Juárez Acevedo asegura que le ganará al Congreso


Se rehúsa a revelar el nombre de la persona que falsificó sus firmas en Plataforma Cuatro


Un nuevo elemento en la defensa del comisionado de la CAIP, que se suma a las 18 pruebas ya presentadas ante el tribunal federal, es la falta de autorización del Pleno Legislativo para que la Comisión de Gobernación comenzara una investigación en su contra


Selene Ríos Andraca


Antonio Juárez Acevedo se prepara para ganar el juicio de amparo contra la destitución de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), al asegurar que cuenta con 18 pruebas a su favor, entre ellas: las firmas falsas del expediente de Plataforma Cuatro, la inexistencia de su nombramiento como secretario general y la ausencia de la autorización del Pleno Legislativo para que la Comisión de Gobernación iniciara el procedimiento en su contra.


En entrevista con Cambio, el excomisionado aún en funciones se negó a señalar al responsable de haber falsificado su firma en el expediente de Plataforma Cuatro, bajo el argumento de que está centrado en ganar el amparo en el Juzgado Séptimo de Distrito y no en perseguir un delito que ya prescribió.


Cambio publicó ayer los resultados del peritaje grafoscópico de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que precisan que tres de las cuatro firmas analizadas son falsas y que la única auténtica corresponde a un oficio simple, sin logotipo de Plataforma Cuatro ni del Instituto Federal Electoral.


Las firmas falsas que fueron acreditadas tanto por la perito de la Procuraduría en representación del Congreso local como la del especialista contratado por el funcionario destituido son un elemento menor en la defensa, ya que el Congreso cometió una serie de irregularidades que podrían ser las causales para que Juárez Acevedo gane el juicio de amparo en las próximas semanas.


Esta casa editorial publicó el 24 de septiembre de 2007 un certificado del IFE que constata que Juárez Acevedo fungía como secretario general de la agrupación política hasta agosto de ese año, hecho que viola de manera flagrante el artículo 27 de la Ley de Transparencia y por lo que se hizo acreedor a la destitución del cargo de comisionado el pasado 15 de diciembre.


Uno de los principales argumentos del otrora comisionado —que aún labora en la CAIP— para defenderse contra las acusaciones del Congreso es que el IFE carece del nombramiento de secretario general de Plataforma Cuatro, y que por ende, no puede ser acusado por su cargo directivo en la agrupación política nacional.


Además, en el expediente de la agrupación política sólo existen cinco documentos con la rúbrica del comisionado, de las que tres son apócrifas, una fue desechada por estar impresa en papel de fax y una es auténtica, pero carece del nombre de Plataforma Cuatro, de membrete o de sello del organismo electoral.


“Es una de 18 pruebas, la cuestión fundamental es que nunca fui electo, y tengo los documentos del IFE en el que se aceptan que no existe ningún documento que acredite mi registro como secretario general de Plataforma Cuatro. No lo tienen porque nunca participé como dirigente, las pruebas están en el expediente, y el Congreso como no encuentra nada, se basa en una serie de firmas en documentos que no vienen ni al caso.”


El exmiembro de la Comisión para el Acceso a la Información Pública reprochó la parcialidad de la investigación en su contra, ya que en el dictamen emitido por el Congreso local nunca se menciona la existencia de tres firmas apócrifas imputadas a su persona.


“La prueba pericial es una prueba integral, y no pueden desmembrarla como ellos lo hacen, es decir, no pueden ignorar las firmas falsas y basarse únicamente en la verdadera. Además esa firma no cambia nada. Ese argumento ya lo presenté en la revocación y en la solicitud de amparo.”


Sin embargo, el comisionado crucificado por el Congreso local y por los medios de comunicación se niega a culpar a algún miembro de Plataforma Cuatro o empleado del Instituto Federal Electoral de haber falsificado sus firmas.


Al preguntarle quién usurpó su lugar y rubricó en su nombre, Juárez señaló: “Yo creo que alguien que no me pidió permiso para hacerlo, yo desconocía totalmente. Yo tuve conocimiento de esos documentos el año pasado, y la verdad no me interesa saber quién firmó por mí. Incluso, la sentencia del Tribunal Electoral no tiene validez porque se basó en las firmas falsas, y no apelé a ello, porque me parece más relevante la falta del acta de nombramiento.”


—¿Qué alguien falsifique firmas es delito, no?— se le cuestionó al inculpado.
—Sí, pero ya prescribió y la verdad yo me enfoco a lo que me interesa. No tiene tanta relevancia si alguien firmó por mí.
—¿Crees que haya sido Marco Tulio Zárate?
—No lo sé. Yo no acusaría a nadie porque no lo sé.
—¿Habrá sido alguien de Plataforma Cuatro o del IFE?
—Podría ser del IFE, no lo sé. No quiero acusar a nadie.


Un nuevo elemento en la defensa de Juárez Acevedo, que se suma a las 18 pruebas ya presentadas ante el tribunal federal, es la falta de autorización del Pleno Legislativo para que la Comisión de Gobernación comenzara una investigación en su contra.


A decir del inculpado, la Comisión de Gobernación debería haber sido facultada por el Pleno Legislativo antes de iniciar la investigación, de lo contrario, la resolución podría quedar sin efectos si así lo determina el Juzgado Séptimo de Distrito.

 

“El juez de distrito le pidió constancias sobre el acuerdo de la Comisión de Gobernación que haya sido facultada para investigarme, ese es un elemento nuevo. La Comisión lo hizo de motu proprio, no tuvo autorización del Pleno Legislativo. Le correspondía llevar el trámite, pero tenía que ser facultada por el Pleno, y por eso podría estar ganado el trámite del amparo.”

 

 

 

 

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