Sin suspensión, empleados que usurparon funciones

Informó el contralor municipal

El funcionario informó que la sanción podría ir desde una pena administrativa hasta la inhabilitación

Viridiana Lozano Ortíz

Los tres empleados del Ayuntamiento que intentaron extorsionar a los organizadores de un jaripeo al norte de la ciudad el fin de semana, aún no han sido suspendidos de sus cargos a pesar de que enfrentan un proceso penal por el delito de usurpación de funciones, así lo informó el contralor municipal Mauro Uscanga Villalobos, quien aclaró que por el momento únicamente son sujetos de una investigación administrativa.

En entrevista el funcionario informó que la sanción para Alejandro Ruiz García, Carlos Concepción Lara Hernández y Ricardo Pablo Ortega, quienes trabajan dentro del departamento de comunicación de la Agencia de Protección al Medio Ambiente, podría ir desde una pena administrativa hasta la inhabilitación: “Tengo entendido que estas personas son del área de Comunicación de la Agencia, entonces antes de poder hablarles de una sanción primero necesito investigar. Obviamente todo esto va a ser resultado de lo que termine de declarar el ofendido, además también pediré informes a los agentes del Ministerio Público, pues todos estos elementos darán una probable sanción”.

Uscanga Villalobos declaró que los funcionarios no han sido suspendidos de sus cargos, aunque no pudo especificar si es cierto o no que la Agencia los dio de baja desde el momento en que fueron remitidos: “Apenas estamos en proceso de investigación, tengo entendido que al parecer la Agencia ya los había dado de baja pero no hay nada confirmado, aún seguimos en la recopilación de información”.

Aceptó que los empleados de la dependencia iban bajo el influjo del alcohol en el momento en que les exigieron 150 mil pesos a los organizadores del evento para no clausurarlo: “Hasta ahora con los informes que tengo es que ya se hicieron pruebas de orina a los indiciados y sí venían con grados de alcohol”.

Los tres funcionarios fueron consignados ante el Juzgado Sexto Penal por el delito de usurpación de funciones.

El contralor municipal reiteró que las investigaciones que está realizando su dependencia son de carácter administrativo, por lo tanto, no tienen nada que ver con el proceso penal que se lleva en contra de los indiciados, aunque utilizará las pruebas recabadas por los agentes del Ministerio Público para integrar su investigación.

De acuerdo al Código de Defensa Social, la pena por el delito de usurpación de funciones podría alcanzar hasta dos años de prisión y multa de diez a 100 días de salario mínimo.

Cabe recordar que Alejandro Ruiz, quien se ostenta como director del departamento de Comunicación de la Agencia de Protección al Medio Ambiente llegó a esta dependencia por invitación del actual director Blas Villegas Lara, pues ya habían trabajado juntos en la administración estatal.

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