SFA realizará auditoría para apoyar a defraudados


Consistirá en saber la cantidad de recursos que serán erogados por parte del Gobierno

 

Daniel Hernández Cruz

 

El secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, señaló que se iniciará una auditoría para determinar la cantidad de recursos que serán erogados por el Gobierno del estado para apoyar a los defraudados por Financiera Coofia.


Entrevistado durante la destrucción de mercancía ilegal, Pérez Salazar comentó que después de la reunión que tuvo con las autoridades que administran el Fipago se determinó que, de acuerdo con la tramitología, ahora corresponde hacer una auditoría de las finanzas del estado para determinar la cantidad que deberá aportar y se tiene planeado que comience la próxima semana.


Explicó que la auditoría es un trámite que llevará aproximadamente dos meses en realizarse y que no se tiene un estimado de la cantidad de recursos que se destinarán para el apoyo de los defraudados por Financiera Coofia. Además señaló que aún no tienen contemplado de qué partida del presupuesto del Gobierno del estado saldrán los recursos que aportarán al Fipago.


De acuerdo con cifras extraoficiales, se estima que el fraude de la empresa de Valente Medina Seoane podría alcanzar los mil 700 millones de pesos, tan sólo en el estado de Puebla.


De acuerdo con el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, la dependencia a su cargo ha recibido más de 3 mil 500 denuncias en contra de la empresa.


Los municipios más afectados por la financiera son Acatlán, Atlixco, Tehuacán, Teziutlán, Tetela de Ocampo, San Andrés, San Pedro Cholula y Puebla, destacando Zacapoaxtla en donde se han presentado más de 700 denuncias.


Aun cuando el secretario de Finanzas señaló que las autoridades de la Comisión Nacional de Banca y de Valores están atentas al caso el proceso puede ser muy largo, pues actualmente existe un grupo superior a 500 personas que fueron defraudas en 2006 y hasta el momento no han podido ver de regreso el dinero invertido en la empresa Cooperativa de Vivienda Popular.


Los defraudados por esta empresa señalan que las autoridades del Fipago han girado oficios a la Secretaría de Finanzas para que se haga la auditoría y determinar el porcentaje con el que el Gobierno del estado podría apoyarlos sin que se haya hechos hasta el momento.

 

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