IFE puede intervenir en contiendas internas
Señala Virgilio Andrade
El consejero general advirtió que debe respetarse la legislación electoral para impedir la desviación de recursos con fines políticos, aunque reconoció que primero tiene que comprobarse fehacientemente la manipulación electoral del dinero público
Roberto Desachy Severino
Cauto, cuidadoso con sus palabras, pero al mismo tiempo contundente, el consejero general del Instituto Federal Electoral (IFE), Virgilio Andrade Martínez, subrayó que la Constitución General de la República ordena a los partidos efectuar procesos internos transparentes, democráticos y equitativos, y prohíbe el uso de los recursos y programas de cualquier nivel de gobierno en la promoción político-electoral del los funcionarios públicos.
Y lanzó la advertencia: a nivel federal existe el marco legal necesario, para que —si algún miembro de un partido se siente violado en sus derechos como militante, porque considera que el proceso de selección de candidato de su partido fue inducido o manipulado— recurra al Tribunal Electoral de la Federación (Trife) y se ordene reponer el proceso. Además, subrayó que también es factible sancionar a nivel federal la manipulación de los fondos públicos con fines electorales.
Andrade Martínez fue entrevistado en su oficina del Consejo General del IFE sobre varios temas, incluyendo el de las llamadas telefónicas con probables fines propagandísticos, como el que involucra al secretario de Desarrollo Social y precandidato oficial del gobierno, Javier López Zavala, quien ha sido señalado por, presuntamente, contratar a una empresa de telemarketing para promoverse realizando sondeos de medición de su posicionamiento político ante la ciudadanía.
De hecho, el viernes 2 de octubre el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, dijo que —supuestamente— la delegada del CEN del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente analizaría la queja que interpuso el exedil de Puebla y precandidato, Enrique Doger Guerrero, contra López Zavala por su promoción político-electoral a través del telemarketing.
Cuestionado acerca de si es legal o legítimo que funcionarios públicos usen dinero del gobierno para promoverse electoralmente, el integrante del Consejo General del IFE indicó que a partir de la reforma legal del 2007 se decidió “pedir a los partidos políticos la transparencia de su gasto” regulando las precampañas e incluyendo las erogaciones realizadas en las mismas en el informe final de este rubro.
En este sentido, abundó, desde el 2007 se comienzan a regular los actos anticipados de precampaña, que son aquellos en que se convoca al voto o se anuncia una precandidatura específica antes de que inicie el proceso interno de selección y en la Carta Magna existe la prohibición expresa de que los servidores públicos publiciten su imagen con dinero del erario.
Funcionarios llevan ventaja por aparecer en medios
Andrade Martínez dijo en reiteradas ocasiones que debe respetarse la legislación electoral local para impedir la desviación de recursos con fines políticos, aunque reconoció que primero tiene que comprobarse fehacientemente la manipulación electoral del dinero público para iniciar investigaciones y que se proceda de manera jurídica contra el involucrado.
En el caso de llamadas telefónicas o grabaciones, externó, se necesita saber quiénes las promueven y con qué recursos lo hacen, para saber si se trata de un ejercicio sistémico, porque solamente cuando se financian con dinero público es posible realizar investigaciones.
Desde hace tiempo el marco legal de los comicios trata de evitar que el uso o mal uso del dinero público decida las elecciones, “en este tipo de situaciones comienzan a llegar zonas en las que se vuelve complejo emitir juicios sobre el tema, sobre todo cuando no se está en precampañas ni en campañas, porque quienes son funcionarios públicos de alto nivel tienen la cercanía de los medios de comunicación”.
Hoy se debate si “esas zonas específicas” —cuando todavía no inician las precampañas y los que son funcionarios y precandidatos aprovechan su doble condición, para salir en los medios informativos— necesitan ser reguladas, aceptó el consejero, quien también aceptó que a todos los niveles se discute lo relacionado con la comunicación social de los gobiernos, debido a que se erogan cantidades importantes en este rubro y se realizan diversos análisis sobre qué papel juegan esos fondos en el resultado de los comicios y a nivel federal “se han registrado avances importantes en la materia”.
Los militantes pueden impugnar las imposiciones de gobernadores
Interrogado acerca de los gobernadores que tratan de imponer a sus “delfines” como sucesores con el uso del dinero público, Andrade Martínez contestó que ha habido avances jurídicos importantes para impedir estos fenómenos, pero es necesario que la ciudadanía los conozca.
“Las legislaciones en lo general, a reserva de ver las locales, establecen que los partidos están obligados a efectuar procesos de selección interna, incluso, en el caso de los candidatos únicos. Frente a situaciones de esta naturaleza (intento de imposición del mandatario estatal contra su partido), todo este tipo de decisiones que toma un partido político pueden ser impugnables por los propios militantes, primero, en los propios órganos de justicia partidaria y, eventualmente, han avanzado los juicios para la protección de derechos políticos del ciudadano ante el Trife.
“Es importante mencionar esto, porque desde el punto de vista formal de avances paulatinos de normas electorales los partidos tienen la obligación de efectuar procesos internos y los ciudadanos tienen derechos. Incluso, a nivel de procesos locales, existe todo un sistema (de impartición de justicia al interior y exterior de los institutos políticos), para lograr condiciones de equidad.
“Todos estos factores coadyuvan a generar equilibrios frente a una situación de supuesto predominio” en alguna contienda electoral, insistió y puso como ejemplo que una de las virtudes de la reforma electoral del 2007 fue hacer que los candidatos puedan acceder a los medios informativos en condiciones de equidad, durante los tiempos de precampaña y campaña, aunque reconoció que la legislación local puede diferir en este aspecto.
Órganos electorales penetrados por gobiernos
El consejero del IFE aceptó en “en esta etapa de pluralidad se ha manejado la hipótesis de que los órganos electorales (federales y locales) tienen un grado de penetración de los partidos, de la clase política. Para obtener una conclusión de este tema es importante analizar los argumentos y las votaciones” de cada organismo comicial y de sus integrantes, ya que así se puede detectar si las instancias locales están dominadas por el gobernador en turno.
Virgilio Andrade dijo que “en lo particular“, es decir, hablando del Consejero General del IFE y de su persona, “esa hipótesis puede ser refutada con los datos” pero reconoció que, efectivamente, un sector de la ciudadanía percibe que los órganos electorales de los estados están controlados por los gobiernos.
Y, para comprobar o desechar esta “hipótesis”, Andrade Martínez sugirió a los interesados efectuar ese análisis para ver qué decidieron cada órgano electoral y sus integrantes. Incluso, subrayó que desde el punto de vista electoral y de análisis del poder a nivel federal y en algunos estados se puede asegurar que se han registrado avances institucionales importantes, para impedir o disminuir los cacicazgos regionales, como lo demuestra la alternancia en la titularidad del Ejecutivo del país.
“También a nivel estatal ha habido avances” porque en un entorno globalizado, como el que persiste actualmente, la opinión pública nacional puede ser un factor de equilibrio en la toma de decisiones de los actores políticos locales, “cada vez hay mejores condiciones para asegurar que los que pudieran denominarse cacicazgos estatales, pueden disminuirse por la vía electoral”, tomando en cuenta que a través del voto es factible que la gente decida si apoya la continuidad o el cambio de un sistema político.
Las elecciones sí constituyen un ejercicio sano, para que la ciudadanía genere los equilibrios que crea convenientes o se pronuncie por ratificar el ejercicio de un gobierno, ya que los avances de los últimos 20 años en materia electoral permiten llegar a la conclusión de que los votos ciudadanos cuentan, como lo demuestra la preocupación permanente de la clase política por estos procesos”, finalizó el consejero.
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