Caso de arbolicidios ya está cerrado

Para el defensor Lauro Castillo no hay más pruebas para inculpar a funcionarios

Aseguró que el Ministerio Público ya archivó la investigación, pues sus representados no han sido solicitados nuevamente para aportar más pruebas al caso

Viridiana Lozano Ortíz

Lauro Castillo Sánchez informó que el Ministerio Público no ha logrado reunir las pruebas necesarias para inculpar a los tres funcionarios del Ayuntamiento que están siendo investigados por el arbolicidio del 5 de julio, por lo tanto, a su parecer el caso está cerrado.

El defensor de los trabajadores sindicalizados aseguró que el Ministerio Público ya archivó la investigación, pues sus representados no han sido solicitados nuevamente para aportar más pruebas al caso: “El proceso está parado, no avanza porque no tienen las razones para girar las órdenes de aprehensión”.

Explicó que los agentes del Ministerio Público no han logrado conseguir las ramas del árbol que el 5 de julio causó la muerte de una menor y lesionó gravemente a dos personas más, de modo que sin esas pruebas los funcionaros no podrán se inculpados : “Ellos lo tienen parado porque no tienen cómo integrarlo. Necesitan volver a plantar el árbol, ubicarlo donde se cayó, determinar si fue una rama o todo el árbol, saber qué pasó porque no se sabe ya que los empleados del Ayuntamiento retiraron inmediatamente el árbol caído”.

En entrevista telefónica el exsíndico municipal declaró que el principal elemento utilizado para la defensa de los funcionarios sindicalizados fue que no contaban con las herramientas necesarias para retirar el árbol, mismo que había sido dictaminado para su derribo once días antes de que cayera: “Estamos a la espera, nosotros no tenemos que hacer nada, ellos tuvieron conocimiento de que tenían que retirar el árbol dos días antes de que se les retiran todos los vehículos por el proceso electoral, entonces los responsables son otros, nosotros lo encausamos para ubicar a nuestros representados ante el Ministerio Público en los hechos”.

Los funcionarios investigados son Juan Carlos Rivera Arenas, Subdirección de Atención a Servicios Públicos, José Odilón Hernández Sánchez y Gerardo Pérez Navarro, director de Servicios Públicos y jefe del Departamento de Parques y Jardines, respectivamente, quienes fueron sancionados por la Contraloría Municipal con seis y diez meses de inhabilitación.

Castillo Sánchez previó que en caso de que el Ministerio Público no continúe con al investigación, éste sería el argumento principal para exigir al contralor municipal, Mauro Uscanga Villalobos, que retire la inhabilitación y devuelva los sueldos caídos a cada uno de los funcionarios.

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