Exonera la Corte a Ardelio Vargas

No tiene responsabilidad alguna en las violaciones a los derechos humanos del conflicto de Oaxaca

Leticia Ánimas Vargas

“Nuestra participación en el conflicto magisterial en Oaxaca a finales de octubre de 2006 fue un parteaguas, debido a que permitió el restablecimiento del Estado de Derecho e incluso investigamos a instancias del gobierno local”, dijo Ardelio Vargas Fosado, tras conocer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo deja fuera de responsabilidad en el caso.

Ayer, por ocho votos contra tres, la SCJN exoneró del caso Oaxaca a Ardelio Vargas, entonces  jefe de la Policía Federal Preventiva, al considerar que es el gobernador de esa entidad, Ulises Ruiz, es quien debe responder por la  violación grave de garantías individuales durante el conflicto magisterial registrado en la capital de esa entidad, de mayo de 2006 a enero de 2007.

“El conflicto inició en mayo, se recrudeció durante la Guelaguetza y alcanza su punto más álgido el 27 de octubre de 2006, cuando asesinan al periodista Brad Hill. Nosotros llegamos a Oaxaca el 29 de octubre, cuando ya habían sucedido muchas de las cosas que formaron parte de esta investigación de la Corte y salimos entre el 14 y el 20 de enero de 2007”, recordó

El diputado aseguró que al llegar a esa entidad incluso revisaron las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del estado, debido a que había recibido denuncias de que ahí había armas y grupos que habían actuado fuera de la ley. “Siempre actuamos dentro del marco legal, por eso nunca dudé que el fallo de la Corte sería en este sentido y confirmara cómo fue mi intervención como funcionario público”.

Y concluyó diciendo que si la resolución hubiera sido en otro sentido habría estado dispuesto a someterse a los tribunales, incluso renunciando a su cargo de representación popular que le ha dado fuero. “Siempre he actuado conforme a la ley, no he dicho mentiras”.

El nombre de Vargas Fosado salió a relucir en los considerandos del dictamen de la SCJN, debido a que en octubre de 2006, cuando se realizó el operativo contra la protesta iniciada por los maestros oaxaqueños, fungía como comisionado de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigaciones.

Este miércoles, la SCJN encontró responsable al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto con la APPO y determinó que fue omiso en garantizar la seguridad pública, propiciando el desorden generalizado por parte de particulares y que afectó los derechos fundamentales de la comunidad.

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