Juárez Acevedo fuera de la CAIP

Asegura el defenestrado que recurrirá a la SCJN

El Tribunal Colegiado le negó el amparo contra su destitución en el Congreso local, aprobada desde el pasado 15 de diciembre

Viridiana Lozano Ortíz / Selene Ríos Andraca

Dos años después de que Cambio demostrara la ilegalidad del nombramiento de Antonio Juárez Acevedo como comisionado para el Acceso a la Información Pública (CAIP), por fin el funcionario destituido deberá abandonar el organismo, una vez que el Tribunal Colegiado en materia administrativa le negara el amparo contra la destitución que ordenó el Congreso local el pasado 15 de diciembre.

Será la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) la encargada de sancionar de manera económica al comisionado defenestrado, una vez que el Tribunal Colegiado notifique al Congreso y al inculpado.

En conferencia de prensa, los legisladores, Pablo Fernández del Campo y Eduardo Rivera Pérez, informaron que el fin de semana el Tribunal Colegiado resolvió negarle el amparo al comisionado para el Acceso a la Información Pública destituido por la LVII Legislatura el 15 de diciembre de 2008.

El Tribunal Colegiado era la última instancia del comisionado defenestrado para evitar su destitución de la CAIP, por lo que deberá abandonar las oficinas del organismo una vez que el Tribunal Colegiado le notifique su resolución.

El 24 de septiembre de 2007, Cambio publicó un certificado del Instituto Federal Electoral (IFE) que constataba la participación de Juárez Acevedo en la mesa directiva de Plataforma Cuatro y de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su numeral 27 está prohibido que los miembros del organismo hayan pertenecido tres años previos a su nombramiento a la dirigencia de partidos políticos o asociaciones políticas.

A raíz de la publicación de Cambio, la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública inició una investigación en contra del comisionado y a finales de diciembre de 2007 lo exoneró; en abril del año pasado la LVII Legislatura inició una nueva pesquisa que terminó con la destitución del funcionario.

El coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Eduardo Rivera Pérez, destacó que la pesquisa a cargo de la Comisión de Gobernación nunca tuvo tintes personales y que se trató de una lucha contra la corrupción y la impunidad del sexenio marinista.

“Queremos dejar claro que el asunto de Juárez Acevedo no era un asunto personal, no era un asunto en contra del individuo, creo que con esta decisión de perder el amparo ante la justicia federal y por lo tanto ser su destitución de manera definitiva ya no hay ninguna otra instancia, ya el señor tiene que sacar sus maletas de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

Rivera Pérez destacó la permanencia de Toño Juárez en la CAIP, ya que fue Acción Nacional el partido que más insistió en que rodara la cabeza del funcionario marinista: “Para nosotros Juárez Acevedo ya se tendría que haber ido desde hace mucho tiempo, la notificación tendrá que recibirla y surte efecto de manera inmediata. Él ha perdido de manera definitiva el asunto”.

Finalmente, el legislador priista señaló que el Tribunal Colegiado desechó la petición de amparo del ex comisionado, al declarar infundados e improcedentes los agravios, resolución que confirma la investigación del Congreso.

Recurriré a la SCJN:
Juárez Acevedo

Selene Ríos Andraca

En una breve entrevista con esta casa editorial, Antonio Juárez Acevedo señaló que aún no ha sido notificado por el Tribunal Colegiado sobre la resolución de su amparo, por lo que dijo desconocer las razones jurídicas por las que los magistrados rechazaron su petición.

En caso de que los diputados de la Comisión de Gobernación estén en lo cierto, dijo, buscaré las inconstitucionalidades del caso para recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que su amparo ya estaba admitido por la justicia federal.

—¿Entonces, los legisladores están mintiendo?
—Estoy seguro que no están ocupando los términos correctos. Tendré que analizar si la solución fue de fondo o de forma. Pero con las inconstitucionalidades del caso podré recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
—Los diputados aseguran que el Colegiado fue tu última instancia…
—El asunto no ha causado estado y por lo tanto es recurrible.
—¿Cuándo te notifiquen dejarás la CAIP?
—No, hasta que mi asunto cause estado. La determinación no está firme, por lo tanto seguiré desempeñando mis funciones.

Cronología

24 de septiembre 2007. Estalla el escándalo. Antonio Juárez Acevedo mintió a los diputados de la LV Legislatura al postularse como candidato a comisionado de Acceso a la Información Pública, puesto que desde 1999 hasta la fecha funge como secretario general de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

27 de septiembre. PAN pide formalmente la destitución.

28 de septiembre. El PRI también pide su cabeza.

5 de octubre. Contraloría inicia la investigación. La Comisión de Gobernación determina que la Sedecap inicie la pesquisa contra el comisionado.

13 de diciembre. Concluye investigación de Sedecap y lo exonera.

14 de mayo 2008. En manos del IFE caso Juárez. La Comisión de Gobernación le requirió al organismo electoral el expediente completo de Plataforma Cuatro.

29 de julio. IFE entrega documentales públicos en su contra.

22 de agosto. Zárate fulmina a su amigo. El presidente de Plataforma Cuatro reconoce públicamente que su amigo Toño Juárez continúa siendo secretario general de la agrupación política nacional.

3 de septiembre. TEPJF ratifica su filiación política. Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló en contra del juicio de protección de derechos políticos y electorales.

9 de septiembre. La Comisión de Gobernación determinó iniciar responsabilidades administrativas.

15 de diciembre. Congreso lo aniquila. Por unanimidad, la LVII Legislatura destituye al entonces presidente de la CAIP.

7 de enero 2009. Revira contra el Congreso. Presenta un recurso de revocación por la destitución del mes pasado. Veinte días más tarde, el Congreso local ratifica la defenestración.

13 de marzo. Recurre a la justicia federal. El funcionario destituido recurrió a una solicitud de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito.

18 de mayo. El Juzgado Séptimo de Distrito se declara incompetente para conocer del caso.

21 de mayo. El caso es turnado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

18 de septiembre. El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito desecha la solicitud de amparo. (SRA)

Todos los Columnistas