Exige PAN la destitución inmediata de Juárez Acevedo

Piden al gobernador que ya no dejen pasar más tiempo y cumplan con el ordenamiento

Viridiana Lozano Ortíz

Los diputados locales del PAN, liderados por Eduardo Rivera Pérez, acudieron a Casa Aguayo para exigir la destitución inmediata de Antonio Juárez Acevedo como comisionado de Acceso a la Información Pública (CAIP).

Mediante un escrito entregado al secretario particular del gobernador, Guillermo Deloya Cobián, los legisladores consignaron el tortuguismo del titular de la Secretaría de Desarrollo Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap), Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien, aseguraron, ha alentado el proceso de destitución para encubrir al funcionario.

Rivera Pérez exigió que si el contralor del estado no puede realizar su trabajo, debe abandonar el cargo, calificando como ridículo el argumento utilizado por Sánchez Ruiz quien refirió que se encuentra reuniendo los documentos sobre la resolución emitida por el Congreso local el año pasado: “Desde el 2009 el contralor conoce de la decisión del Congreso (…), la destitución debió hacerse horas después de haber recibido la notificación de nuestra parte (…). Si no actúa de manera inmediata, que se retire del cargo.”

Advirtió que si Marín Torres no interviene para que la destitución se lleve a cabo de inmediato, estaría actuando en contubernio con Sánchez Ruiz: “Por eso venimos aquí ante la última instancia que el gobernador a que tome cartas sobre este asunto, él es quien tiene la responsabilidad directa de dar una respuesta puntual sobre este asunto, nosotros estamos acudiendo a esta última instancia, y esperamos que el gobernador no sea tapadera de esta situación en donde el Congreso ya decidió definitivamente destituirlo.”

El lunes el titular de la Sedecap informó que Juárez Acevedo no ha sido notificado sobre su destitución porque dicha instancia aún está en proceso de recopilación de documentos del caso —copias del dictamen emitido por el Congreso local y el amparo promovido ante el Tribunal Colegiado—, a fin de evaluar si se debe o no iniciar un proceso administrativo en su contra.

Por su parte la diputada local, Leonor Popócatl Gutiérrez, explicó que en el escrito se exige que el comisionado de la CAIP sea inhabilitado del cargo, tenga una sanción económica y sea demandado ante el Ministerio Público por falsedad de datos.

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