Comisionadas evidencian al titular de la CAIP


Cuestionan a Samuel Rangel por avalar opacidad del gobierno marinista


Selene Ríos Andraca


El presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Samuel Rangel Rodríguez, fue evidenciado por las comisionadas Lilia Vélez y Blanca Lilia Ibarra como un cómplice de la opacidad del gobierno marinista, pues intentó con argucias legales avalar la negativa de la Secretaría de Finanzas de entregar la copia del contrato firmado entre la administración de Mario Marín Torres y la fraudulenta financiera Coofia.


Durante la sesión del Pleno, Samuel Rangel presentó el proyecto de resolución a la queja presentada por una ciudadana en contra de la Secretaría de Finanzas, en la que avalaba el argumento de la dependencia dirigida por Gerardo Pérez Salazar para negar la copia del contrato firmado entre el gobierno y Coofia, a pesar de que la semana pasada el propio organismo ordenó a la SFA entregar la copia certificada del contrato al ciudadano Pascual Escoto en un plazo no mayor a 15 días hábiles.


Además, las comisionadas Vélez e Ibarra reprocharon la opacidad de la Secretaría de Finanzas para entregarle al propio organismo copia del contrato con la empresa fraudulenta, una vez que el pleno de la CAIP tiene facultades para dictaminar si la información solicitada es de carácter reservado o público.


A decir de la académica Lilia Vélez, la dependencia marinista debió entregar el documento al organismo en días anteriores para analizar si la difusión del documento contraviene con los elementos de reserva contenidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y es que la SFA ha negado en reiteradas ocasiones presentar el documento, y es la segunda vez que se resuelve un expediente sobre el tema.  


“Quisiera decir que esta ponencia pidió en reiteradas ocasiones el acceso a la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Finanzas se negó sistemáticamente a poner a disposición de este órgano el documento, si hubiéramos tenido acceso podríamos analizar si había elementos o no para determinar si se opondría o no la investigación”.


En la sesión pasada del organismo garante de la transparencia, con el voto en contra de Samuel Rangel, las comisionadas ordenaron a la Secretaría de Finanzas entregar la copia certificada del convenio entre el gobierno y la empresa acusada de cometer más de nueve mil fraudes contra ciudadanos poblanos en un plano no mayor a 15 días hábiles para un solicitante.


A pesar de la insistencia de Rangel Rodríguez para negar la información, su proyecto realizado para encubrir al gobierno marinista fue rechazado por las dos comisionadas y el tema se volverá a discutir, después de que una de las dos comisionadas se encargue de realizar un nuevo proyecto de resolución.


Samuel Rangel, el encubridor del marinismo


En la discusión del expediente 10/SFA-03/2010, Samuel Rangel avaló la negativa de Finanzas para entregar el mencionado contrato, bajo el argumento de que la difusión de éste podría interferir con la investigación que corre a cargo de la Procuraduría General de Justicia contra Coofia.


En su absurda defensa, Rangel Rodríguez narró un encuentro con el procurador Rodolfo Igor Archundia sobre la investigación a cargo de la PGJ en contra de la cooperativa e insistió en que la publicación del contrato estorbaría para las pesquisas judiciales.


Sin embargo, Lilia Vélez evidenció al presidente de la CAIP como un mentiroso, toda vez que la información solicitada a la Procuraduría fue para conocer si existía la averiguación en contra de la empresa, no para saber si el contrato requerido forma parte del expediente judicial: “En ningún momento queda establecido que este documento esté ahí o no se ha probado, salvo el dicho de finanzas”.


Minutos después, Blanca Lilia Ibarra logró enmudecer a Samuel Rangel, pues se burló de su propia solicitud de información a la PGJ: “Usted lo ha dicho varias veces, a una mala formulación de pregunta se obtiene una mala respuesta”.


Por si fuera poco, Vélez Iglesias rechazó que existan elementos para saber si la exposición pública del contrato entorpecerá la investigación de la PGJ contra la empresa de Valente Medina Seoane: “No hay elementos objetivos y verificables como lo establece el artículo sexto constitucional, que permitan probar que la información contenida en el convenio administrativo comprometerían la investigación que está llevando a cabo la PGJ”.


Finalmente, Ibarra Cadena enfatizó que el multimencionado contrato debía estar publicado en el portal de Transparencia del gobierno marinista por ser parte de la información pública de oficio: “Según el artículo 9 fracción VI, en donde se advierte que los convenios administrativos de colaboración suscritos con otras instancias públicas y privadas son públicos. Como ya lo dijimos, esta información pudo haber sido publicitada por el Ejecutivo en su momento, y no se hizo”.

 

 

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