Poblanidad no será requisito para magistrados y jueces


Según propuesta que aprobó la Comisión de Gobernación y será puesta en marcha durante el morenovallismo


Viridiana Lozano Ortíz


La aplanadora tricolor en el Congreso local le hizo otro favor al morenovallismo, pues eliminó la poblanidad como requisito constitucional para poder ser designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia o juez de primera instancia, por lo que de acuerdo a la reforma únicamente deberán contar con la ciudadanía mexicana y ya no es necesario haber residido en el estado durante los dos años previos a su designación.


La iniciativa fue presentada por el legislador panista Raúl Erasmo Álvarez Marín y aprobada por unanimidad en la Comisión de Gobernación y será turnada al Pleno en la sesión ordinaria que se celebrará mañana.


Según el documento, se realizaron reformas al artículo 89 de la Constitución local y a los artículos 170, 171 y 172 de la Ley Orgánica del poder Judicial.


De acuerdo con las modificaciones también se aumenta la edad requerida para los cargos, pues pasará de 30 a 35 años cumplidos.


La argumentación planteada por el legislador panista durante la Comisión de Gobernación para permitir que cualquier ciudadano mexicano ostente el cargo de magistrado o juez en el estado señala: “Se plantea modificar los requisitos para poder formar parte de los organismos jurisdiccionales. Los mismos no constituyen una novedad jurisdiccional ni a capricho de circunstancias políticas o particulares, sino que se deben fundamentalmente a exigencias profesionales y de conducta para seleccionar a los mejores hombres y mujeres que deban ostentar el relevante cargo de juez o magistrado del estado (…) Éstas características se pueden encontrar en cualquier ciudadano originario de diversas entidades federativas (…) Con ello se enaltece a personalidades que busquen el respeto al Estado de Derecho y la impartición imparcial de justicia para todos los poblanos”.


Dentro del paquete de reformas aprobado ayer por la Comisión de Gobernación, presidida por el legislador priista Pablo Fernández del Campo, también se aprobaron modificaciones al artículo sexto de la Constitución local para permitir que las sedes de los poderes del estado puedan establecerse en las zonas conurbadas y no sólo en la capital del estado, a solicitud expresa del gobernador.


“La ciudad de Puebla será la capital del estado, los poderes del estado residirán en ella o en los municipios conurbados de la misma; no obstante, el Ejecutivo podrá, con autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, cambiar a otro lugar esa residencia”.


Con esto, Rafael Moreno Valle podrá poner en marcha el proyecto que contempla la creación del Centro Integral de Servicios a la zona de Angelópolis y el cambio de cede del poder Legislativo.

 

 

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