Comisión de Gobernación
cierra caso de López Brun
Decide no ratificarlo como magistrado
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos para ser sometido a consideración del Pleno para después ser enviado a la Suprema Corte Justicia de la Nación
Viridiana Lozano Ortíz
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso local reponer el proceso de selección de los integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), la Comisión de Gobernación reiteró la no ratificación de Germán López Brun como magistrado al considerar que no cuenta con el nivel de conocimientos para ocupar el cargo.
Este día, el dictamen aprobado por mayoría de votos en la Comisión de Gobernación, presidida por Pablo Fernández del Campo, será sometido a consideración del Pleno para que posteriormente sea enviado a la SCJN.
En rueda de prensa Fernández del Campo explicó que la fundamentación de la decisión tomada ayer por la tarde se basa en la comparecencia que López Brun dio el 10 de diciembre de 2006 ante una comisión especial que creó la LVI Legislatura para analizar el caso.
“De la comparecencia se advierte que el magistrado ratificable desconoce a fondo las actividades que realiza el Consejo General del Instituto Electoral del Estado al afirmar que para ser consejero electoral no se necesita profesionalismo, incluso sugiere que los magistrados electorales pueden más que los consejeros electorales.”
Además indicó que en dicha reunión el exmagistrado admitió haber llegado a ser consejero del Instituto Electoral del Estado gracias a la intervención de un grupo de empresarios, con lo que “se pone en entredicho la imparcialidad de su función jurisdiccional”.
El 30 de noviembre de 2006 el Congreso local ratificó a Gabriel González Alegría y Reynaldo Lazcano Fernández como magistrados de TEEP y a Antonio Oropeza Barbosa en sustitución de López Brun para el periodo 2006-2012.
El hoy exmagistrado llevó su caso al tribunal federal y lo concluyó en la SCJN bajo el argumento de que había sido excluido del proceso por impedirle a los empleados del organismo acudir a la marcha pro-marinista durante el escándalo de Lydia Cacho.
Fernández del Campo reiteró que el Congreso local ha actuado conforme a derecho en el caso de López Brun y que la resolución de la Corte únicamente fue para que los legisladores fundamentaran las razones por las que el exmagistrado no fue ratificado en el cargo.
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