Consejeros avalan pacto PRI-Gobierno


Olga Lazcano dijo que los burócratas no pueden hacer política mientras ejercen su función pública


Miguel Ángel Cordero

 

Los consejeros electorales del IEE Olga Lazcano y David Miguel Jiménez se mostraron reservados en torno a la crítica contra la alianza del PRI y el gobierno del estado, ya confirmada por Mario Montero Serrano y Carlos Meza Viveros, pues consideraron que si los burócratas trabajan para el partido tricolor durante sus tiempos libres, no existe violación a la norma.


En entrevista con Cambio, ambos representantes de la autoridad electoral insistieron en que no puede aplicarse alguna sanción contra los funcionarios del gobierno del estado si no existe pruebas en el desvío de recursos. Más aún, Miguel David Jiménez precisó que el Instituto Electoral del Estado (IEE) no es la autoridad competente para determinar violaciones a la ley electoral y sanciones contra los funcionarios.


Olga Lazcano manifestó que la ley electoral es muy clara y que de acuerdo a ella, los burócratas no pueden desarrollar actividades partidistas mientras ejercen su función pública, aunque la misma normativa permite un trabajo partidista fuera de su horario público.


También detalló que debe existir pulcritud en la aplicación de recursos estatales, pues el hecho de que participen funcionarios del Gobierno del estado en labores del partido implica una mayor vigilancia.


“Lo que no está permitido es usar el erario público para actividades partidistas, para ello los partidos tienen sus prerrogativas”, indicó la consejera.


Lazcano agregó que la aplicación de los recursos del estado está vigilada por la correspondiente contraloría estatal, además de que hay instituciones ante las cuales se pueden tramitar denuncias de carácter electoral.


“Mientras dividan sus responsabilidades como funcionario público y militante de partido, es correcto que participen en actividades políticas. El problema es cuando esto se traslapa y hay que darle seguimiento”, explicó la consejera.


Explicó que para que el IEE proceda contra un funcionario, se requiere de certeza y objetividad, dos principios rectores del organismo. Por tal razón, si sólo hay suposiciones en cuanto a un desvío de recursos o activos y no hay certeza de tal hecho, no se puede proceder contra lo funcionarios del gobierno estatal.


“Si no existen las pruebas, no puedes determinar si lo está haciendo (una violación electoral), pues no tienes los elementos del hecho”, insistió Lazcano.


Por su parte, el consejero Miguel David Jiménez consideró que ni siquiera el Instituto Electoral del Estado tiene la responsabilidad de vigilar el posible desvío de recursos o activos generados por la alianza PRI-Gobierno, pues para ello existe la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.


El consejero reconoció que desconoce las declaraciones de Carlos Meza Viveros y Mario Montero Serrano, quienes reconocieron el nombramiento de delegados especiales del PRI para mantener las candidaturas de unidad.


Sin embargo, expresó que los funcionarios tienen derechos políticos constitucionales que deben ser respetados y que mientras ejerzan sus actividades partidistas fuera de los tiempos electorales no hay violación a la ley.

 

 

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