Piden al gobierno liberar uno de los bienes de Sitma


El abogado hace la petición para liquidar a defraudados

 

Xavier Olea aseguró que con la venta del mismo se podría pagar a un número importante de afectados; para ello se creará un fondo en donde se pongan a disposición los recursos obtenidos

 

Daniel Hernández Cruz

 

La defensa de Leonardo Tiro Moranchel pidió al Gobierno del estado que libere uno de los inmuebles asegurados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que pueda ser vendido y empezar a pagar a los defraudados por Grupo Sitma.


Entrevistado vía telefónica, el abogado Xavier Olea Peláez explicó que la propuesta es que el terreno no sea incorporado al fideicomiso, pues se encuentran en pláticas con dos posibles compradores.


Aunque se negó a revelar el valor y la ubicación del inmueble, aseguró que con su venta se podría pagar a un número importante de defraudados, para ello se creará un fondo en donde se pongan a disposición los recursos obtenidos.


Explicó que el inmueble se encuentra a disposición de la PGJ y espera que se dé la autorización para que puedan cerrar las negociaciones con los posibles compradores.


Olea Peláez señaló que la intención de Tiro Moranchel es la de pagar a sus clientes, de modo que la venta de este inmueble será de gran ayuda para conseguirlo.


Por su parte, el procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales, lamentó que el abogado no haya concretado la propuesta del fideicomiso y ya haya hecho una propuesta alterna.


Fuentes Morales se reunió con un grupo de afectados de la zona de Atlixco en donde señaló: “El apoyo jurídico que tiene desplegado el equipo interinstitucional del Gobierno del estado continuará hasta encontrar una solución valedera para las miles de familias poblanas que sufrieron quebranto en su patrimonio debido a las operaciones de Sitma, al igual que a otras víctimas de empresas con actividades financieras”.


Señaló que es importante que los afectados que no han presentado su denuncia lo hagan para que puedan ser tomados en cuenta durante las negociaciones.


El funcionario se comprometió a mantener informados a los defraudados sobre el avance en las negociaciones: “ya sea con su oferta inicial de constituir un fideicomiso o con la otra propuesta. Hasta el momento no hay nada, y no se ha pactado nada”.


Comentó que la propuesta deberá ser analizada por las autoridades y que antes de tomar una decisión, será tomada en cuenta: “Respecto de la segunda propuesta, sería aventurado dar una opinión al respecto, ya que apenas se analizará por parte de las autoridades su viabilidad jurídica, pero téngalo por seguro que de ser positiva, se pondrá a la consideración de todos ustedes, quienes son los que tienen la última palabra al respecto con la expresión unilateral de su voluntad”.

 

Habrá Fipago para
defraudados por
Bienestar Social La Paz


Los defraudados por Grupo Bienestar Social La Paz fueron informados por las autoridades federales que cumplieron con los requisitos y serán incluidos en Fipago, por lo tanto la próxima semana harán la petición formal al Gobierno del estado que deberá financiar parte de los recursos para el pago de los afectados.


Rafael Ramírez, representante de los afectados, señaló que tuvieron varias reuniones con autoridades del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago) y este fin de semana se comunicaron vía telefónica para informarles que cumplieron su solicitud para acogerse al programa.


Explicó que las autoridades del Gobierno del estado les manifestaron su intención de apoyarlos, pero que todo dependía de las autoridades federales, de modo que ahora iniciarán la gestión con el Gobierno del estado a fin de destinar los recursos necesarios para que los afectados recuperen sus inversiones.


El representante señaló que no saben cuánto es el monto del fraude ni el número de los afectados, pero por el número de contratos que han visto, calcula que son poco más de 2 mil personas.


De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Procuraduría General de Justicia, se han recibido 963 denuncias en contra de la empresa por un monto de 250 millones 192 mil 566 pesos.

 

 

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