Contralor defiende trabajo partidista de funcionarios


Le llueve al titular de la Sedecap en su comparecencia


Víctor Manuel Sánchez Ruiz argumentó que los funcionarios tienen derechos políticos y los servidores públicos gozan de garantías individuales. “Hablo de mi persona. Tengo libertad para ingresar y participar en el partido que decida. El impedimento legal es que no puedo destinar ni mi tiempo oficial ni los recursos”

Miguel Ángel Cordero

 

Víctor Manuel Sánchez Ruiz salió en defensa de los comisionados especiales del PRI al referir en su comparecencia que tanto él como Silvia Tanús, Francisco Díaz Gil y Joé Hernández Corona tienen derecho a participar en el PRI ejerciendo responsabilidades de partido. El contralor respondió al tema destapado por Cambio a finales del mes pasado, argumentando que los funcionarios tienen derechos políticos.


La respuesta del contralor ocurrió luego de que el coordinador de la bancada panista, Eduardo Rivera Pérez, le preguntó en la comparecencia correspondiente a la glosa del Quinto Informe de Gobierno si no investigaría a los funcionarios que actúan como delegados especiales del partido tricolor en distintos municipios con la intención de buscar candidaturas de unidad.


Al respecto, el secretario respondió que los servidores públicos gozan de garantías individuales. “Hablo de mi persona. Tengo libertad para ingresar y participar en el partido que decida. El impedimento legal es que no puedo destinar ni mi tiempo oficial ni los recursos”.


El pasado 26 de enero, Cambio publicó que la subsecretaria de Gobernación, Silvia Tanús, supervisa la actuación de los funcionarios como comisionados del partido, pues algunas de las asignaciones más importantes corresponden a subsecretarios y delegados de las dependencias.


Al respecto, el contralor insistió en que los funcionarios ejercen sus derechos políticos, y consideró que el cuestionamiento del panista no es preciso ni está probado, ya que el medio periodístico “no hace prueba”.


También fue cuestionado respecto a las irregularidades en obra pública del Centro Expositor —otro tema ventilado por esta casa editorial— y la operación fallida del estacionamiento de la Secretaría de Finanzas.


“En los términos que la ley nos permite, buscamos que se culmine la obra, y que los problemas legales sean en segunda parte (…) Aplicaremos sanción si la ley nos lo permite, pero no iremos por problemas legales. Primero la obra y luego los problemas legales”, respondió el funcionario respecto a los retrasos y sobre costos del Centro Expositor.


En torno al estacionamiento, se limitó a contestar: “lo checaremos”.


Sánchez Ruiz utilizó como único caso que comprueba su trabajo al frente de la contraloría la destitución de Antonio Juárez Acevedo. Sin embargo, no precisó si existirá alguna sanción para el ex presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública.


Ante los cuestionamientos de los diputados, recurrió a sus pretextos y largos discursos para evitar responder a dichas preguntas. Entre las evasiones que hizo, el contralor dijo que sólo puede opinar sobre “hechos definitivos” y que no puede hacer “suposiciones”.


En la sesión de la Comisión Inspectora, el panalista Gustavo Espinosa cuestionó a Víctor Manuel Sánchez Ruiz respecto a los funcionarios que desde sus puestos como secretarios han hecho campaña por la alcaldía o diputación.


Aunque no citó nombres, se refirió a los secretarios de Finanzas y Administración, Gerardo Pérez Salazar; de Desarrollo Urbano, Javier García Ramírez; del Trabajo, Pericles Olivares; y el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano.


En respuesta, el funcionario dijo que los servidores públicos tienen libertades políticas: “Quisiera reservarme a hechos y de pruebas. Me impide la ley especular (…) Le pediría que me ofreciera las pruebas porque si no, no podríamos avanzar”.


La respuesta no satisfizo al diputado que minutos después criticó en entrevista con los medios de comunicación al funcionario estatal.


Ante las respuestas de Sánchez Ruiz, el líder de la bancada panista Eduardo Rivera Pérez le pidió respeto para el Congreso del estado, pues sus respuestas parecían más una burla: “No quiero que venga a tomarle el pelo al Congreso del estado. Es una burla a este Poder legislativo”.


El legislador recordó que desde el 22 de octubre el secretario conoce el expediente de Antonio Juárez Acevedo, por lo cual, es ilógica la respuesta del contralor para negar una sanción contra el excomisionado, aduciendo que carece de pruebas. Agregó que los diputados votaron, por unanimidad, a favor de la destitución de Juárez Acevedo.


Cuestionado por la diputada perredista Irma Ramos respecto a cuándo sancionará la Sedecap a Juárez Acevedo, respondió: “que abogados de Congreso y de la contraloría se pongan a trabajar”. Dicho comentario molestó a Rivera Pérez, pues alegó que tal respuesta significa que el funcionario no quiere sancionar a Juárez Acevedo.


“Por ello le preguntaría: ¿cuándo y qué sanción le va a imponer a Antonio Juárez Acevedo?, y, ¿cuándo le va a notificar de ello al Congreso del estado?”


La respuesta del contralor fue evasiva: “Debo ser respetuoso de la ley y de los diputados, por lo que pido el respeto mutuo (…) Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa (…) Suplico que no especulemos, vayamos con la seguridad del estudio y con la ley en mano”.


Ofreció que se estudie el tema en caso hipotético de que se establezca sanción. Rivera contestó que hay pruebas en el expediente y en los medios de comunicación y que no se juzga dos veces un mismo hecho, sino que se pide la sanción de ley.


En torno a los fraudes de empresas como Coofia y sus vínculos con el Gobierno del estado, el funcionario se deslindó, diciendo que no es de su competencia revisar tales relaciones. No obstante, el secretario de Desarrollo Evaluación y Control de la Administración Pública dijo que está abierto a sugerencias en su desempeño.

 

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