Profeco no puede intervenir en tarifas de Angelópolis


Luz Elena Sánchez


Bernardo Hinojosa Polo, delegado en Puebla de la Profeco, reconoció que la Procuraduría no puede intervenir a favor de la cancelación del aumento a las tarifas de estacionamiento que desde hace más de un mes impuso el centro comercial Angelópolis.


Pese a las solicitudes de los empresarios de la plaza comercial y de los consumidores, la administración decidió cobrar 15 pesos por tres horas y cinco por cada hora adicional. Sin embargo, Hinojosa Polo aseguró que la plaza comercial está en todo el derecho de cobrar lo que crea pertinente, ya que estas acciones de ninguna manera violan la ley: “La ley actualmente dice que puede cobrar cinco, 15, 50, 500 pesos, o no cobrar nada”.


Ante la problemática, el delegado señaló que lo pertinente, para que tanto empresarios como consumidores salgan beneficiados, es modificar el Coremun de Puebla y de las Cholulas, en el que también se deberán establecer garantías para los usuarios de los estacionamientos, con la certeza de que mientras permanezcan en el lugar gocen de seguridad.


Asimismo, adujo que se debe fomentar el no uso de los automóviles, la creación de áreas para bicicletas, así como paradas de autobuses; acciones que, dijo, deberían incluir a todo el estado.


En otro tema, el delegado informó que debido a la existencia de numerosas quejas en contra de inmobiliarias —que tan sólo en este primer semestre suman alrededor de 85—, la Profeco y el Infonavit firmaron un convenio en el que si la inmobiliaria no cumple con entregar la casa en buenas condiciones o no revisa vicios ocultos, y aparte no concilia en la Profeco, el Infonavit “le cerrará la llave a sus créditos”, lo cual quiere decir que la inmobiliaria quedará vetada de seguir realizando negociaciones. En este sentido, manifestó que las empresas tendrán como plazo de 60 a 70 días para registrarse ante la Procuraduría.


Finalmente, Hinojosa Polo informó que en las últimas semanas la Profeco ha recibido diversas quejas de padres de familia que denuncian que las instituciones educativas están reteniendo las boletas escolares para presionarlos a pagar cuotas extraordinarias, pero indicó que la Procuraduría sólo puede intervenir en escuelas públicas. En el caso de éstas, dijo que para los próximos semestres las instituciones deberán entregar, previamente, un reglamento donde se establezcan las cuotas de colegiaturas, reglamento el cual los padres de familias deberán firmar, pues de lo contrario se considerará como abuso al consumidor.

 

 

 

 

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