Aprueban procesos contra 19 alcaldes


En Izúcar, el narcoalcalde Rubén Gil y su cuñado Arturo Herrera tienen observados casi 300 millones


Viridiana Lozano Ortiz

 

El Congreso local aprobó por mayoría el inicio de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades en contra de alcaldes en 19 municipios, entre ellos del llamado narcoalcalde de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil Ramos, y su cuñado Arturo Herrera Velázquez, quienes en suma alcanzan casi 300 millones de pesos en presuntas irregularidades.


Según los dictámenes presentados por la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Gil Ramos presentó irregularidades por 99 millones 666 mil pesos en el ejercicio fiscal del 15 de febrero al 31 de diciembre; mientras que su cuñado alcanzó los 189 millones 58 mil pesos tan sólo del primero de abril al 31 de diciembre.


Rubén Gil, también conocido como “El Padrino” o “El Gavilán”, es juzgado en Estados Unidos luego de que fuera detenido en marzo del 2008 por  utilizar su empresa de fletes y mudanzas Gil Moving & Storagepara trasladar 11 kilogramos de cocaína pura a la ciudad de Nueva York.


En su lugar fue ungido Arturo Herrera Velásquez como alcalde sustituto en Izúcar de Matamoros, en abril del 2008.


El diputado Melitón Lozano confió en que ambos exalcaldes sean castigados por el Congreso local, pues consideró ridículo que alguno de ellos intentara solventar las irregularidades marcadas por el OFS en los próximos días.


Además de Izúcar de Matamoros, la Comisión Inspectora detectó irregularidades en otros 18 municipios, entre los que destacan: Amozoc, por 98 millones 843 mil pesos; San Salvador El Seco, por 58 millones 498 mil pesos, y Tlatlauquitepec, por 15 millones 523 mil pesos.


En el caso del municipio de Tlatlauquitepec, las irregularidades detectadas sucedieron en el periodo del primero de enero al 14 de febrero de 2008, fecha en que Porfirio Loeza Aguilar ocupaba el cargo como titular del Ayuntamiento.


Loeza Aguilar fue electo nuevamente como alcalde de Tlatlauquitepec representando a la coalición Compromiso por Puebla; sin embargo, corre el riesgo de que el OFS decida inhabilitarlo como servidor público si determina que existió daño patrimonial o desvío de recursos.


Los ediles contra los que procederá el OFS cuentan con 15 días hábiles para solventar las irregularidades detectadas, pues de lo contrario se les impondrá una multa o amonestación.

 

 

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