Acusan a juez penal de abuso de autoridad


Aseguran que giro órdenes de aprehensión en contra de empresarios


Señaló que una de las versiones es que eran abogados y que iban a entregar una notificación a una familia que enfrentaba un proceso legal


Daniel Hernández Cruz


Rodolfo Galindo Ortiz, dueño de un terreno en San Andrés Cholula, Jesús Ángel Parra, dueño de una constructora, y su abogado Daniel Coapa Pérez acusaron de abuso de autoridad al juez penal de Cholula Javier Martínez Castillo quien, aseguran, giró órdenes de aprehensión en su contra a pesar de que no es competente para hacerlo y carecía de elementos.


En rueda de prensa, los afectados señalaron que todo inició por una denuncia que Vicente Aragón Ramírez y Pilar Fernández Carrera —quienes son esposos—presentaron por los delitos de despojo y daño en propiedad ajena en contra de las tres personas antes mencionadas y un funcionario de San Andrés Cholula.


Rodolfo Galindo Ortiz era dueño de un predio del cual le vendió un parte a la pareja y a otras personas.


Tanto Galindo Ortiz como los otros dueños de los terrenos decidieron tirar una parte de la construcción para mejorar las condiciones de las personas que habitan el inmueble, acción que molestó a Aragón Ramírez y su mujer por lo que decidieron emprender acciones legales.


Los afectados señalaron que para hacer la demolición cumplieron con todos los requisitos del municipio de San Andrés Cholula, por lo que la denuncia ante el Ministerio Público no había procedido y se quedó archivada durante año y medio.


Sin embargo, inesperadamente la averiguación fue consignada ante el juez penal de Cholula, quien en dos días obsequió cinco órdenes de aprehensión en contra de los dueños del terreno, Rodolfo Galindo Ortiz y Rodolfo Galindo Pérez, del propietario de la constructora encargada de la obra, Jesús Ángel Parra, y de su abogado Daniel Coapa Pérez, así como del director de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula, Felipe Velásquez Gutiérrez.


El abogado Daniel Coapa Pérez señaló que la actuación del juez es irregular, en primer lugar porque los hechos ocurrieron en San Andrés Cholula y en segundo, porque de acuerdo con la Ley Orgánica del estado de Puebla se establece que es el juez municipal quien debe conocer de los delitos penales, cuya sanción corporal no sea mayor a cinco años.


Señaló que ante las irregularidades tuvieron que solicitar un amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito quien ya otorgó la suspensión.


Además agregó que las personas que presentaron la denuncia carecen de documentación que los acredite como dueños del inmueble en cuestión.

 

 

 

 

 

 

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