Alcalá finge demencia por el caso DISA


Sólo se limitó a decir: “no tengo ningún comentario al respecto”


La munícipe guardó silencio y esquivó cualquier cuestionamiento acerca de los 40 millones de pesos que tendrá que pagar su administración a la constructora de Jorge Espina Reyes


Elvia García Huerta


Blanca Alcalá Ruiz fingió demencia al ser cuestionada sobre los 40 millones de pesos que tendrá que pagar su administración a la constructora de Jorge Espina Reyes y la supuesta negligencia en la que incurrieron sus áreas jurídicas, ya que sólo se limitó a responder: “no tengo ningún comentario al respecto” y prometió un comunicado.


En entrevista, la munícipe guardó silencio y esquivó cualquier cuestionamiento acerca del amparo que el Ayuntamiento perdió contra la empresa DISA.


Por su parte, Jaime Cid Monjaraz, regidor del PRD, exigió que el síndico municipal, Román Lazcano Fernández, informe a detalle en la próxima sesión de Cabildo sobre el litigio contra DISA: “Es necesario que explique de manera transparente sobre este caso puesto que el Ayuntamiento no está para realizar un pago de esta naturaleza”.


En entrevista al término de la presentación del foro de participación ciudadana “Conectodos”, el cual iniciará el próximo 18 de junio con la finalidad de que Puebla se convierta en una ciudad digital y así brindar de manera gratuita el servicio de internet inalámbrico, el regidor del sol azteca exhortó a Blanca Alcalá Ruiz a tomar cartas sobre el asunto y sancionar a los responsables de esta omisión jurídica, la cual afectará a los ciudadanos. “Es necesario transparentar este tema y no dejarlo pasar”.


Sin embargo, dejó en claro que aún no hay nada perdido para esta administración, toda vez que se puede recurrir a alargar el caso para que sea la próxima gestión la que se haga cargo de esta deuda.


Cabe destacar que el cargo de síndico municipal es de elección popular, por lo que no puede ser destituido ni removido por el Cabildo, por lo que Cid Monjaraz apuntó que el que tendría que decidir una sanción sería el Congreso del Estado.


Lo anterior luego de que un acto de negligencia de Román Lazcano Fernández dejara en estado de indefensión al Ayuntamiento capitalino, provocando una derrota jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a manos de la constructora DISA, por lo que inmediatamente deberá erogar los 26 millones de pesos de suerte principal más el pago de intereses y costas judiciales, con lo que el adeudo se incrementará arriba de los 40 millones de pesos.


Acepta Comuna fallo de la SCJN


A través de un comunicado, el Ayuntamiento informó que asume con total respeto el sentido del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al juicio que ha entablado la empresa Desarrollo Iberoamericano SA. Por tal razón, aseguró que dará continuidad al procedimiento hasta las instancias que legalmente considere procedentes, para lo que resulta indispensable tener pleno acceso a los considerandos rectores y a los alcances del propio resolutivo.


Sin embargo, lamentó que los errores cometidos en otras administraciones afecten el desarrollo de obras, programas y acciones en beneficio de la población, pues sin duda el fallo impactará en las finanzas del municipio.


“La administración encabezada por la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz, considera que este es un asunto en el que debe prevalecer la ética, no sólo de los servidores públicos sino de todos los actores involucrados en el tema, como son constructores, empresarios y abogados, pues evidentemente es un problema que involucra al sector público y privado”.


El Gobierno municipal señaló que el juicio de referencia tiene como origen la obligatoriedad de pagar un adeudo reconocido por el Cabildo para la realización del distribuidor vial Juárez-Serdán, obra que se ejecutó durante la administración de Luis Paredes Moctezuma.


“Bajo esta tesitura, se está consciente que las decisiones que hoy dan forma al conflicto corresponden a anteriores gestiones, por lo que el Ayuntamiento asume una actitud responsable y de respeto al ejercicio de las acciones legales que inicien los particulares, que consideren injusta una determinación de autoridad, preservando con ello la indispensable intervención de los tribunales instituidos, a fin de dirimir conflictos entre autoridades y particulares”. 


Finalmente, informa que no se emitirá ningún comentario institucional sobre el tema hasta que el Ayuntamiento cuente con los considerandos rectores y los alcances del propio resolutivo de la Suprema Corte, lo que ocurrirá en los siguientes días. 

 

 

 

 

 

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