Priistas protegen a Román Lazcano
Piden regidores del PAN que el Congreso investigue al síndico por el caso DISA
Aunque votó en contra de una investigación de parte del Legislativo, el regidor Alejandro Contreras dejó abierta la posibilidad de investigar al síndico cuando llegue la notificación del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Miguel Ángel Cordero
Román Lazcano Fernández fue abandonado por los regidores del PRI luego de que los panistas en el Cabildo pidieran que el Congreso del Estado lo investigue por haber permitido que el Ayuntamiento perdiera un juicio que mantenía desde hace años ante la constructora DISA, y el cual le costará al Ayuntamiento más de 42 millones de pesos. En caso de encontrar alguna irregularidad, pidieron al poder Legislativo determinar alguna sanción; incluso, el coordinador de los tricolores en el Cabildo, Alejandro Contreras Durán, dejó abierta la posibilidad de investigar al síndico municipal cuando llegue la notificación del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ante la indefensión en que quedó, el funcionario contradijo molesto a Blanca Alcalá cuando presentaba un recuento del caso DISA y el cual la alcaldesa consideró innecesario. Sin embargo, Lazcano la interrumpió y le pidió que le dejara continuar en su explicación para “abonar la transparencia y la rendición de cuentas”. Más tarde la presidenta tomó revancha de la afrenta y en entrevista aseguró que no “habrá lugar para complicidades en su administración”.
Román Lazcano enfrentó cuestionamientos de los regidores de los distintos partidos y nunca pudo explicar con satisfacción para los funcionarios del Cabildo el motivo por el cual no firmó el requerimiento del asesor jurídico, Ernesto Ramírez. A través del cual se ampararía nuevamente el Ayuntamiento en el caso DISA.
Recuento de los daños
La comparecencia no oficial del síndico municipal por la derrota ante DISA comenzó con una cronología que hizo del caso y la cual tuvo el objetivo de demostrar que el asunto fue heredado.
Román Lazcano insistió en que entre 2005 y 2008 el Cabildo perdió de manera definitiva el caso, “era cosa juzgada”, y aunque en un primer escenario se determinó que el pago del Ayuntamiento no incluiría los gastos judiciales, luego de una inconformidad se resolvió que sí se pagarán las costas a DISA.
“En dicho periodo se habían agotado las instancias. Y el pago exigido fue de 26 millones de pesos, más gastos financieros”, recordó el funcionario.
Improcedente, el recurso ofrecido por Ramírez
Ayer, durante la sesión de Cabildo, Román Lazcano insistió en que en la actual administración sólo buscó evitar el pago de gastos financieros a través de la tramitación de un amparo que, sin embargo, era improcedente
“Es improcedente porque no era posible promover dicha inconstitucionalidad. Por ello, consideramos que en caso de presentar el recurso quedaba exhibido el Ayuntamiento e incluso, quedaría como una autoridad que no respeta la ley”.
Román Lazcano explicó que el Cabildo no podía presentar ese recurso porque no era procedente por el periodo procesal en el que se encontraba el juicio con DISA. Empero, consideró que el asunto no está agotado a pesar de la determinación de la SCJN, y anunció que tan pronto les llegue la notificación de la sentencia de la Corte, enviarán una respuesta.
La interrupción a Alcalá
Blanca Alcalá intentó sepultar el tema en la sesión, sugiriendo que éste fuera discutido en una reunión privada. Cuando el síndico municipal exponía los antecedentes del juicio contra la constructora de Jorge Espina, fue interrumpido por la presidenta.
Apenas Alcalá pudo sugerir la sesión privada y que se abstuviera de continuar con su reporte, cuando Lazcano Fernández, con la voz en alto, le pidió que le dejara terminar en nombre de la transparencia y rendición de cuentas. Con una voz casi inaudible, le dijo que continuara.
Mas ésta no fue la única ocasión en que Alcalá Ruiz intentó que el tema no generara un mayor escándalo público. Poco después de que las participaciones de los regidores comenzaron, la alcaldesa nuevamente solicitó que se hiciera una sesión privada en la que el tema fuera abordado. No tuvo eco su propuesta.
Priistas abandonan a Román
El coordinador de los regidores panistas, Pablo Montiel Solana, pidió al Cabildo que el Congreso del Estado inicie un proceso de investigación para fincar responsabilidades en contra del síndico Román Lazcano por el falló de la SCJN en contra de la Comuna.
Pablo Montiel afirmó que “por mucho” que sea revisado el expediente, los regidores no llegarán a ningún dictamen final, porque no tienen la capacidad para fincar responsabilidades contra el síndico.
“Que el Congreso defina e investigue si hay que fincar responsabilidades. Podemos contextualizar la demanda en el plano político actual, pero el Cabildo no puede llegar a nada”, expresó el regidor ante sus homólogos de otros partidos. También aprovechó para recordarle que hace un mes “le preocupaba mi credibilidad jurídica, hoy puedo coincidir”.
Por su parte, la panista Isabel Ortiz retomó que CAMBIO publicó la exigencia de Meza Viveros hacia la presidencia para que “tome cartas en el asunto” por la derrota jurídica del Ayuntamiento frente a DISA.
En lugar de que los priistas salieran a la defensa de Lazcano Fernández, se limitaron a aplazar la sanción contra el síndico. De hecho, el coordinador de los regidores del PRI, Alejandro Contreras Durán, avaló la investigación a Román Lazcano, pues dijo que aunque ahora no se puede hacer el análisis porque el Cabildo no tiene la determinación de la SCJN, existe la posibilidad de efectuarlo en un futuro.
La regidora tricolor Guillermina Petra Hernández Castro, por ejemplo, recomendó que se espere la determinación de la SCJN para que con base en ello se investigue a Lazcano Fernández.
En tanto, la priista Lilia Vázquez Martínez pidió que se votaran dos propuestas; la de analizar el caso de Román Lazcano en el Congreso o en el ayuntamiento. Ante los señalamientos tricolores, Montiel insistió en que si existe una presunción por mera transparencia que lo investigue el Congreso.
Por su parte, la regidora de Nueva Alianza, Beatriz Fuente Velasco, se lanzó contra Lazcano Fernández. Dijo que en su exposición el síndico trató de responsabilizar al asesor del Ayuntamiento, Ernesto Ramírez —aunque no dijo su nombre sino su cargo— cuando es Lazcano el representante legal del Ayuntamiento: “Debería destinar su tiempo a defender al Ayuntamiento en lugar de estar en campañas políticas (…) Si hay daño patrimonial, que se finquen las responsabilidades”.
Por su parte, el perredista Cid Monjaraz dijo que aunque ya la información fue expuesta se debe investigar quiénes hicieron el fraude desde el inicio, porque fue el gobierno del PAN y el Yunque quienes edificaron el distribuidor 475 y “hay muchos rateros acá”.
Una sombría advertencia
Blanca Alcalá dijo que no habrá lugar para complicidades en su administración luego de la álgida sesión de Cabildo, en la cual Román Lazcano quedó exhibido a causa de la derrota jurídica frente a DISA.
Sin embargo, para evitar precisiones sobre de dónde saldrá el recurso para el pago de los 42 millones de pesos —incluyendo costas— o cuáles serán los caminos legales a seguir, Alcalá Ruiz dijo que “los expertos evaluarán otros caminos jurídicos”.
Cuestionada sobre el destino de Román Lazcano, Alcalá Ruiz aseguró que actuará apegada a la legalidad, sin complicidades o corrupciones: “Como en todos los casos, actuaremos con legalidad y de ninguna manera habrá espacio para complicidades ni para la corrupción; por el contrario, se buscarán las mejores alternativas”.
Reportó que la Comuna aún no recibe la notificación de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el proceso de pago a DISA, pero estarán buscando medidas que no afecten las finanzas del Ayuntamiento.
“No se ha recibido la notificación oficial para saber cuáles son los siguientes pasos”, indicó Alcalá Ruiz.
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