Fondo Emergente para defraudados, una farsa


Reconocen autoridades estatales y diputados del PRI que no hay partida presupuestal para el pago

 

Daniel Hernández Cruz

 

El tan cacareado Fondo Emergente, aprobado por la Cámara de Diputados, resultó ser sólo una farsa, pues no existe ninguna partida presupuestal por parte de la Federación para el pago de más de 2 mil millones de pesos para los afectados por las empresas defraudadoras que operan en el estado, y tampoco se tiene idea de dónde podrían salir el dinero.


El secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, y los legisladores federales poblanos del PRI reconocieron que no saben de dónde provendrán los recursos, y descargaron la responsabilidad en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


Aunado a ello, los diputados panista poblanos del PAN señalaron que el punto de acuerdo aprobado esta semana en la Cámara no tiene los alcances que anunciaron las autoridades estatales.


En rueda de prensa, Meneses Rojas y la fracción de diputados federales, encabezados por Óscar Aguilar González, no supieron responder de dónde se sacará el dinero para pagar a los 16 mil 293 afectados por nueve empresas defraudadoras.


El legislador argumentó que el recurso podría obtenerse de los excedentes petroleros que hasta el momento no han sido reportados por el Gobierno federal que, según sus estimaciones, asciende a 17 billones de pesos, aunque la ley de Coordinación Fiscal impide que esos recursos sean utilizados para pagos de deudas.


Aguilar González señaló que la SHCP es quien debe los recursos para el pago a los agraviados, pues sus omisiones, al permitir las operaciones de estas empresas, provocaron el fraude.


Respecto al alcance que tiene el punto de acuerdo aprobado por la mayoría de los legisladores del Congreso de la Unión, aseguró que es un orden del poder Legislativo al Ejecutivo la cual debe acatarse, aunque no dijo cuál será el mecanismo para que pueda cumplirse.


Al respecto la fracción de diputados federales de Acción Nacional envió una carta a los medios de comunicación en donde admiten que el punto de acuerdo no tiene el alcance para que los miles de afectados recuperen sus inversiones: “Exigimos al Gobierno del Estado de Puebla que trate el problema con la seriedad, gravedad y urgencia que tiene, y que deje de mentir a los defraudados, pues el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, de la que somos parte, no tiene el alcance legal que se le pretende dar frente a los defraudados”.


Los legisladores acusaron al Gobierno el estado de permitir la operación de las empresas que afectaron el patrimonio de miles de familias y que están utilizando el tema con fines electorales: “Lamentamos que se quiera dar un manejo político al problema que sufren miles de poblanos, llegando incluso al ridículo de que la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla ofreció a los defraudados pagar autobuses de pasajeros para trasladarlos a la Ciudad de México con el objeto de hacer una manifestación en contra del Gobierno Federal”.


Pidieron a los defraudados que exijan a las autoridades que les entreguen la relación completa de los bienes incautados y que ellos sean los primeros beneficiados cuando los inmuebles sean vendidos.


El posicionamiento fue hecho por los diputados Augusta Valentina Díaz de Rivera y Pablo Rodríguez Regordosa.

 

Son 10 defraudadoras, no cuatro


Por su parte, el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, dio las cifras reales del monto de las estafas en el estado, en las cuales agrega cinco empresas fraudulentas que no había dado a conocer la Procuraduría General de Justicia.


Meneses Rojas señaló que son diez las empresas que engañaron a sus clientes y no cuatro, como informó la Procuraduría General de Justicia.


Aparte de los robos de Financiera Coofia, Invergroup, Sitma y Caja Bienestar Social La Paz, enlistó a Comsbra, Invertlax, Geici, Incoin, Fusión. Las cinco empresas suman 602 denuncias por un monto de 93 millones 40 mil 746 pesos.


El monto total del fraude suma 2 mil 27 millones 341 mil 513 pesos y afectaron a 16 mil 293 personas, de acuerdo a las denuncias recibidas por la Procuraduría General de Justicia.

 

Sólo por la vía legal


El abogado Fernando Castillo Pacheco, quien defiende a un grupo de afectados por Grupo Sitma, aseguró que la única vía para que los agraviados puedan recuperar su dinero es por medio de los juicios penales y civiles que entablaron con anterioridad.


Dijo que la propuesta para que el pago sea por medio de los excedentes petroleros es improcedente, pues la ley de Coordinación Fiscal impide que esos recursos se utilicen para pagar deudas.


Explicó que esos recursos sólo pueden ser utilizados en PEMEX, una parte a los estados y otra para el desarrollo social.
Señaló que la única forma para que los pagos puedan realizarse es que se hagan leyes y decretos, y no con puntos de acuerdo: “Los puntos de acuerdo son como cartas a los Reyes Magos”.

 

 

 

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