En riesgo, el pago a los defraudados de Coofia
Promueven un amparo ante el Juzgado Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito del Distrito Federal
Daniel Hernández Cruz
El proceso de pago a los afectados está en riesgo, pues un amparo promovido ante el Juzgado Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito del Distrito Federal podría echar abajo el convenio entre las autoridades del Fipago y el Gobierno del estado.
El próximo 24 de mayo se determinará si procede el amparo promovido por la defensa de Valente Medina Seoane en contra de la Comisión Nacional de la Banca y de Valores (CNBV), en donde se asegura que Financiera Coofia funcionaba con apego a las reglas de esta institución.
De acuerdo con la nota publicada por el portal de noticias e-consulta, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa reportó que no había elementos para suspender las operaciones de Financiera Coofia: “Tras promover el juicio de nulidad en julio de 2006 ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los magistrados de la Cuarta Sala Regional Metropolitana avalaron el 4 de enero de 2010, las pruebas presentadas por la empresa y señalaron que no hubo razón para que la comisión dispusiera dicha cancelación de servicios”.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la decisión del juez se basa en la figura jurídica en la que el Gobierno del estado inició los trámites ante las autoridades del Fipago para que los afectados recuperen parte de sus inversiones.
Explicaron que existen dos figuras jurídicas en las que el Gobierno del estado solicitó el apoyo de las autoridades federales.
Señalaron que para que las negociaciones con el Gobierno del estado no sufran ninguna alteración, debieron haber intervenido como un entidad ajena al conflicto.
Ejemplificaron que las denuncias en contra de Financiera Coofia son parte de una columna: “La CNBV señaló que se debía perseguir un delito, posteriormente se declara la quiebra de la empresa y se solicita la intervención del gobierno del estado por medio para resarcir el daño, por lo que si los jueces determinan que la CNBV no tiene la razón todo el proceso se cae”.
Sin embargo, si el Gobierno del estado únicamente participó como mediador en el conflicto de las negociaciones, no sufrirán ninguna alteración y se podrá resarcir el daño a los afectados.
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