PGJ empieza a aplicar las nuevas reformas

Como la creación de la Policía encubierta, así como la intervención de llamadas telefónicas

En agosto pasado entró en vigor la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, donde destaca que tiene la obligación de aplicar pruebas de control de confianza al personal y policías ministeriales

Daniel Hernández Cruz

Tras las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) aprobadas por el Congreso del Estado en agosto pasado, la dependencia tiene nuevas atribuciones, como poder enajenar bienes que hayan estado involucrados en un delito y sean abandonados, la creación de la Policía encubierta, así como la intervención de llamadas telefónicas, además de la obligación de aplicar pruebas de control de confianza al personal y policías ministeriales.

Intervención de llamadas

En entrevista la directora jurídica, consultiva y de Estudios Legislativos, Reyna Hilda Castillo Calderón, explicó que tras las reformas aprobadas la dependencia tiene la facultad para intervenir comunicaciones.

Explicó que la intervención de llamadas sólo se podrá llevar a cabo cuando se investiguen delitos considerados graves en el Código de Defensa Social.

Además de que la facultad para intervenir llamadas será a solicitud del procurador de Justicia y con autorización de un juez federal.

Señaló que la intervención de las llamadas deberá ceñirse a las condiciones y términos que establezca la justicia federal.
Agregó que cualquier intervención de comunicaciones por parte de un servidor público o particular será motivo de un procedimiento penal, pues sólo en esas condiciones se permite la intervención de comunicaciones privadas.

Policía encubierta

Respecto a la Policía encubierta Castillo Calderón señaló que sólo podrá utilizarse para casos en los que se investiguen delitos contra la salud como el narcomenudeo, en los que los elementos podrán comprar y poseer drogas en las cantidades que establece la Ley General de Salud.

Explicó que para estos fines la participación de elementos como Policía encubierta también deberá ser autorizada por el procurador de Justicia.

Los policías que participen son capacitados y por obvias razones no estarán a la vista de los medios de comunicación; será un grupo entrenado y sometido a estrictas pruebas de control de confianza y no se dará a conocer la fecha de su entrada en funciones.

Bienes abandonados, a la PGJ

En las reformas aprobadas se autoriza al Ministerio Público para que enajene bienes a favor de la PGJ que hayan estado involucrados en hechos delictivos; esto será a través de una subasta.

Esta medida es similar a la Ley de Extinción de Dominio: los bienes que hayan sido obtenidos legalmente serán entregados a su legítimo propietario, en caso de que no se conozca se publicarán edictos.

Si después de 60 días el propietario de los bienes no los reclama se enajenarán a la Procuraduría General de Justicia.

Los bienes serán vendidos por medio de una subasta y los recursos obtenidos serán destinados al fondo de Procuración de Justicia de la PGJ.

Pruebas de confianza

Castillo Calderón comentó que tras las reformas aprobadas la PGJ se obliga a realizar pruebas de control de confianza que también tienen como finalidad detectar las capacidades y debilidades del personal.

Explicó que en lo que se refiere a los elementos de la Policía Ministerial deben someterse a las pruebas de control de confianza, y una vez que hayan sido aprobadas recibirán una certificación la cual deberán obtener cada seis meses.

Las pruebas son evaluaciones psicológicas, físicas, socioeconómicas y de conocimientos y apego a los valores de la institución.

Las reformas fueron aprobadas en agosto pasado cuando la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (DIEDO) pasó a ser Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto (DADAI), en donde se incluye a la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Secuestro, y la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos y Transporte.

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