No procederá ofensiva de la alianza opositora vs marinismo


Ya pasó el tiempo para poner la controversia constitucional por la Ley de Fiscalización


La Legislatura entrante solamente tendrá 10 días para analizar y en su caso aprobar los últimos 30 días de la administración de Mario Marín, ya que la propuesta priista establece que el último ejercicio fiscal comprendido de enero a febrero de 2011 deberá ser aprobado en el mismo mes


Selene Ríos Andraca


Las dirigencias del PAN, PRD y Convergencia se quedarán con las ganas de presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma en materia de fiscalización a la Carta Magna, toda vez que el tiempo para promover el recurso se ha agotado y carecen de la venia de la tercera parte del Congreso local para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para inconformarse por el blindaje de las cuentas públicas de la administración marinista.


En mayo de 2009, la mayoría priista en el Congreso local —con la tibia abstención de la bancada panista— aprobó una polémica reforma a la Constitución local en materia de fiscalización, pues mediante la modificación del artículo 50 se estableció la aprobación de la última cuenta del mandatario en turno en dos periodos: enero a septiembre, que será aprobado en el mes de octubre; y de octubre a diciembre, avalado a principios de enero de 2011.


La Legislatura entrante solamente tendrá diez días para analizar y en su caso aprobar los últimos 30 días de la administración de Mario Marín, ya que la propuesta priista establece que el último ejercicio fiscal comprendido de enero a febrero de 2011 deberá ser aprobado en el mismo mes.


La mencionada a la Constitución en materia de fiscalización obedeció a la reforma constitucional federal al artículo 116, el cual establece nuevas reglas para la calificación de cuentas públicas en las entidades y en Puebla fue aprobado en mayo y publicado en junio del mismo año.


Aunque el tema central de la reforma de fiscalización era el blindaje de la cuenta pública 2010 de Mario Marín, la bancada del PAN, entonces encabezada por Eduardo Rivera, centró sus críticas en el periodo del auditor del OFS y dejaron pasar la reforma con una postura tibia que se redujo a la abstención.


Hoy, 18 meses después de las modificaciones constitucionales, Acción Nacional pretende promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Carta Magna realizada a mediados del año pasado.


“La acción de inconstitucionalidad se tiene que promover 30 días posteriores a la publicación de la reforma. Esta reforma fue publicada hace una semana, por lo tanto el tiempo está corriendo y antes de 30 días nosotros lo estaríamos promoviendo, por lo que vamos a revisar la viabilidad de la misma”, dijo Juan Carlos Mondragón confundiendo el reglamento del OFS con la Constitución poblana.


De acuerdo al artículo 105, los partidos políticos están facultados para promover acciones de inconstitucionalidad pero exclusivamente para leyes electorales, y los otros entes facultados son la tercera parte del Congreso o la Comisión Estatal de Derechos Humanos.


“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (…) II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.


Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma”.

 

 

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