Raymundo García le corrige la plana a la megacoalición


El jurista asegura que ni la impugnación ante la SCJN ni el amparo son los caminos jurídicos para echar abajo la reforma a la Ley de Fiscalización


Viridiana Lozano Ortíz


El exdiputado local del PAN, Raymundo García García, desarmó la ofensiva de la alianza opositora para impugnar la reforma en materia de fiscalización a la Carta Magna, al señalar que ni la controversia constitucional ni la promoción de un amparo son caminos jurídicos exitosos para lograr la revisión de la cuenta pública marinista por la próxima Legislatura, por lo que recomendó a la oposición evidenciar la “ineficiencia brutal del titular del OFS” y removerlo del cargo.


En entrevista, Raymundo García se lanzó en contra de Víctor Manuel Hernández Quintana, a quien acusó de ser un empleado más del marinismo.


“Hay que demostrar que el titular del OFS es cuñado del subsecretario del Trabajo y Competitividad y que obedece a los intereses del gobernador, y que en ese sentido no va a ser una persona que se maneje de manera neutral, de manera objetiva, y por lo tanto se tiene que ir. Eso es lo mejor en términos políticos, porque en términos jurídicos no veo que lo tengan totalmente resuelto”.


La semana pasada los líderes estatales de la megacoalición advirtieron que presentarían una controversia constitucional en contra de las reformas a la Ley de Fiscalización, con la finalidad de que la cuenta pública 2010 del Ejecutivo sea revisada por los legisladores electos.


Luego, el representante de la alianza opositora ante el Instituto Electoral del Estado, Rafael Guzmán, corrigió la plana a los líderes estatales y explicó que lo que se buscará promover es un amparo ante un juzgado federal, una vez que la Comisión Inspectora del OFS apruebe el ejercicio fiscal del gobernador Mario Marín.


Ante esto, Raymundo García explicó que, si bien aún están en tiempo de presentar una controversia, sería prácticamente imposible que los diputados de Acción Nacional logren la anuencia para que una tercera parte del Congreso se sume a la inconformidad.


“Primero el PAN debería revisar si tiene el porcentaje de diputados que se necesitan para promoverla, no lo tienen, entonces no habrá promoción. Supongamos que lo tuvieran por la ruptura del marinismo, habría que ver en los términos que argumentaría y cómo participó la fracción parlamentaria del PAN en la reforma del año pasado”.


Sobre la promoción del amparo ante un juzgado federal, el investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAP rechazó que su fundamentación sea aceptada, pues recordó que a nivel federal se ha promovido que las cuentas públicas no sean utilizadas como garrote político.


—Si no es la controversia constitucional, ¿qué podrían presentar? Porque hablan de un amparo en el momento en que sea dictaminada la cuenta del Ejecutivo —se le preguntó.


—No, no porque ya hay un antecedente; este fenómeno ya se dio, no es nuevo, ya sucedió en la administración melquiadista, hay todo un movimiento nacional porque no se utilicen las cuentas públicas como garrote político —respondió.


El fondo, explicó Raymundo García, está en evidenciar el trabajo de Víctor Manuel Hernández Quintana como titular del Órgano de Fiscalización Superior y lograr así su remoción del cargo, pues recordó que entre las reformas al artículo 50 de la Constitución local se aprobó la ampliación del periodo del titular del OFS por siete años.


“Lo que yo cuestionaría es el asunto de la legitimación, lo que deberían de hacer es demostrar con datos la ineficiencia brutal del titular del Órgano y removerlo del cargo, esa sería la mejor estrategia política… Con las reformas generales que se hicieron en materia de fiscalización hubo adecuaciones al titular, que se nombró o se renombró al actual titular para que se mantenga por siete años más; el gobernador Mario Marín, previendo que iba a perder la elección, no quiso arriesgarse”.


García García reiteró que la revisión de las cuentas públicas del Ejecutivo antes de que concluya el sexenio es una práctica que se realiza desde la administración de Melquiades Morales, a quien la LV Legislatura aprobó el ejercicio fiscal de su último año de gobierno de enero a septiembre, y que lo único que hizo la actual Legislatura fue aumentar un mes más a la revisión y abrir un periodo extra de sesiones en el Legislativo para revisar noviembre y diciembre.

 

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