Manda Calderón iniciativa de Mando Único al Senado


Con la intención de que los gobernadores asuman los mandos de los cuerpos policiacos

 

Afirma que se trata de un mando policial que exige doctrina propia, liderazgo, inteligencia y contrainteligencias, así como carrera policial, régimen disciplinario e imagen pública respetable

 

Agencias

 

El Senado recibió ayer iniciativas de reforma constitucional para crear el Mando Único de las Policías estatales, que modifica los artículos 21, 73, 115 y 116 de la Constitución, para que los gobernadores asuman los mandos policiacos, que propone el presidente Felipe Calderón.


En los considerandos, Calderón afirma que se trata de un mando policial que exige doctrina propia, liderazgo, inteligencia y contrainteligencias, así como carrera policial, régimen disciplinario e imagen pública respetable.


El Ejecutivo señaló que la medida busca conservar y desarrollar a la Policía Municipal en la medida en que cumpla con las condiciones objetivas de desarrollo municipal.


Los gobernadores tendrán a su cargo el mando de la Policía y podrán nombrar a un titular.


Los municipios, para contar con policías, deberán certificar a sus elementos y acreditar que cumplen con las condiciones objetivas de desarrollo institucional. De lo contrario quedarán a cargo de la Policía Estatal bajo el mando del gobernador.


Mencionó que en cuatro años de la presente administración se ha logrado que la Policía Federal sea superior a cualquier cuerpo de Policía en al país, debido a que existe planeación e inteligencia.


Por la mañana, el presidente Calderón anticipó a la fracción del PAN en el Senado los “criterios” de la iniciativa de ley de Mando Único de Policía, que reformaría cinco artículos constitucionales, para facultar a los gobernadores a asumir esas facultades y las de la Policía Municipal cuando se juzgue que se trata de casos de fuerza mayor.


En el texto se propone la creación de la Guardia Municipal y se mencionan supuestos en que la PGR asumirá la conducción de las procuradurías estatales, así como el establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública.


“Se establece que el gobernador asumirá el mando de las guardias municipales en los casos de que éste juzgue de fuerza mayor la alteración grave del orden público, o cuando se incumpla con el sistema de desarrollo municipal correspondiente”, indica la propuesta de reforma al Artículo 115.


En tanto que ese mismo artículo prevé que el gobernador asumirá el mando de las Policías estatales en el marco de la reforma para centralizar la seguridad pública en las 32 entidades federativas.


Legisladores consultados dijeron que se prevé que la iniciativa llegue de manera formal al Senado en las próximas horas.

 

Señalaron diputados en la comparecencia de Arturo Chávez Chávez

 

“El michoacanazo evidencia
el uso político de la PGR”

 

Agencias

 

El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, aseguró que a pesar de que la mayoría de alcaldes y funcionarios de Michoacán fueron puestos en libertad por resoluciones judiciales, pueden volver a enfrentar a la justicia “si surgen nuevos elementos en su contra”.


En comparecencia ante diputados federales por la gestión de la Procuraduría en el cuarto año de gobierno del presidente Felipe Calderón, Chávez Chávez explicó que las sentencias a favor de la libertad de la mayoría de funcionarios en el michoacanazo están apeladas e impugnadas.


Ante la insistencia de los diputados federales de oposición, detalló todo el proceso.


Explicó que se obtuvo información por medio de testigos acerca de que los alcaldes, funcionarios y el diputado federal electo dotaban y facilitaban de información sobre movimientos y operativos policiacos a un grupo de la delincuencia organizada.


Dijo que si bien los dichos de los testigos protegidos no son suficientes para asentar responsabilidades, sí son base de una investigación que debe ir acompañada de hechos y pruebas.


“La PGR en su momento consideró que con esos elementos adicionales era suficiente, y primero liberó una orden de aprehensión que fue ejecutada, luego el arraigo concedido a 30 personas, después solicitó el ejercicio de la acción penal en contra de 27, posteriormente pidió una orden de aprehensión en contra de 16, de las cuales se ejecutaron cinco”.


“Los indiciados fueron puestos en libertad excepto una de las 32; en 12 de los casos se revocó el auto de formal prisión, los otros se sobreseyeron por falta de elementos para procesar, en nueve de ellos hubo sentencia absolutoria, y dos de ellos mediante resolución de amparo en contra del auto de formal prisión obtuvieron su libertad. Pero es importante precisar que ninguna de estas causas en concreto significó la presentación de la queja, pues se ha entrado al fondo. Lo que dijeron los diferentes jueces fue que los elementos aportados por la Procuraduría no eran suficientes”, dijo.


Antes, la perredista Dolores de los Ángeles Mazario aseguró que el michoacanazo evidencia el uso político de la Procuraduría.


“La PGR no logró nunca demostrar ninguno de los delitos de que se les acusó, la PGR fue sólo una oficina de trámite con fines políticos. Debería reconocer que se equivocó, y no impugnar las resoluciones judiciales en un claro atentado a la autonomía y funcionamiento del poder Judicial”, dijo la diputada del PRD.

 

 

 

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