Reforma al Código de Defensa retrasa aprobación de crédito


Hoy la Comisión de Gobernación analizará la iniciativa para tipificar como delito el espionaje contra instituciones de seguridad


Viridiana Lozano Ortíz


Una nueva iniciativa presentada por los diputados de la LVIII Legislatura retrasó por tercera ocasión la sesión extraordinaria que deberá realizarse para aprobar la línea de crédito por 7 mil 800 millones de pesos al gobierno del estado. La iniciativa consiste en tipificar el delito de espionaje contra las instituciones de seguridad pública y procuradurías de Justicia en el Código de Defensa Social.


La reforma será analizada este día en la Comisión de Gobernación, a fin de que se sume al paquete de iniciativas que será puesto a consideración del Pleno en el periodo extraordinario de sesiones que se convocará esta semana.


Las iniciativas ya dictaminadas y a espera de ser turnadas a la Cámara de Diputados son: la solicitud de línea de crédito para el gobierno del estado y los ayuntamientos, la creación del Instituto de Planeación Municipal en el Ayuntamiento de Puebla, y la sectorización del Organismo Operador de los Servicios de Limpia a la Secretaría de Medio Ambiente del municipio capitalino.


Según el documento -que puede consultarse en la página del Congreso www.congresopuebla.gob.mx-, se tipificará el delito de espionaje en el Código de Defensa Social, para el que se establece una sanción de dos a seis años de prisión y una multa de 50 a 200 días de salario mínimo.


“Artículo 186 Septies. A quien, con intención de obstruir el desempeño legítimo de las instituciones de seguridad pública o de encubrir o facilitar un delito, aceche, vigile o realice actos tendentes a obtener información sobre la ubicación o actividades de servidores públicos de las instituciones de seguridad pública o procuración de justicia, que realicen operativos, labores de seguridad pública, persecución, sanción de delitos o de ejecución de penas, se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de 50 a 200 días de salario mínimo”.


Además, en caso de que el espionaje se realice en contra de operativos para combatir la delincuencia organizada, “trata de personas, narcomenudeo, secuestro o robo de vehículos”, la pena aumentará de cuatro a diez años de prisión.


Hace tres semanas la Comisión de Hacienda aprobó el endeudamiento por 7 mil 800 millones al gobierno morenovallista, en ese momento se anunció que se convocaría de inmediato a una sesión extraordinaria para aprobar el empréstito -debido a que el Congreso está en receso-; sin embargo la cita se ha pospuesto, ya que los diputados buscan aprobar el mayor número de propuestas para sumarlas al orden del día de la sesión.




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