Puebla no está preparada para la reforma judicial


Reconocen legisladores e investigadores en el foro “Administración e impartición de justicia” organizado por el Congreso local


Analizan solicitar prórroga para realizar adecuaciones a la ley en la materia. Guillermo Aréchiga dijo que al menos son nueve leyes las que deberán ser reformadas e, incluso, se tendrán que integrar nuevos ordenamientos, para lo que el Legislativo sólo cuenta con dos meses


Viridiana Lozano Ortíz


Durante el foro “Administración e impartición de justicia”, convocado por el Congreso local en el municipio de Izúcar de Matamoros, diputados e investigadores coincidieron en que Puebla no está preparada para la reforma judicial que contempla la instauración de juicios orales a partir del 18 de junio, por lo que el Legislativo analiza solicitar una prórroga para realizar las adecuaciones necesarias de la ley en la materia.


El presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, declaró que al menos son nueve las leyes que deberán ser reformadas e, incluso, se tendrán que integrar nuevos ordenamientos, para lo que el Legislativo sólo cuenta con dos meses.


Aunque Aréchiga Santamaría aseguró que el equipo jurídico del Congreso ya ha comenzado a trabajar en las reformas secundarias al Código de Procedimientos Penales, no pudo asegurar que estén listas para el inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones que inicia el primero de junio.


Por esta razón, el líder del Congreso señaló que esperarán a obtener los primeros resultados de la Comisión Ejecutiva para la Modernización y la Procuración y Administración de Justicia, para priorizar las reformas que deberán realizarse.


“Tendremos que revisar la fecha para ver si podemos arrancar en ese tiempo, podemos buscar los mecanismos que nos permitan mover la fecha, es un trabajo en el que vamos los tres poderes por eso hay una Comisión Ejecutiva en la que también participa el gobierno federal”.


Es preciso recordar que durante las últimas semanas de su gestión, los diputados de la LVIII Legislatura aprobaron el nuevo Código de Procedimientos Penales, de acuerdo a la reforma federal aprobada en el 2008, y establecieron que el 18 de junio deberían comenzar a operar las primeras salas de juicios orales en Puebla.


Al foro realizado para complementar la agenda legislativa del PRI, Acción Nacional, PT y el Verde Ecologista, asistieron expertos en materia penal, entre ellos la investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, María Sierra Pacheco; el director del Centro Interamericano de Certificación, Gabriel Andrés Campoli; Francisco Fierro Sosa, director del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la PGJ; y Elba Rojas Brushetta, directora de estudios judiciales del Tribunal Superior de Justicia.


El foro estuvo dividido en cinco mesas de trabajo: reforma al Poder Judicial, Estado de Derecho, seguridad pública y administración e impartición de justicia.


Prórroga del sistema judicial será hasta finales del 2011


Francisco Fierro Sosa, director del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia, advirtió que la prórroga para comenzar a implementar el nuevo sistema de justicia penal podría llevarse hasta finales del 2011, debido a que hasta el momento sólo se tiene un proyecto de planeación en términos muy generales.


Además, advirtió que es necesario que se establezca un plan maestro de implementación en el que se contemplen los tiempos y costos para el nuevo sistema de justicia penal, pues hasta el momento se han contemplado 200 millones de pesos para arrancar con el sistema, sin embargo, estos recursos no serán suficientes.


“Se necesita un plan maestro de implementación que establezca, además de tiempo y costos, las necesidades del Poder Judicial y Ejecutivo a partir de infraestructura. En Durango ya se inició la reforma con 100 millones de pesos y no le alcanzó, nosotros estamos pensando 200 y tantos millones para la primera región y no da todavía. Se necesita una reforma integral a partir de la armonización legislativa, elaboración de un plan maestro de implementación y la disposición de recursos suficientes, porque ahí va la dignificación del sistema de justicia”.


Informó que, hasta el momento, se han capacitado a diez jueces, ocho defensores, ocho ministerios públicos, 37 gestores judiciales, en un periodo de tres meses.


Declaró que es necesario que el estado sea dividido en al menos seis distritos judiciales, los cuales tentativamente estarían establecidos en Teziutlán, Tehuacán, Puebla, Huauchinango, Izúcar de Matamoros y Huejotzingo. Según esta planeación, en la capital comenzarían a operar hasta el 2016.


Se lanzan contra legislatura


Gabriel Andrés Campoli, director del Centro Interamericano de Certificación, criticó a la LVII Legislatura por atrasar el inicio de la reforma judicial en Puebla, pues fue hasta diciembre cuando la anterior Cámara de Diputados aprobó el Código de Procedimientos Penales, estableciendo un plazo de sólo seis meses para realizar las reformas secundarias.


“Yo no quisiera estar en los zapatos de los actuales diputados, tienen por delante un trabajo muy difícil, y el problema puede no ser cuestión de tiempo sino de voluntad política, si hay 41 diputados y se tienen que reformar 41 leyes se podría hacer si cada uno se dedicara a una. La legislatura anterior, promulgó, publicó y puso en vigencia el Código de Procedimientos Penales para el estado de Puebla, el problema es que cuando haces una modificación de procedimiento penal, no sólo modificas el código sino que tienes que modificar un montón de leyes anexas”.


Explicó que entre las leyes que se tendrán que modificar están: la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia. Además, se deberán crear nuevos ordenamientos como la Ley de Medios Alternativos.


Finalmente, consideró que uno de los problemas más importantes a los que se enfrentará la LVIII Legislatura será detectar todas las leyes que deben ser modificadas para el nuevo sistema de justicia penal pues, de lo contrario, podría ser inoperante.


SEP debe de cooperar: Brusheta


La directora de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia, Elba Rojas Brusheta, señaló que el gobierno de Puebla no debe olvidar que esta reforma judicial debe coordinarse con la Secretaría de Educación Pública para modificar los programas educativos y hacer del conocimiento de la población el nuevo sistema penal y capacitar a los estudiantes de Derecho.


“Es necesario que la SEP esté pendiente de los programas educativos ya que deben modificarse, de lo contrario, el producto de las escuelas no va a saber enfrentar este nuevo sistema. Tenemos 52 escuelas de Derecho en la capital, 16 en Tehuacán y 20 en el interior del estado y no se están cambiando los modelos académicos de las universidades”.


Advirtió que es fundamental que los cuerpos policiales estén capacitados correctamente para enfrentarse al nuevo sistema de justicia penal, pues de lo contrario se corre el riesgo de “colapsar el sistema”.


Rojas Brusheta consideró que, para implementar los juicios orales en Puebla, se necesita al menos de tres jueces de Ejecución, uno en la capital, otro foráneo y un tercero para adolescentes.


Piden sacar una reforma al sistema penal


La investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, María Sierra Pacheco, consideró que tanto los estados como la Federación deben hacer los esfuerzos suficientes para que la reforma al sistema penal comience a operar en junio, ya que según el proyecto nacional el sistema deberá estar modificado al cien por ciento para el 2016.


“Se tiene un problema en cuestión de tiempos, pues el plazo concluye en el 2016, sin embargo, no hemos hecho los esfuerzos necesarios para el tiempo que ya llevamos recorrido, los estados tendrán que evaluar la forma en la que deberán implementar la reforma al sistema de justicia penal y al sistema de seguridad nacional. La prórroga es un tema que ha empezado a sonar a nivel federal, que probablemente se pida una prórroga para la implementación de la reforma, lo ideal sería que no, que se hicieran los esfuerzos necesarios para implementarla en los tiempos que se estableció en los transitorios, con la reforma del 2008”.




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