Sergio Ramírez, el gran inquisidor de periodistas
Desde el pasado 25 de julio, Rafael Moreno Valle erigió a:
Mediante un acuerdo, el director de Comunicación Social será el encargado de
hacer las aclaraciones sobre el gobierno estatal y de ejercer las acciones jurídicas en contra de comunicadores o periodistas por daño moral
Selene Ríos Andraca
El gobernador Rafael Moreno Valle delegó en su director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, la facultad de ejercer el derecho de réplica y las demandas de daño moral concernientes a las acciones del gobierno y sus funcionarios, erigiéndolo como el Torquemada sexenal, según un acuerdo por el que se reforma el decreto que crea la Dirección de Comunicación Social publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 25 de julio.
Tras las reformas que endurecen las penas por daño moral, mejor conocidas como la Rafamordaza, al interior del gobierno morenovallista se desató un debate jurídico sobre quién era el funcionario facultado para representar a la administración en este tipo de demandas civiles y el debate se resolvió modificando el decreto que creó la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, misma que modificó su nombre a Dirección de Comunicación Social del Poder Ejecutivo.
Mediante las modificaciones al acuerdo, Rafael Moreno Valle delegó en el director de Comunicación Social las facultades, entre otras, de aplicar la Rafamordaza, la cual sanciona comentarios, opiniones, posturas o afirmaciones de comunicadores y medios de comunicación con respecto a las acciones de gobierno a través de una multa tope de 3 mil días de salario mínimo.
En la fracción XIV del artículo 2 del decreto referido se faculta al director de Comunicación Social a: “Ejercer los derechos a los que se refieren los artículos 1958, 1958 bis y demás del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, respecto de las acciones del gobierno, sus dependencias o entidades, el gobernador, secretarios y demás funcionarios en relación con su actuación pública, así como las acciones legales necesarias para hacerlos efectivos; sin que ello excluya las acciones que pudiera ejercer directamente al afectado”
En la fracción X del artículo sexto del mismo decreto se le faculta a Sergio Ramírez: “Realizar las aclaraciones y ejercer las acciones que considere pertinentes respecto de las afectaciones al honor o reputación, los señalamientos, declaraciones o publicaciones que se refieran al gobierno, sus dependencias o entidades, al gobernador, secretarios y demás funcionarios en relación con su actuación pública”.
En los transitorios se especifica que en los próximos 30 días, a partir del 25 de julio, el gobernador expedirá el Reglamento Interior de la Dirección General para el funcionamiento de las facultades de la mencionada Dirección.
En las consideraciones del acuerdo se especifica la necesidad de que un representante del gobierno estatal ejerza el derecho de réplica y las acciones en caso de daño moral: “recientemente ha sido modificado el Código Civil en materia de daño moral y del derecho de reparación del daño padecido, así como con respecto a garantizar la publicación de la respuesta que emita cualquier afectado en condiciones similares a aquella que haga referencia a su persona, cuando considere necesario realizar alguna aclaración, por lo que, derivado de esta reforma, resulta prioritario actualizar la esfera de competencia de la Dirección de Comunicación Social”.
Fuentes morenovallistas confiaron a CAMBIO que hasta el momento no existen acciones civiles contra periodistas o comunicados, debido a que no existía el representante jurídico en dicho ámbito, pero a partir de estas reformas, la administración ya podrá ejercer su derecho de daño moral.
El pasado 26 de febrero, el Congreso local despenalizó los delitos de difamación y calumnias y los enlistó en el Código Civil del estado para fijar las nuevas reglas para el caso de daño moral que afecta, principalmente, a comunicadores, representantes y propietarios de medios de comunicación.
La Rafamordaza, como fue conocida la medida en el ámbito político, académico y periodístico, entró en vigor desde aquellos días, estableciendo como un tope máximo de multa de 3 mil días de salario mínimo, tasados en alrededor de 180 mil pesos.
Hasta el momento, los casos reportados por daño moral se han limitado a particulares y no existe ninguna querella en contra de periodistas de parte del gobierno morenovallista o municipales.
La Rafamordaza logró aglutinar a la mayoría de los medios de comunicación para aclarar las nuevas reglas legales que regirán el oficio periodístico, y se logró estipular un tope máximo, así como eliminar la palabra “sentimientos” de las causales de daño moral.
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