Mario Marín sufrió la rebelión de magistrados
El escándalo Lydia Cacho descompuso la relación del ejecutivo con el poder Judicial; y a la derrota del delfín se desató la guerra
Daniel Hernández Cruz
Tras su debilitamiento político por el caso Cacho, Mario Marín Torres fue el primer gobernador en enfrentar una revuelta en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), encabezada por los magistrados Alfredo Mendoza García y Gerardo Villar Borja, quienes se resistieron a la imposición del incondicional marinista Ricardo Velásquez Cruz como presidente del poder Judicial, tras el retiro de Guillermo Pacheco Pulido.
Mario Marín permitió que su maestro y protector Guillermo Pacheco Pulido se quedara al frente del Tribunal durante tres de años al inicio del sexenio en agradecimiento por los favores del pasado, pues Pacheco Pulido rescató a Mario Marín cuando fue destituido como juez Familiar y lo nombró secretario particular en su administración municipal.
A lo largo del sexenio Marín Torres logró el control del poder Judicial gracias a sus relaciones pasadas y a la autoridad de Pacheco Pulido, aunque su legitimidad comenzó a mermar luego de ser acribillado por los medios de comunicación nacionales e internacionales por la detención de la periodista Lydia Cacho y tras la salida de Pacheco Pulido del Tribunal Superior de Justicia.
El gobernador intentó que su asesor jurídico -y autor intelectual de su defensa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso Cacho-, Ricardo Velásquez, asumiera la presidencia del TSJ en la recta final del sexenio, pero los magistrados Mendoza y Villar Borja frustraron su plan.
En los últimos días del sexenio el Tribunal nuevamente se reveló contra Marín Torres con el único objetivo de quedar bien con el mandatario electo Rafael Moreno Valle, quien ya ha anunciado una reforma a fondo en el poder Judicial, aparte de que han comenzado a circular los perfiles de los próximos magistrados de Puebla.
Los negocios, el nepotismo, la sumisión y la obediencia fueron las características del poder Judicial que acompañó a Marín a lo largo de su sexenio.
TSJ tras el escándalo Cacho
2006
El Tribunal Superior de Justicia fue el eje central del escándalo Cacho-Marín, pues fue la juez Quinto Penal, Rosa Celia Pérez González, quien giró la orden de aprehensión en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro con una celeridad inusitada.
Incluso, Guillermo Pacheco Pulido fue quien ordenó que la fianza para liberar a la periodista fuera de 70 mil pesos, cifra sobredimensionada para casos de difamación y calumnia.
El caso Cacho alcanzó al magistrado Alfredo Villar Borja, pues por ser uno de los magistrados más cercanos al mandatario se le ordenó resolver el recurso de apelación presentado por la autora de Los demonios del edén; empero, se acobardó y traspasó el caso a su par Fernando García Rosas, quien falló a favor de Marín sin ningún recelo.
Negocios y nepotismo
en el TSJ
2007
Los negocios y nepotismo han sido características de la mafia que controla el Tribunal Superior de Justicia. En agosto del 2007 CAMBIO dio a conocer uno de los negocios dentro del TSJ que era operado por Pacheco Pulido y Alfredo Mendoza: el estacionamiento de Ciudad Judicial, el cual fue cercado para cobrar 10 pesos.
Otro de los negocios que amarraron Pacheco y Mendoza fue el de las fotocopiadoras, concesión a cargo de la esposa de Mendoza García, Sandra Perea Iturriaga.
Si en algo destacaron los magistrados del TSJ fue en el apoyo a sus familiares, a quienes acomodaron en puestos dentro del poder Judicial. Figura Alfredo Mendoza, quien en la nómina del TSJ le dio trabajo a toda su familia política: su esposa, sus suegros José Perea y Luz Iturriaga; sus cuñados Luz María, Claudia, Ivonne, Eric Perea Iturriaga y uno de sus mejores amigos, identificado como Gumaro Hernández Torres.
Otros con familiares en el poder Judicial son Gerardo Villar Borja, Helmo Mayoral Bello, Fernando García Rosas, Álvaro David López Rubí, Carlos Enrique Hernández Ramírez y María de los Ángeles Juárez Hernández.
Se va Pacheco del TSJ
2008
Tras nueve años en la presidencia del Tribunal, Guillermo Pacheco Pulido abandonó el cargo la mañana del 15 de febrero de 2008, minutos después de haber rendido su último Informe de Labores. El argumento para ausentarse del TSJ fue el retiro obligatorio a los 75 años de edad que marca la Ley Orgánica del poder Judicial en su numeral 224.
Llega León Dumit
2008
Para ocupar el lugar de Pacheco Pulido fue designado León Dumit Espinal; versiones periodísticas señalan que fue uno de los pagos de facturas del gobernador del estado Mario Marín, pues Dumit Espinal fue de los pocos que apoyó al gobernador cuando fue destituido como juez de lo Familiar.
Sin embargo, el nuevo presidente marcó su distancia principalmente con Alfredo Mendoza al grado de la confrontación, luego de que el nuevo presidente lo obligara a retirar los automóviles de lujo que guardaba en el estacionamiento del TSJ.
Velásquez Cruz, magistrado
sin voz ni voto
2009
Tras el escándalo Cacho el gobernador pagó otra de sus facturas, esta vez a Ricardo Velásquez Cruz, quien fue su asesor jurídico durante el proceso judicial del que fue exonerado por la Suprema Corte de Justicia.
A pesar de que los magistrados liderados por Gerardo Villar Borja y Alfredo Mendoza rechazaban la idea de que Velásquez Cruz fuera integrante del Pleno, a través de una reforma en el Congreso local el asesor jurídico logró colarse a la cúpula del poder Judicial.
A su llegada fue designado como responsable de visitar y auditar juzgados, tarea que anteriormente era ejecutada por todos los magistrados, pero luego de la derrota electoral del pasado 4 de julio fue retirado de esta labor.
La plaza de magistrado que se abrió para Velásquez Cruz fue denominada como Coordinación de Comisiones de la Junta de Administración del poder Judicial, puesto que no existe en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, por lo que no tiene voz en el Pleno del poder Judicial.
La supuesta renuncia
de 12 magistrados
2010
Antes de la debacle tricolor en las elecciones del 4 de julio de 2010, Marín Torres tenía el control del poder Judicial y del Legislativo, y con el objetivo de mantenerlo intacto pidió a 12 de 25 magistrados que iniciaran sus trámites de jubilación para que sus lugares fueran ocupados por otra docena de incondicionales marinistas.
Versiones periodísticas señalan que la docena de magistrados inició sus trámites a cambio de un millón de pesos.
Los magistrados que solicitaron su retiro en mayo del 2010 fueron Álvaro David López Rubí, Saúl Acosta Hernández, Blanca Louvier Díaz, Alfredo Mendoza García, María de los Ángeles Juárez, Elba Rojas Bruschetta, Gerardo Villar Borja, Juan José Barrientos Granda y Francisco David Motolinía, así como Leonardo Tecuapetla, Carlos Enrique Hernández Ramírez y Fernando García Rosas, quien solicitó la jubilación por cuestiones de salud. Sin embargo, la derrota electoral frustró el plan de Mario Marín y los magistrados recularon y públicamente explicaron que se trató de un simple trámite burocrático.
Le dan la espalda
al marinismo
2010
Tras la derrota electoral del candidato del PRI, Javier López Zavala, los togados le dieron la espalda al gobernador y trataron de vanagloriarse con el gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas.
El momento adecuado lo encontraron cuando el director del Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, Rafael Moreno Valle Buitrón, anunció la venta de predios en los que incluía el estacionamiento de Ciudad Judicial.
Los magistrados, encabezados por Alfredo Mendoza García y Gerardo Villar Borja, se rebelaron al gobernador saliente y exigieron -por primera vez en seis años- respeto a la autonomía del poder Judicial.
La respuesta del mandatario llegó de inmediato, pues mandó a la fuerza pública para custodiar el inmueble. Los magistrados, por su parte, amenazaron con presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia por “actos perturbatorios en contra del TSJ”.
La venganza de Marín
El arribo de Mario Marín Torres al poder Ejecutivo provocó el miedo en los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Mendoza García y Álvaro David López Rubí, debido a que ellos impulsaron la destitución del gobernador saliente como juez Familiar por una sentencia de divorcio.
Ante la humillante salida de Marín Torres del poder Judicial, Guillermo Pacheco Pulido lo acogió y le dio trabajo en el Ayuntamiento capitalino como secretario particular. Ahí comienza la historia política del mandatario poblano, que pasará a la historia como “El góber precioso”.
Sin embargo, la cercanía entre Marín Torres y el entonces presidente del TSJ permitió a los magistrados conservar sus puestos a cambio de su sumisión a los deseos del mandatario.
Autos de formal prisión
desde la Segob
Como parte del control que el gobernador mantuvo en el Tribunal Superior de Justicia mandó como secretario adjunto de la presidencia a Enrique Ruiz Delgadillo, quien fue nombrado magistrado en 2006 como premio a su lealtad al gobernador Mario Marín Torres.
Ruiz Degadillo fue asesor jurídico de la Secretaría de Gobernación y, de acuerdo con fuentes del poder Judicial, era quien tiraba línea a los jueces y magistrados para que sentenciaran a conveniencia de los intereses del mandatario.
Las irregularidades en el TSJ fueron documentadas por la Comisión Interamericana para el Estudio y el Análisis de los Derechos Humanos (CIEDH), que el 31 de agosto de 2007 publicó un desplegado en el que acusó a los jueces y magistrados del TSJ de enriquecimiento ilícito y de “grave riesgo de colusión con bandas de delincuencia organizada”.
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