LVII Legislatura, cómplice del endeudamiento marinista


Atentó contra la transparencia, los derechos humanos y el Estado laico


El Revolucionario Institucional hizo uso de su mayoría para vapulear a la raquítica oposición del PAN y logró sumar a su bando a los legisladores de la chiquillada, como Carolina O’Farril, de Convergencia; José Manuel Fernández, del PT; Irma Ramos, del PRD, y Pablo Contreras, de Nueva Alianza


Viridiana Lozano Ortíz


La LVII Legislatura pasará a la historia por haber atentado contra el Estado laico, los derechos humanos, la transparencia, la democracia y, por si fuera poco, avaló medidas económicas para incrementar la deuda pública a casi 10 mil millones de pesos. Su sello fue su sometimiento y servilismo a los intereses del aún gobernador Mario Marín Torres.


El Revolucionario Institucional hizo uso de su mayoría para vapulear a la raquítica oposición del PAN y logró sumar a su bando a los legisladores de la chiquillada, como Carolina O’Farril, de Convergencia; José Manuel Fernández, del PT; Irma Ramos, del PRD, y Pablo Contreras, de Nueva Alianza.


En 2008, su primer año como legisladores, la mayoría priista tomó el control de la agenda legislativa aprobando reformas a la Ley de Transparencia para aumentar la opacidad en el ejercicio de recursos de la administración marinista.


Los legisladores del tricolor detuvieron por casi medio año la destitución de Antonio Juárez Acevedo como comisionado para el Acceso a la Información Pública (CAIP), pues fue hasta la última sesión del 2008 cuando se vieron obligados a cortarle la cabeza.


Los legisladores del Revolucionario Institucional, además, aprobaron dos líneas de crédito para la administración marinista: una para el Soapap por 712 millones de pesos y otra para Carreteras de Cuota por mil 54 millones de pesos.


En 2009 los priistas evidenciaron su ignorancia en materia electoral, luego de que la reforma electoral aprobada en el Congreso para mantener la elección del 2010 en noviembre fuera revertida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó que los comicios se celebraran en julio.


Durante el segundo año de la Legislatura los diputados de Acción Nacional concretaron su primer trueque legislativo pues, con la anuencia del tricolor, aprobaron la “contrarreforma” Bailleres, que violenta el Estado laico de la Carta Magna por adicionar conceptos religiosos que rechazan el aborto voluntario, la eutanasia o muerte de voluntad anticipada.


A cambio los legisladores del blanquiazul aprobaron las reformas a la Ley de Fiscalización para blindar las cuentas públicas del gobernador Mario Marín, al permitir que los recursos utilizados durante el 2010 fueran aprobados por la actual Legislatura.


A seis meses de los comicios electorales del 4 de julio para renovar al Ejecutivo y a los diputados locales, la aplastante mayoría priista al interior del Congreso aprobó una línea de crédito por 2 mil 500 millones de pesos.


En 2010 Javier López Zavala se convirtió en el “gran legislador”, al ordenar a los diputados locales del PRI la derogación de la Tenencia Vehicular y la autonomía a la Comisión de Acceso a la Información Pública, ambas propuestas de su fallida campaña rumbo a la gubernatura.


Luego de que el candidato priista perdiera la elección del 4 de julio los legisladores debieron someterse a los intereses del gobernador entrante Rafael Moreno Valle. Fueron dictados desde Casa Puebla y con la anuencia de Acción Nacional, aprobándose reformas para fortalecer la figura del próximo gobierno e, incluso, una línea de crédito por 2 mil 500 millones de pesos.


Aprueban retroceso para


Ley de Transparencia


Los legisladores abandonarán la LVII Legislatura arrastrando la impugnación a las reformas a la Ley de Transparencia, con las que cerraron la posibilidad de hacer públicas las declaraciones patrimoniales; negaron la autonomía a la CAIP y dificultaron el proceso de recursos de revisión. El 16 de agosto la ombudskina poblana Maritza Bullen Navarro presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que continúa en trámite.


Destituyen a Juárez Acevedo


Antonio Juárez Acevedo fue traicionado por los mismos priistas que protegió por cuatro años como miembro de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, pues el 14 de diciembre los legisladores del tricolor ordenaron su salida del órgano luego de que se comprobara que había violado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.


Incrementan la deuda pública


Los diputados locales del PRI, sometidos a los intereses del gobierno marinista, convirtieron a Puebla en una de las cinco entidades más endeudadas del país, al aprobar dos líneas de crédito a favor del Soapap y Carreteras de Cuotas.


SCJN da revés a reforma electoral


Los legisladores del PRI vieron truncada su intentona por mantener los comicios electorales del 2010 en noviembre y recibieron un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó a los diputados modificar la Constitución y modificar el calendario electoral.


Los partidos Acción Nacional y Convergencia presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tirar la reforma priista, y fue el 14 de julio cuando la SCJN declaró inconstitucional la reforma electoral en Puebla.


Blindan cuentas marinistas


Con el aval de los legisladores de Acción Nacional, el Pleno del Congreso del estado aprobó el cerrojazo a la cuenta pública del gobernador Mario Marín, concretando el trueque legislativo pactado con el Revolucionario Institucional que dos meses antes convalidó la “contrarreforma” Bailleres para “proteger la vida desde la concepción hasta la muerte”.


Con las reformas a la Ley de Fiscalización se evitó que la cuenta pública del gobernador Mario Marín fuera revisada por la LVIII Legislatura.


Traicionan al Estado laico


Los priistas reaccionarios, encabezados por José Othón Bailleres y Pablo Fernández del Campo, con la anuencia de Acción Nacional, pasaron a la historia como los grandes traidores al Estado laico, al aprobar la reforma constitucional que deja fuera toda posibilidad de legalizar el aborto voluntario, la eutanasia y la muerte por voluntad anticipada. La polémica iniciativa causó por primera vez la división de los legisladores priistas, pues seis diputados del PRI, encabezados por Rocío García Olmedo, votaron en contra y acusaron a sus pares de retrógradas.


La rebeldía de Rocío García Olmedo originó que el entonces presidente de la Gran Comisión comenzará su vendetta, obligándola a renunciar a su cargo como presidenta de la Comisión Inspectora cinco meses después.


La reforma Bailleres fue criticada por ciudadanos y organizaciones no gubernamentales; incluso, el 8 de marzo la organización Human Rights Watch advirtió a los diputados que de aprobar la propuesta se violentarían acuerdos internacionales de la Organización de Naciones Unidas.


Incrementan, otra vez, el endeudamiento


Dos meses antes del 2009 los legisladores priistas, apoyados por la sumisa oposición, aprobaron la quinta línea de crédito del sexenio de Mario Marín Torres, por la cantidad de 2 mil 500 millones de pesos.


El argumento del PRI para la aprobación del empréstito fue que los recursos del estado se vieron reducidos durante el 2009 por el “recorte de las participaciones federales”.


Dan “autonomía” a la CAIP


Acatando la orden de Javier López Zavala los legisladores del PRI aprobaron patrimonio propio y personalidad jurídica a la Comisión de Acceso a la Información Pública; sin embargo, se negaron a modificar la ley que la regule, por lo que la autonomía no podrá ejercerse.


Se someten al nuevo gobernador


Durante su sexenio Rafael Moreno Valle podrá realizar afectaciones a los ingresos de forma multianual, ausentarse de la entidad por 15 días sin dar aviso al Congreso local, proponer magistrados y jueces sin necesidad de que sean ciudadanos poblanos, e imponer al titular de la Secretaría de Salud sin que este sea médico.


Imponen a neófito en la CAIP


La fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local continuó haciendo el trabajo sucio al morenovallismo, al designar como miembro de la CAIP a José Luis Fregoso Sánchez, cuyos únicos méritos son haber sido asesor de Martha Erika Alonso -esposa de Rafael Moreno Valle- y padre de Milton Fregoso, presidente del Frente Juvenil de la alianza opositora.


Durante la toma de protesta de Fregoso Sánchez, el morenovallista demostró su ignorancia en materia de acceso a la información pública, pues ni siquiera pudo explicar el procedimiento básico para interponer un recurso de revisión.

 

Numeralia

 

Los aprobados

 

Nombre                                 Iniciativas presentadas                    Aprobadas

 

(PRI)
*Rocío García Olmedo                      11                                                       3
(PAN)
*Patricia Hidalgo Elguea                   3                                                         2
(PRI)
*Bárbara Ganime Borne                    5                                                         2

 

***
Los reprobados

 

Nombre                                 Iniciativas presentadas                    Aprobadas

 

(Convergencia)
* Gudelia Tapia                                 0                                                         -
(PRI)
* Carlos González de la Calleja         0                                                         -
(PRI)
* María Angélica Hernández             0                                                         -

 

 

Copyright 2008 / Todos los derechos reservados para M.N Cambio /


 
 
Todos los Columnistas