Solo dos cabezas cayeron en el sexenio marinista


Gabriel González Molina y Antonio Juárez Acevedo fueron defenestrados y enjuiciados


El primero en caer a manos del Congreso local fue Juárez Acevedo tras un largo proceso administrativo y jurídico. Luego fue enjuiciado González Molina, quien vivió un proceso penal de 20 meses


Selene Ríos Andraca


En un sexenio marcado por la impunidad, dos funcionarios públicos fueron procesados y condenados judicialmente, a pesar de contar con la protección incondicional del gobernador saliente Mario Marín Torres. Gabriel González Molina y Antonio Juárez Acevedo enfrentaron sendos juicios ante la justicia federal y el Congreso local, por delinquir desde sus cargos como alto comisionado del Instituto Poblano para la Productividad Competitiva (IPPC) y la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).


A pesar de que los medios de comunicación detonaron a lo largo del sexenio una serie de irregularidades de parte de funcionarios y servidores públicos, sobre todo en temas de obra pública y manejo de recursos, solamente los casos de Gabriel González y Antonio Juárez Acevedo llegaron hasta las últimas consecuencias.


La primera cabeza que rodó en el sexenio marinista fue la del expresidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, Antonio Juárez Acevedo, tras un largo proceso administrativo y jurídico de más de dos años que culminó con su defenestración del organismo garante.


El segundo en caer fue el estratega electoral priista Gabriel González Molina, quien vivió un proceso penal de 20 meses para terminar condenado por un juez federal a un año de prisión por cometer el delito de desvío de recursos a favor de un partido político.


La historia personal de ambos se entrelaza, pues los dos gozaron de la protección del marinismo hasta que fue imposible mantenerlos; sufrieron la indiferencia del poder y fueron abandonados a su suerte.


González Molina, entre


la cárcel y los talentos


El 28 de enero de 2009 CAMBIO presentó en su primera plana una serie de declaraciones y fotografías que evidenciaban que once de los 15 precandidatos del PRI a la diputación federal tomaron un curso de estrategia electoral en las instalaciones del Instituto Poblano de la Productividad Competitiva, encabezada por Gabriel González Molina.


El 5 de febrero de ese mismo año, y ante las pruebas del presunto delito de peculado, Acción Nacional promovió una denuncia electoral ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República, y fue hasta el 5 de julio de ese mismo año cuando el marinista sintió la fuerza de la justicia federal.


Durante los meses de la investigación, por la presión mediática el talentoso González Molina se vio obligado a pedir un par de licencias al cargo rimbombante de Alto Comisionado del IPPC y, finalmente, a dimitir para enfrentar su proceso penal.


La mañana del 6 de julio de 2009 agentes de la Policía Federal detuvieron a Gabriel González Molina en la ciudad de México y lo trasladaron al Centro de Rehabilitación Social de San Miguel, a razón de una orden de arresto del Juzgado Décimo de Distrito y, desde entonces, comenzó la tortura jurídica del talentoso exestratega priista.


Aunque Gabriel González Molina solamente estuvo en la cárcel unas horas, su proceso penal provocó su salida del gabinete ampliado del gobierno de Mario Marín y su veto en el pasado proceso electoral, en el que contendió Javier López Zavala contra Rafael Moreno Valle por la gubernatura. Incluso, González Molina intentó formar parte del bunker zavalista y el propio candidato perdedor lo excluyó por su proceso penal.


En junio de 2010 González Molina sufrió un segundo revés de parte de la justicia federal, pues el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito revocó el amparo concedido por el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito en contra del auto de formal prisión.


De acuerdo al expediente 109/2010 es culpable de haber violentado el Código Penal Federal en su numeral 407, cuya sanción va de 200 a 400 días de multa y se pena con prisión de uno a nueve años.


El marinista es responsable del delito electoral establecido en el Código Penal Federal: “Artículo 407. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años (…) III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado”.


Tras un largo proceso penal de 20 meses, Gabriel González Molina fue declarado culpable por el juez Décimo de Distrito, José Luis Vázquez Camacho, y condenado a un año de prisión por haber impartido un curso de estrategia electoral a once de los 15 diputados federales priistas en las instalaciones del Instituto Poblano de la Productividad Competitiva.


El 4 de octubre el juez Décimo de Distrito ejecutó la sentencia condenatoria en contra del excomisionado del IPPC al encontrarlo culpable del delito electoral por el desvío de recursos públicos a favor de candidatos y partidos políticos.


Una vez que conoció la sentencia condenatoria, González Molina promovió un recurso de apelación que será discutido por uno de los dos Tribunales Unitarios con sede en la entidad poblana.


El Tribunal Unitario determinará si la condena es correcta o si se modifica el proceso penal en contra del primer funcionario marinista que ha pisado la cárcel en lo que va del sexenio.


Fuentes del poder Judicial federal confiaron a CAMBIO que González Molina alcanza fianza para evitar la cárcel por un año, pero de momento deberá esperar a que se resuelva su situación en el Tribunal Unitario.


La condena fue ejecutada el pasado 4 de octubre y establece la culpabilidad de González Molina y la sanción de pasar un año tras las rejas por haber destinado el inmueble del Instituto Poblano de la Productividad Competitiva para los entonces aspirantes a diputados federales.


La tortuosa agonía de


Antonio Juárez Acevedo


El gobierno de Mario Marín entregó la primera cabeza del sexenio por un escándalo mediático detonado por CAMBIO el 24 de septiembre de 2007, cuando se publicó un certificado del Instituto Federal Electoral (IFE) que constata que Antonio Juárez Acevedo era el secretario general de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, violentando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.


Para que la cabeza de Juárez Acevedo rodara fue necesaria la indiferencia de la LVI Legislatura, una pesquisa mal realizada y a modo por la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap), a cargo de Víctor Manuel Sánchez Ruiz, y una investigación alargada de parte de la Comisión de Gobernación, encabezada por Pablo Fernández del Campo, durante la LVII Legislatura.


El 15 de diciembre de 2008, es decir, 15 meses después de que detonara el escándalo, el Congreso del estado aprobó por unanimidad la destitución de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP.


La tortura de Juárez Acevedo comenzó con la publicación de documentos oficiales que demostraron la ilegalidad de su nombramiento, pues la Ley de Transparencia prohíbe a los comisionados haber fungido en la mesa directiva de partidos o agrupaciones políticas hasta tres años antes de su nombramiento.


El certificado del Instituto Federal Electoral demostró que Juárez Acevedo fungía, hasta julio del 2007, a la mesa directiva de la agrupación política Plataforma Cuatro como secretario general de dicha agrupación.


El 17 de diciembre de ese mismo año el contralor Víctor Manuel Sánchez Ruiz entregó las conclusiones de una investigación que exoneraba a Juárez Acevedo, quien desde la CAIP se encargó de proteger información incómoda de la administración.


Sin embargo, la LVII Legislatura exigió una nueva investigación del caso en abril del 2008 y comenzó un largo proceso administrativo en el Congreso local, en el que Juárez Acevedo se vio obligado a comparecer ante los diputados y a realizar estudios de caligrafía para intentar defenderse.


Al tiempo de que la Comisión de Gobernación investigaba al comisionado los legisladores requirieron al Instituto Federal Electoral un análisis sobre la situación del comisionado en la agrupación política nacional.


El 29 de julio de 2008 el área jurídica del Instituto Federal Electoral entregó a la oficina de Pablo Fernández el expediente completo de Plataforma Cuatro, pero el diputado priista ocultó la información hasta inicios de agosto.


El 22 de agosto de ese mismo año el presidente de Plataforma Cuatro, Marco Zárate, reconoció públicamente que su amigo Toño Juárez continuaba siendo secretario general de la agrupación.


Para el 3 de septiembre, por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló en contra del juicio de protección de derechos políticos y electorales promovido por el mismo comisionado para que el IFE rectificara la información de sus archivos.


El 15 de diciembre la LVII Legislatura concluyó el Tercer Periodo del segundo año de gestión con la destitución de Juárez Acevedo, pero fue hasta el 8 de octubre de 2009 cuando el comisionado abandonó, por fin, las oficinas del organismo garante.

 

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