Necesario, definir y delimitar el daño moral: Guillermo Nares


El director de la facultad de Derecho señala que se debe definir con precisión el concepto


Osvaldo Macuil Rojas


Es preciso definir el daño moral y su reglamento para delimitar hasta qué punto se están violando los derechos personales y considerar que el periodista está incurriendo en este delito.


En entrevista para CAMBIO, el director de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Guillermo Nares Rodríguez, dijo que antes de aprobarse la reforma morenovallista en el Congreso del estado sobre la derogación de la calumnia y difamación para incluirlos en el Código Civil junto con el concepto de daño moral, se requiere definir el concepto bajo el cual se está dañando el honor de las personas.


Hizo un llamado a los funcionarios a entender que estar al frente de algún cargo de elección popular o una institución importante los convierte en figuras públicas, por lo cual deben estar abiertos a la crítica.


“Tratándose de funcionarios, deben entender que son personas públicas y deben estar abiertos a la crítica”, apuntó el director de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP.


“Cualquier reforma relacionada con este tema debe garantizar ante todo la libertad de expresión. La libertad de expresión es una garantía constitucional y es un derecho que está contemplado en la Carta Magna, en función de eso se tiene que reglamentar el daño moral”.


Reconoció que antes de establecer multas por incurrir en daño moral en contra de funcionarios y políticos, es necesario acotar el derecho de réplica a través del mismo medio donde se dio la calumnia y difamación.


“De acuerdo al daño, lo que pasa es que no es lo mismo salir en una columna como en medios masivos de comunicación, lo primero que se debe acotar es el derecho de la réplica de cualquier ciudadano”, declaró.


Consideró que previo a que los diputados locales aprueben esta reforma es necesario que se escuche a los periodistas y se tomen en cuenta sus propuestas sobre esta reforma para garantizar la libertad de expresión.


“Cualquier decisión que se tome debe ser suficientemente discutida y garantizar la libertad de expresión, en donde los medios, periodistas y la gente que se dedica a esto tiene derecho a ser escuchada para garantizar su visión de determinados hechos y de determinadas actuaciones”.




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