Defiende Carrancá Bourget propuesta morrenovallista


El procurador dijo que la derogación de la difamación y calumnia, y reglamentar el derecho de réplica no es ley mordaza ni restringe la libertad de expresión


Elvia García Huerta


Víctor Carrancá Bourget, procurador general de Justicia, aseguró que la iniciativa enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle al poder Legislativo, mediante la cual propone eliminar los delitos de difamación y calumnia, no pretende ser “ni ley mordaza ni restringir la libertad de expresión de nadie, al contrario, es una iniciativa de ir por el conducto de la verdad”.


En entrevista al término de la firma del convenio de colaboración entre el gobierno del estado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el funcionario estatal señaló que la propuesta de ley, lejos de perjudicar, beneficiará, pues indicó que elimina la posibilidad de cárcel.


Al cuestionarle si es un revés que los diputados la hayan retirado del orden del día y la hayan regresado a comisiones, el funcionario estatal rechazó tal idea y comentó que si la devolvieron fue para analizarla cuidadosamente: “Nosotros somos respetuosos de la labor legislativa, el proceso aún no ha concluido, así que habrá que esperar”.


En tanto a las declaraciones de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, en el sentido de que es necesario que el Congreso del estado analice minuciosamente la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo antes de ser aprobada, debido a que en ella hay falta de claridad, específicamente en lo que concierne a “daño al honor”, el procurador general de Justicia insistió en que se trata de una iniciativa progresista a favor de la libertad de expresión.


Por su parte, Juan Carlos Mondragón Quintana, presidente estatal de Acción Nacional, señaló que la iniciativa del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, de despenalizar la difamación y la calumnia, pero poner sanciones económicas a quienes fueran denunciados por daño moral, aún sigue en análisis por parte de los diputados locales, con el fin de decidir qué es lo mejor para el estado.


Asimismo, rechazó que la congelación de la iniciativa se deba a la rapidez con la que se entregó el documento al Congreso del estado, pues subrayó que los legisladores tienen que hacer las revisiones correspondientes.




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