Marinistas logran solventar observaciones de la ASF


Las áreas de Obras, Salud, Finanzas y Desarrollo Social


El pasado 16 de febrero, la ASF emitió los resultados de la cuenta pública 2009 de las entidades federativas y concluyó que los estados hicieron mal uso de 37 mil 759 millones de pesos de recursos federales


Selene Ríos Andraca


Pese a las acusaciones de múltiples despilfarros cometidos por los exfuncionarios marinistas en las áreas de Obras, Salud, Finanzas y Desarrollo Social, la administración marinista logró la exoneración de parte de la Auditoría Superior de la Federación, la cual realizó una serie de observaciones sobre la aplicación de recursos federales y la falta de transparencia con constructoras, que fueron solventadas por parte del extinto gobierno de Mario Marín Torres.


El pasado 16 de febrero, la ASF emitió los resultados de la cuenta pública 2009 de las entidades federativas y concluyó que los estados hicieron mal uso de 37 mil 759 millones de pesos de recursos federales en programas locales de desarrollo, salud, educación, seguridad e infraestructura, entre otros.


Puebla, Querétaro, Jalisco y Veracruz fueron los estados con menos observaciones, en contraste con San Luis Potosí, Yucatán, Tabasco, Hidalgo y Estado de México, los cuales contuvieron el mayor número de irregularidades.


Deuda pública


Una de las regularidades más resaltadas en la revisión de programas en Puebla fue el uso de recursos federales provenientes del Fondo de Saneamiento de Finanzas Públicas, pues a pesar de la inversión realizada por la administración marinista, no hubo ni siquiera una reducción mínima en los pasivos heredados al morenovallismo por más de 9 mil millones de pesos.


Asimismo fueron utilizados recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal para el pago de intereses de la deuda por la cantidad de 55 millones 885 mil 300 pesos, que tuvieron que ser reingresados a la Federación, junto con los intereses correspondientes para que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla no procediera con pliegos de responsabilidades contra la Secretaría de Finanzas.


El documento de la AFS establece, además, que la deuda contratada con la banca comercial no fue aplicada para los fines solicitados ni a los establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.


También se detectó una irregularidad en el crédito simple del Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl contratado con BBVA Bancomer por 203 millones 500 mil pesos, toda vez que se utilizó dinero del Fondo de Infraestructura Social Estatal para el pago de los intereses por 2 millones 240 mil pesos, amén que los recursos solicitados no fueron aplicados para los programas establecidos ni conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.


La Secretaría de Finanzas se vio obligada a rembolsar el dinero, aunado a los intereses generados entre enero y marzo de 2010, según establece el documento.


Obras públicas


Otra irregularidad, también solventada en tiempo y forma antes que se emitiera la resolución de la cuenta pública, fue el pago de 55 millones 430 mil pesos para obras, pues la inversión se hizo de manera errónea para obras ajenas a las establecidas en los objetivos del Fondo de Infraestructura Social Estatal.


El documento establece una irregularidad en el subejercicio de los recursos devenidos del Fondo de Infraestructura Social Estatal, pues el estado de Puebla tenía en 2009 un presupuesto de 380 millones 527 mil pesos, pero se ejercieron solamente 175 millones 738 mil pesos.


“Quedaron sin ejercer al 31 de diciembre de 2009, 204 millones 789 mil pesos, lo cual indica que el 53.8 por ciento de los recursos del fondo no se destinaron para atender a los beneficiarios de dicha entidad”, señala la resolución.


Existe, además, un sobregiro en el rubro de infraestructura, pues la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas pagó 3 millones 164 mil pesos por concepto de “intereses de supervisión de obras” que aunados a los 16 millones 796 mil pesos, se superó lo autorizado en la normativa.


“En la vertiente de infraestructura, el gobierno del estado pagó 3 mil 164.1 pesos por concepto de “intereses por supervisión de obras”, gastos indirectos que sumados a los 16 mil 796.7 pesos, reportados por concepto de estudios y supervisión, arrojan un total de 19 mil 960.8 pesos, que exceden en 2 mil 440.3 pesos al 3.0 por ciento autorizado en la normativa”.


Además, se erogaron de manera irregular 9 millones 995 mil pesos para obras fuera del plazo establecido, mismos que fueron reintegrados a la Federación.


Salud


De manera irregular, la Secretaría de Salud utilizó 107 millones de pesos del Seguro Popular para pagar aguinaldos y pago de vales a personal ajeno al programa federal, además de 6 millones de un fondo federal para entregar bonos a 225 empleados.


La Secretaría de Salud a cargo de Antonio Marín en el 2009, destinó 96 millones 60 mil pesos para el pago de aguinaldo del personal del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el cual realiza funciones distintas a las establecidas en el acuerdo del Seguro Popular, establece la revisión 09-A-21000-02-0674.


Con la revisión de las nóminas y estados de cuenta bancarios, la ASF detectó que se otorgaron a 225 servidores públicos, pagos quincenales por 5 millones 882 miles de pesos por concepto de compensaciones (bonos) sin existir autorización expresa de la Junta de Gobierno ni sustento normativo que lo justifique.


La Secretaría de Salud se vio obligada a reintegrar el dinero de los bonos, además de los intereses, perdiendo poco más de medio millón de pesos por la transferencia irregular.


En la revisión del expediente 09-A-21000-02-0642 para el rubro de Salud, se detectó que fueron destinaron recursos a fines distintos del objeto “del fondo por concepto de pagos determinados en juicio laboral por despido injustificado, con tres pagos a dos servidores públicos por 688 mil pesos”.


Una de las conclusiones más fatales de la AFS en materia de salud fue la acusación sobre la ineficiencia del servicio médico y el incumplimiento de metas de la Secretaría pactadas con el Programa Operativo Anual (POA), lo que repercutió en la prestación de servicios de salud a población abierta.


En el expediente 09-A-21000-02-0674 en el rubro de salud se señala que se desviaron 6 millones 275 mil pesos del Sistema de Protección Social para el pago de vales de despensa para la época decembrina.


“Los cuales fueron aplicados a los programas que no corresponden a lo establecidos en el acuerdo como son: Caravanas, Oportunidades, Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados”.


La conclusión en el rubro de salud fue: “La Auditoría Superior de la Federación considera el gobierno del estado de Puebla no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en el apartado correspondiente de este informe por 106 millones 992 mil pesos y que se refieren principalmente a lo siguiente: pagos de aguinaldo al personal del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por 97 millones 39 mil pesos y pagos de vales de despensa otorgados a empleados de los programas de Caravanas, Oportunidades, Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados que no pertenecen al Sistema de Protección Social en Salud por 6 millones 676 mil pesos”.




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