Aprueban derogación de delitos de periodistas
Establecen límite de indemnización por daño moral y crearán ley reglamentaria
La propuesta de modificaciones fue realizada en Tribuna por el diputado priista Enrique Doger Guerrero,
luego de que ayer por la noche las fracciones del PAN, PRI y el Partido Verde llegaran a un acuerdo para modificar la iniciativa original enviada por el Ejecutivo
Viridiana Lozano Ortíz
La LVIII Legislatura aprobó por mayoría la despenalización de los delitos de difamación y calumnia, en la reforma se incluyeron las modificaciones solicitadas por el gremio periodístico como: establecer un límite de indemnización por el delito de daño moral, crear la ley reglamentaría en un máximo de seis meses y eliminar la palabra “sentimientos” del concepto de daño moral.
Además, se estableció que el monto de la indemnización por el daño moral no rebasará los 170 mil pesos y será determinado por un juez “tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima”.
La propuesta fue realizada en tribuna por el diputado priista Enrique Doger Guerrero, luego de que ayer por la noche las fracciones del PAN, PRI y el Partido Verde llegaran a un acuerdo para modificar la iniciativa original enviada por el Ejecutivo el primero de febrero.
El lunes por la tarde, reporteros y directores de medios se reunieron con 16 diputados locales para escuchar sus peticiones acerca de la reforma a los llamados delitos de prensa. Las peticiones fueron: realizar foros de consulta a fin de enriquecer la propuesta, establecer un tabulador para las sanciones por el delito de daño moral, y modificar el concepto de daño moral a fin de quitarle “ambigüedad”.
Al inicio de la Sesión Ordinaria José Juan Espinosa Torres, diputado local por Convergencia, solicitó retirar de la orden del día la iniciativa de reforma a fin de realizar foros con académicos, periodistas y ciudadanos, y presentar una “reforma integral”; sin embargo, ningún legislador apoyó la solicitud.
La iniciativa, que contempla la derogación de los delitos de difamación y calumnia del Código Penal para trasladarlos al Código Civil, fue aprobada con 39 votos a favor, el voto en contra del convergente José Juan Espinosa Torres, y la abstención de Zeferino Martínez, diputado del Partido del Trabajo.
170 mil pesos, el tope
Los legisladores aprobaron establecer un tope máximo para la indemnización por daño moral, por lo que la sanción no deberá rebasar los 3 mil días de salario mínimo, lo que equivale a 170 mil pesos.
El diputado convergente, José Juan Espinosa Torres, consideró que el tope marcado para la indemnización por daño moral “es exagerado”, por lo que solicitó que la indemnización fuera reducida en un 50 por ciento, sin embargo ningún diputado apoyó su propuesta.
Los diputados atendieron la solicitud de académicos y periodistas de modificar el concepto de daño moral, por considerarlo ambiguo, por lo que según las adecuaciones se estableció que: “Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración de los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas”.
Finalmente, los legisladores aprobaron incluir un transitorio para aprobar las leyes reglamentarias en un máximo de seis meses: “El Congreso del estado, dentro de un plazo de ciento 180 días a partir de la publicación de este decreto expedirá, en su caso, las adecuaciones a la legislación correspondiente”.
“Necesario tomar en cuenta
la opinión ciudadana”
Durante la discusión de la despenalización del delito de difamación y calumnia, el diputado priista Enrique Doger Guerrero solicitó que en un futuro el Congreso local tome en cuenta la opinión de los ciudadanos para realizar un buen trabajo legislativo, realizando foros de consulta “bien organizados y a tiempo”.
“La discusión siempre es positiva para la democracia, no se debe tener miedo al análisis, a la expresión franca de los grupos sociales, se deben invitar a los sectores a opinar sobre las iniciativas de ley que aquí aprobamos y que siempre inmiscuyen a uno o varios grupos de la sociedad”.
Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Mario Riestra Piña, aplaudió el consenso generado entre las diferentes fuerzas políticas al interior del Congreso y celebró que dentro de las modificaciones se hayan incluido párrafos de la normativa que rige en el Distrito Federal, una de las más completas.
Héctor Alonso se
lanza contra CAMBIO
El diputado panalista Héctor Alonso Granados se lanzó en contra del director de CAMBIO, Arturo Rueda, pues durante la discusión de las reformas a los llamados delitos de prensa el legislador subió a tribuna para acusarlo de cometer “injuria y calumnia” debido a sus críticas al trabajo legislativo.
“Estaría bien que como se manifestó ayer Arturo Rueda se expresara todos los días, a los diputados nos dijo ‘burros’ y a la legislatura anterior la acusó como ‘la de la ignominia’, quién le ha dado a este personaje la facultad de poner adjetivos y de sentirse el ‘Zeus del Olimpo poblano’”.
La acusación del diputado Héctor Alonso se origina por la columna “Tiempos de Nigromante” de Arturo Rueda, publicada el 8 de febrero, en la que se exhibe la ignorancia de los actuales diputados que pretendían regular el derecho de réplica aun cuando el mismo es de orden federal y no local.
Pide RMV recursos multianuales para el CRIT
El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, solicitó la aprobación del Congreso local para entregar 25.5 millones de Unidades de Inversión al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), lo que equivale a más de 110 millones de pesos.
“Se envía el decreto de ayuda a Teletón México AC, y la aprobación de la afectación presupuestal multianual para la funcionalidad del CRIT en el estado por 25 millones 500 mil Udis y durante los diez años se ejerza un descuento al presupuesto de 8 millones 500 mil Udis”.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda, que preside el priista Lauro Sánchez, para su análisis y futura aprobación.
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