Asegura Arechiga que habrá mayor libertad de expresión

Con la derogación de los delitos de difamación y calumnia en el Código para la Defensa Social

El presidente de la Gran Comisión dejó en claro que se hicieron modificaciones sustanciales al proyecto que originalmente presentó el gobernador Rafael Moreno Valle

Yonadab Cabrera Cruz

El líder del Congreso del Estado, Guillermo Arechiga Santamaría festejó la derogación de los delitos de difamación y calumnia del Código para la Defensa Social del Estado de Puebla, para incluirlos en el Código Civil, el diputado de Nueva Alianza señaló que con estas aprobaciones habrá una mayor libertad de expresión en la entidad poblana.

Entrevistado al concluir la sesión del Congreso local, el presidente de la Gran Comisión dejó en claro que se hicieron modificaciones sustanciales al proyecto que originalmente presentó el gobernador Rafael Moreno Valle, como el hecho de haber quitado algunas subjetividades de la iniciativa como en el caso del término de sentimientos: “Las subjetividades se eliminaron como el término sentimiento que estaba incorporado en la ley”.

Además, el legislador de Nueva Alianza señaló que uno de los máximos logros de la denominada Ley mordaz, fue el hecho de haber establecido un tope económico para las sanciones que interpondrán los jueces por casos de difamación o calumnia, e indicó que dichos castigos serán valorados por los jueces: “Otra cosa buena, es que se le establezca un monto máximo que el juez puede valorar, es el único estado en el país que está poniendo un monto especifico en el daño moral”.

Asimismo, se dijo satisfecho con la inclusión del derecho de réplica en las modificaciones realizadas a la derogación de los delitos de difamación y calumnia, ya que eso permitirá a los periodistas y medios de comunicación retractarse por algo que hayan publicado, no sea cierto y cause dolo a la persona de quien se está hablando.

“También, personalmente estoy satisfecho en razón de establecer el derecho a la rectificación, un derecho en el que nadie debe abusar, pero en el que creo que se da un mucho mayor equilibrio a la relación entre lo público y lo privado, abarca a los servidores públicos y particulares, tenemos la garantía de usar este derecho de la rectificación”.

E indicó que en el caso del uso del derecho de rectificación, los periodistas, medios de comunicación o particulares, se harán acreedores a las sanciones económicas siempre y cuando se nieguen a rectificar lo que han dicho sobre alguien: “La multa se establecerá siempre que haya una negativa al derecho de rectificación no antes, la multa va desde los 5 mil 600 pesos hasta 85 mil pesos la máxima”.

Y dejó en claro que de acuerdo al caso, los jueces podrán determinar si la sanción es exclusiva para los periodistas o para ellos y sus respectivos medios de comunicación: “No va exclusivamente al periodista, va al periodista o al medio de comunicación a lo que corresponda según el caso, le toca al juez establecer estas cantidades cuál será la multa”.

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