Derogación de difamación y calumnia, tiene dedicatoria


Considera el presidente de la Amedi-Puebla, Rafael Hernández Cano


Osvaldo Macuil Rojas


La iniciativa enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle para la derogación de los delitos de calumnia y difamación del Código de Defensa Social e incluirlos en el Código Civil bajo la figura de daño moral, así como la instauración del derecho de réplica tienen como objetivo la protección de los funcionarios estatales, consideró el presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) capítulo Puebla, Rafael Hernández García Cano.


“Esto tiene dedicatoria para proteger a los funcionarios públicos. El periodista podría estar temeroso de cualquiera que tuviera la carne blandita, que se sintiera dañado, lo demandaba por daño moral y debe de indemnizarlo con 80 mil pesos, por ejemplo”, explicó en relación a las propuestas que fueron sacadas del orden del día de la sesión de ayer en el Congreso.


“Si bien ya no estaría la posibilidad de que alguien acusado de difamación acudiera a recibir una sentencia de cárcel, en un momento puede ser blanco fácil de quien se sienta ofendido en su honor y lo demande por daño moral. Además el juez lo obligará a pagar una suma considerable porque la iniciativa que envió el ejecutivo está incompleta, falta la normatividad”, detalló


El presidente de la Amedi-Puebla celebró que se haya sacado la discusión del orden del día en el Congreso: “espero que la discutan a fondo en comisiones y que inviten a los académicos y los periodistas para que la analicen en profundidad. Deben dar su opinión los que van a ser afectados por la norma”, dijo tras mencionar que, al no haberse aprobado esta medida, cambia de algún modo la percepción que se tiene sobre la forma de operar de los legisladores poblanos, pues es común que las iniciativas que se aprueban en comisiones se aprueban por unanimidad en el pleno.


El también catedrático de la Universidad Iberoamericana de Puebla, sostuvo que las propuestas enviadas por Moreno Valle se caracterizan por ser ambiguas, además de que nunca fueron bien explicados los motivos del gobernador del estado para enviar estas iniciativas lo que deja ver la protección que se busca para los políticos poblanos: “La exposición de motivos del Ejecutivo es lo que inclusive puede tener cierta dedicatoria favoreciendo a la clase política”, declaró.


Rafael Hernández, apuntó que estas medidas no abonan a la transparencia de la administración pública por lo que exhortó a los legisladores poblanos a modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que sigue coja.




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