Funcionarios marinistas en la mira de la ASF


La Auditoría federal investiga a exfuncionarios de la Sedeso y del IPV por no entregar apoyos por huracanes Stan y Dean


Yonadab Cabrera Cruz


La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene en la mira a los exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) y del extinto Instituto Poblano de la Vivienda porque al parecer no entregaron apoyos de vivienda a los afectados por los huracanes Stan y Dean, por lo que la instancia de orden federal inició una investigación y solicitó toda la documentación sobre esos casos a las autoridades estatales, informó Myriam Arabian.


Por si fuera poco, la secretaria de Desarrollo Social adelantó que la Contraloría está realizando investigaciones sobre las irregularidades que encontró cuando llegó a la Sedeso, incluso mencionó que algunos expedientes ya fueron turnados a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) donde se han interpuesto denuncias penales.


Cabe recordar que el huracán Stan azotó tierras mexicanas en el 2005 y a pesar de que el gobierno de Mario Marín Torres se comprometió a ayudar a los damnificados poblanos de forma inmediata, después de año y medio los afectados seguían demandando los apoyos.


Posteriormente, en el 2007 el huracán Dean golpeó el territorio mexicano, dejando de nueva cuenta afecciones en la entidad poblana y las promesas por parte de la administración marinista supuestamente llegarían un año después, es decir en el 2008, pero tampoco fueron una realidad, por lo que ahora la ASF investiga qué pasó con los recursos bipartitas del Fonden.


Myriam Arabian manifestó que al parecer las viviendas que prometió el exgobernador Mario Marín Torres para los afectados por ambos huracanes no están construidas, por lo que la instancia federal le pidió investigar quiénes son los beneficiarios, a qué municipios se prometieron los apoyos, y qué tipo de apoyos.


“Al parecer no están construidas las viviendas, sí es un problema grave; esto llegó apenas. Estamos acompañando y dando toda la información a la Auditoría Superior de la Federación, nos está pidiendo ver dónde hubo daños, qué daños hubo, en qué municipios se dieron apoyos de vivienda y qué tipo de apoyos se dieron”.


La secretaria de Desarrollo Social señaló que los denunciantes fueron los propios ciudadanos así como los ayuntamientos entrantes: “Donde las viviendas que se iban a construir no se construyeron, o que no se les dieron los bonos que les habían dicho, en eso estamos trabajando”.


Cabe señalar que el pasado martes fue detenido en Cancún, Quintana Roo el exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía por diversos delitos, entre ellos por desvío de recursos del programa de Fondo para Desastres Naturales (FONDEN), luego de que diversos grupos civiles de la región Costa de Chiapas lo denunciaran por incumplimiento de la reconstrucción de los daños ocasionados por huracán Stan en el 2005.


Se le destinaron 11 mil millones de pesos para la etapa de reconstrucción de más de 20 municipios de ese estado, de los cuales pudo haber desviado más de mil millones de pesos que estaban previstos para la reconstrucción de viviendas.


Hay una denuncia penal por 10 millones de pesos


Pero además de las investigaciones que está llevando a cabo la SFA en contra de los marinistas, la Secretaría de Desarrollo Social igual integró todo un expediente con diversas irregularidades detectadas en dicha dependencia durante el sexenio de Marín Torres, tal es el caso de los recursos que supuestamente se usaron para dar mantenimiento a maquinaria pesada, pero las máquinas están descompuestas.


Myriam Arabian informó que dentro de la entrega-recepción los exfuncionarios estatales destinaron supuestamente 10 millones de pesos para el mantenimiento de maquinaria, sin embargo no funciona, por lo que la titular de la Sedeso dudó que se haya ocupado dicha cifra.


“Donde vemos que ya hubo una denuncia es en el área de maquinaria de apoyo, es una denuncia contra quien resulte responsable. Se supone que hubo un gasto de mantenimiento por 10 millones de pesos, esta situación en que recibimos la maquinaria no refleja eso, no la podemos usar”.


Incluso, mencionó que ya hay una denuncia penal en contra de quien resulte responsable y en próximos días acudirán peritos de la PGJ a la Sedeso para revisar dichas máquinas: “Ya la Procuraduría del Estado mandó peritos para poder dictaminar la situación con base en las bitácoras de servicio, las facturas, todo el material que recibieron, para ver si efectivamente se hicieron los gastos, y ver quién era responsable”.


“Son 93 máquinas que le llaman maquinaria pesada como trascabos, aplanadoras, todo lo que se usa para desastres, que en el esquema anterior se rentaba a los ayuntamientos para hacer ciertos trabajos como emparejar caminos, aplanar calles”.




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