CDHE investiga a Ardelio Vargas


Dos de los ocho detenidos son transeúntes, es decir, no tienen nada que ver con los comerciantes de la 46


La queja fue presentada por los líderes de los comerciantes Moisés Ortiz Bracho y Jesús Reyes Herrera, en el que señalan que fueron víctimas


Daniel Hernández Cruz


La Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) investiga al secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, por empleo arbitrario de la fuerza pública, maltrato, lesiones y golpes que propinaron la Policía Estatal y Metropolitana a los comerciantes de la 46 Poniente que exigían el regreso de la mercancía cuya legalidad fue demostrada.


Por medio de un comunicado la CEDH señaló que se inició una investigación por los hechos ocurridos en las inmediaciones de la Secretaría de Finanzas el miércoles pasado:


“La Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE), inició la integración del expediente de queja número 4583-2011-C, derivada del operativo que realizaron corporaciones policiacas para desalojar a un grupo de comerciantes que se manifestaba frente a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas del estado”.


En el documento se detalla que la queja fue presentada por los líderes de los comerciantes Moisés Ortiz Bracho y Jesús Reyes Herrera, en el que señalan que fueron víctimas de empleo arbitrario de la fuerza pública, maltrato, lesiones y golpes de la fuerza pública a cargo de Vargas Fosado.


“En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos se encuentra en el periodo de integración de la queja, por lo que inició con las diligencias e investigaciones para hacerse llegar de los elementos técnicos-jurídicos suficientes”, señala el comunicado.


Acusan a comerciante de la 46 de diez delitos


Las ocho personas detenidas por el mega-zafarrancho entre policías y comerciantes de la 46 enfrentan cargos por los delitos de motín, robo, daño en propiedad ajena, lesiones, apología del delito, portación de armas e instrumentos prohibidos, ataques a las vías de comunicación y delitos cometidos contra funcionarios públicos, informó la Procuraduría General de Justicia en un boletín de prensa.


En el documento difundido por la dependencia especifica que, en los hechos, 29 vehículos y una motocicleta tuvieron diversos daños que quedaron asentados en la averiguación previa 456/2011/DMZS.


Las autoridades informaron que los gases lacrimógenos que afectaron a los menores de la escuela Belisario Domínguez fueron detonados por los manifestantes: “De acuerdo con los dictámenes periciales en química, dichos objetos fueron elaborados con el principio activo Oleoresim Capsicum, agente lacrimógeno que causa lagrimeo, dolor e incluso ceguera temporal”.


En el comunicado señaló que el agente del ministerio Público cuenta con 48 horas para determinar la situación jurídica de los detenidos: “El representante social cuenta con 48 horas para recabar pruebas y efectuar cuantas diligencias sean necesarias para sustentar la determinación sobre la situación jurídica de los detenidos”.


Los detenidos fueron identificados como José Daniel Rodríguez Pérez, 18 años de edad; René Castillo Prado, 21 años; Miguel Rodríguez Reyes, 26 años; Bardo Arturo Montes Cuautle, 28 años; Ricardo Montes Cuautle, 37 años de edad; Alberto Tomás Reyes Guzmán, 38 años; Jaime Márquez Casco, 52 años y José Posadas Rodríguez, 53 años, todos originarios y vecinos de esta ciudad.


Sin embargo el líder de los comerciantes, Moisés Ortiz Bracho, señaló que no hay denuncias por el delito de daño en propiedad ajena contra sus agremiados, pues los vehículos fueron dañados por los policías, además las unidades son propiedad de los comerciantes.


Añadió tener la seguridad de que sus compañeros serían liberados; sin embargo, ante las acusaciones permanecen a disposición de las autoridades.


Explicó que dos de los detenidos no son comerciantes de la organización de refaccionarios que participó en la manifestación, ni de otro grupo; es decir, son transeúntes que pasaban por la Secretaría de Finanzas.


El gobierno apoyará a la 46: Barceló


Víctor Manuel Barceló Rodríguez subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno aseguró que apoyarán a los comerciantes de la 46 Poniente para que recuperen la mercancía que fue decomisada hace más de dos meses, pero aclaró que el operativo fue ordenado por las autoridades federales.


Barceló Rodríguez aseguró que, tras la gresca, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Manuel Arceo García, platicó con los líderes de “la zona” y que llegaron a acuerdos: “La plática de compleja pasó a ser cordialísima”.


Señaló que acordaron apoyar a los comerciantes para que trabajen de forma legal, pues los operativos de revisión no pueden suspenderse porque son ordenados por las autoridades federales, principalmente de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT).


El funcionario prometió que los apoyarán para acelerar los trámites necesarios para que la mercancía sea devuelta.




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