Policía Estatal aún no devuelve los vehículos a comerciantes de la 46


Los cuales fueron destrozados por los elementos de seguridad durante el mega-zafarrancho


El líder de los comerciantes de la 46 Poniente, Moisés Ortiz Bracho, informó que para la devolución de las unidades los propietarios tienen que rendir su declaración, y hasta el momento sólo han citado a declarar a tres personas


Daniel Hernández Cruz


A una semana del mega-zafarrancho entre policías y comerciantes de la 46 Poniente, aún no han sido devueltos los vehículos, los cuales fueron destrozados por la Policía Estatal durante el enfrentamiento.


El 11 de mayo pasado los comerciantes de “la zona” fueron sometidos por la fuerza pública durante una manifestación en la que exigían la devolución de mercancía que fue asegurada en un operativo implementado hace más de dos meses.


Como consecuencia de la trifulca, 32 vehículos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público por parte de la Policía Estatal presentando diversos daños, que de acuerdo con fotografías publicadas en diversos medios de comunicación fueron ocasionados por los uniformados.


El líder de los comerciantes de la 46 Poniente, Moisés Ortiz Bracho, informó que para la devolución de las unidades los propietarios tienen que rendir su declaración ante el agente del Ministerio Público, la cual dura más de tres horas y hasta el momento sólo han citado a declarar a tres personas.


Cabe recordar que el miércoles pasado los comerciantes se organizaron para exigir la devolución de la mercancía decomisada durante un operativo, por lo que se manifestaron frente a Casa Aguayo y la Secretaría de Finanzas, inmueble al que pretendieron entrar por la fuerza —de acuerdo con la versión de las autoridades—.


Durante la manifestación el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, ordenó el uso de la fuerza para desalojarlos del inmueble utilizando gases lacrimógenos que intoxicaron a menores de edad de la primaria Belisario Domínguez.

 

Por los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación en la que revisará los criterios y protocolos para ejercer la fuerza pública.




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