Desafuero de José Juan, sería el primero en Puebla

Explica Julio Lorenzini y dice que una vez que Lolita Parra denuncie, analizarán el caso en la Comisión Instructora del Congreso

Yonadab Cabrera Cruz

En caso de que la alcaldesa de San Pedro Cholula, Dolores Parra Jiménez, decida denunciar al diputado de Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres por el delito de extorsión, la Comisión Instructora del Congreso del estado tendría su primer caso de desafuero en toda la historia del Poder Legislativo, señaló el presidente de esa mesa de trabajo, Julio Lorenzini Rangel.

“En el estado de Puebla no hay ningún antecedente, hay que agotar los tiempos que señala la propia ley de responsabilidades, sería un procedimiento que garantizaría imparcialidad, objetividad, no tenemos interés del asunto y estamos en espera de que nos llegue la petición formal”.

Entrevistado en CAMBIO TV, el legislador de Nueva Alianza precisó que para iniciar un desafuero en contra de José Juan Espinosa, tal y como lo solicitaron los legisladores que integran el bloque de Compromiso por Puebla, primero debe existir una demanda por parte de la agraviada, o sea, la munícipe de San Pedro Cholula debe interponer una denuncia en contra del diputado ante el Ministerio Público.

“Para no generar escenarios que aún no existen, me gustaría mejor comentarte que primero se requiere que la persona que se sienta agraviada en sus derechos, en este caso la presidenta de San Pedro Cholula, a ella le corresponde solicitar ante la autoridad competente su denuncia o querella sobre estos hechos que ella considera le generan un agravio”.

Mencionó que en ese momento y como se trata de una denuncia contra un servidor público, el Ministerio Público solicitaría en calidad de representante de la agraviada, la destitución de Espinosa Torres.

Posteriormente el Congreso turnaría la petición de desafuero de José Juan Espinosa a la Comisión Instructora, donde se desahogaría todo el procedimiento que establece la Ley de Servidores Públicos del Estado de Puebla, así como la Ley Orgánica del Congreso del estado.

“Para no vulnerar los derechos del presunto inculpado, tenemos que garantizar su derecho de audiencia para darle a dar a conocer qué hechos se le están imputando y formule su defensa de manera adecuada, luego se haría la valoración de pruebas, luego la Comisión Instructora emitiría un dictamen al pleno del Congreso”.

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