Reviven caso Marín-Cacho en Congreso de la Unión


Exhortan a la PGR a reforzar investigaciones contra Mario Marín


Selene Ríos Andraca


El legislador panista Agustín Castilla revivió ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el caso Marín-Cacho, al presentar un exhorto a la Procuraduría General de la República para que refuerce las investigaciones en contra del exmandatario y sus funcionarios por su participación en la violación de las garantías individuales de la autora Los demonios del Edén.


El diputado presentó también un punto de acuerdo —que fue turnado a comisiones— para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que informe sobre las recomendaciones emitidas por violaciones a las garantías individuales en contra de mujeres y periodistas.


El caso de la periodista Lydia Cacho, que estaba en manos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas, continúa abierto, aunque en los últimos años no ha habido avances del caso.


Luego de la difusión del audio entre Mario Marín y Kamel Nacif, la Procuraduría General de la República comenzó las indagaciones, e incluso citó al exgobernador y a algunos funcionarios de la era marinista encargados de llevar el proceso en contra de Lydia Cacho.


Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara archivar el caso de Mario Marín en noviembre de 2007, el caso se fue a la congeladora y no ha habido, hasta el momento, conclusiones de parte de la PGR.


La propuesta del legislador de Acción Nacional surge luego de que las autoridades poblanas iniciaran con la encarcelación de exfuncionarios del gobierno marinista por diversas irregularidades, enriquecimiento ilícito entre ellos.


De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia existen 40 órdenes de aprehensión para exfuncionarios que van desde titulares de dependencias hasta directores de área. El exsecretario de Salud, Alfredo Arango, se encuentra recluido en el penal de San Miguel por enriquecimiento por 54 millones de pesos, mientras que el exsecretario de Obra Pública, Javier García Ramírez, se encuentra prófugo de la justicia por enriquecimiento inexplicable que asciende a los 23 millones de pesos.




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