Rastreará la PGR cinco nombres por caso Fox


Quebranto de mil millones de pesos contra el erario público


Son el propio expresidente, Marta Sahagún, dos de los hijos de ésta y un representante legal de Construcciones Prácticas


Alfredo Joyner/ 24Horas


La denuncia penal retomada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el expresidente Vicente Fox incluye inspecciones oculares y rastreos a propiedades de cinco personas.


De acuerdo con fuentes cercanas a las indagatorias, los otros personajes que llevarían a confirmar un probable enriquecimiento ilícito del exservidor público, cuyos nombres aparecen en el expediente, son su esposa Marta Sahagún y los hijos de ésta, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, así como un representante legal de la empresa Construcciones Prácticas, con domicilio en Celaya, Guanajuato, y cuyo nombre no fue revelado.


Esta compañía, propiedad de los hijos de Marta Sahagún, detalla la denuncia, estaría detrás de un posible quebranto de mil millones de pesos contra el erario público.


La semana pasada 24 Horas informó sobre la diligencia de agentes del Ministerio Público federal en el rancho San Cristóbal, después de que las investigaciones habían quedado interrumpidas.


Sin embargo, las fuentes confirmaron que las acciones iniciales que hizo la PGR para retomar la indagatoria se realizaron también en el rancho La Estancia, en Guanajuato, así como en el Centro Fox, las cuales hasta el momento se han limitado a inspecciones oculares, y que se prevé se extiendan a otros inmuebles relacionados con las otras cuatro personas que aparecen en la investigación ministerial.


Posteriormente, a partir de que la PGR coteje lo encontrado con el cálculo de la fortuna de Vicente Fox, se ordenarán las siguientes diligencias que podrían incluir cateos y nuevas declaraciones.


La concentración de averiguaciones previas, en poder de la dependencia federal, se elaboró a partir de las acusaciones que presentó Ricardo Monreal en 2007, indagatoria que se inició también por los probables delitos de encubrimiento, falsificación de documentos y coalición de servidores públicos, que se perfeccionó en julio de 2008 y que incluye declaraciones del empresario Lino Korrodi, quien era cercano al exmandatario.


De acuerdo con la averiguación inicial, los ingresos de la expareja presidencial no corresponden a las propiedades que hicieron públicas incluso en medios de comunicación, entre ellas el Centro Fox y el rancho de San Cristóbal, en el estado de Guanajuato.


Se incluye, asimismo, una ampliación de la denuncia presentada anteriormente por los delitos de tráfico de influencias contra los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, así como contra el representante legal de Construcciones Prácticas, incluidas en los resultados que realizó la Comisión Fox al respecto, la cual fue encabezada por el diputado Víctor Valencia.


Los encargados de realizar el actual trabajo de investigación son tres agentes del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Servidores Públicos, luego de que en mayo de 2011 se diera la instrucción de que se revisaran a detalle las investigaciones que mantenía la PGR abiertas contra funcionarios.


A partir de esa orden, fue en julio cuando se inició la revisión del concentrado de averiguaciones previas en contra de Fox, aglutinadas en una por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.




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